martes, 19 de junio de 2018

Las farmacias plantean realizar un servicio domiciliario del que ya se encargan profesionales sanitarios

Las farmacias quieren ir a casa de los pacientes, ayudarles con el suministro de fármacos, retirar cajas caducadas y cobrar por ello. Los profesionales sanitarios temen que se "haga negocio" con la salud.

Los farmacéuticos españoles quieren entrar a los hogares de los pacientes más vulnerables para ordenar los medicamentos, retirar las cajas caducadas, suministrar nuevas dosis o tomar la tensión. Son algunos de los servicios a domicilio que están planteando a las administraciones públicas en busca de su beneplácito —sin el cual no podrán operar en ese sentido—, pero no lo tendrán fácil. Muchos profesionales sanitarios se oponen a ese nuevo rol asistencial de las farmacias, empezando por los enfermeros.

"Es una privatización encubierta de la sanidad pública. Existiendo médicos y enfermeros que pueden realizar esa labor sin ningún interés económico detrás, no tiene ningún sentido", zanjan desde el Consejo General de Enfermería en referencia a la atención domiciliaria en ese sector, todavía en vías de desarrollo. De hecho, la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante presentaron una batería de propuestas la semana pasada en el VIII Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios (Alicante), donde asistieron representantes del sector público.

¿Quién sufragará la atención a domicilio? Esa es la clave que enfrenta a farmacéuticos y enfermeros. Los primeros defienden que los pacientes deben pagar por ese servicio para que sea sostenible en el tiempo, si bien se muestran partidarios de que esté subvencionado con fondos públicos. Los segundos rechazan de manera tajante que la persona que revisa los fármacos de personas mayores, dependientes o enfermos crónicos en su casa sea la misma que se los vende y temen intrusismo por parte de las farmacias.

"No se trata de invadir las competencias de nadie sino de sumar, complementar, pero en ningún caso sustituir", puntualizan desde SEFAC tras dejar claro que la iniciativa debe desarrollarse de manera coordinada, consensuada previamente con médicos, enfermeros, asistentes sociales y otros profesionales sanitarios. "Si la administración pública quiere financiar ese servicio, que saque más plazas de profesionales sanitarios" dependientes del Sistema Nacional de Salud (SNS) y no de un "negocio" como es la oficina de farmacia, responden desde el Colegio General de Enfermería.

En cualquier caso, SEFAC echa en falta una regulación homogénea en toda España que permita dispensar medicamentos fuera de las farmacias, requisito sin el cual será complicado que sus propuestas se materialicen en todo el territorio nacional. Sí se están negociando ya conciertos con algunas comunidades autónomas o incluso con ayuntamientos, lo que ha dado pie a proyectos piloto de atención domiciliaria ya en marcha en la Comunidad Valenciana, por ejemplo. La iniciativa de los farmacéuticos ha tenido buena acogida en el gobierno que comparten Ximo Puig y Mónica Oltra, a diferencia del 'modelo Alzira' de colaboración público-privada entre hospitales.

País Vasco también ha dado luz verde a algunas propuestas en el marco de farmacia comunitaria, como la revisión de patologías crónicas. Un ejemplo es el programa piloto de seguimiento de la diabetes 'mellitus' tipo 2, con un coste de 22 euros por paciente, farmacia y mes. Aún no hay nada firmado en cuanto a atención domiciliaria, aclaran fuentes de la Consejería de Sanidad vasca. Sí existen precedentes remunerados en otros países como Reino Unido, Australia, Canadá o Estados Unidos, donde también es posible vacunarse en las farmacias, si bien su modelo sanitario tiene poco que ver con el español.

El Ministerio de Sanidad confirma que no ha recibido ninguna propuesta formal para financiar los servicios a domicilio, como tampoco lo ha hecho la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. No obstante, el nuevo anteproyecto de Ley de Farmacia de la capital abre la puerta a la atención domiciliaria para "aquellos pacientes en situación de vulnerabilidad sanitaria y mayores dependientes".


"Estamos potenciando aspectos que hasta ahora no se habían potenciado", indica el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en una entrevista con este periódico. Jesús Aguilar confía en seguir profundizando en el rol asistencial de las farmacias y aboga por extender este tipo de servicios a toda la población española. "Los ciudadanos nos lo reclaman todos los días, pero queremos hacer las cosas de manera regulada".

Y pone como ejemplo el "éxito" de los programas de cribado de cáncer de colon en Cataluña, con una adherencia del 46% frente al 16% registrado antes de que las farmacias se implicasen en este asunto. "El envejecimiento de la población y la cantidad de pacientes polimedicados o con enfermedades crónicas justifican medidas como la revisión de botiquines en los hogares de los pacientes", añade.

Según el Consejo General de Enfermería, los farmacéuticos "se han inventado una especialidad que no existe" —en referencia a la farmacia comunitaria— cuando otros profesionales sanitarios ya realizan esa labor. Cada año se registra al menos un millón de visitas a domicilio de enfermeros a pacientes crónicos o polimedicados, añade este organismo. Una de sus actuaciones es precisamente revisar los botiquines y velar por la adherencia al tratamiento, algo que, a ojos de los boticarios, no es incompatible con sus iniciativas.


Fuente: www.elconfidencial.com
Fotografía: lareplica.es

lunes, 11 de junio de 2018

El plan del Gobierno hasta 2021 se resume en: menos sanidad, más defensa y menos educación

El Gobierno ya tiene listo su Programa de Estabilidad para los próximos cuatro años, y que envió a la Comisión Europea. En el informe, el Ejecutivo desarrolla su plan fiscal hasta 2021 que gira en torno a dos líneas básicas: la contención del gasto y el ajuste presupuestario gracias a los ingresos cíclicos. En concreto, el Ministerio de Hacienda pretende conseguir el primer superávit público en 14 años en 2021. Para conseguirlo, ha decidido reducir paulatinamente la presión fiscal que soportan los contribuyentes y cargar todo el ajuste sobre el gasto público.


Si consigue cumplir sus planes, en el año 2021 habrá logrado reducir el peso del sector público sobre el PIB hasta el 38,5%, el dato más bajo desde el año 2006. Entre las partidas que sufrirán un mayor ajuste están las de sanidad y educación, que irán reduciendo su peso en el PIB hasta caer a niveles de 2003. De esta forma, el Ejecutivo culminará sus planes para reducir el tamaño del Estado y permitir que el dinero se quede en los bolsillos de los contribuyentes.

El peso conjunto de las partidas destinadas a educación y sanidad caerá en el año 2021 hasta el 9,4% del PIB, lo que supone un ajuste de 7 décimas en cuatro años. Este será el menor gasto desde el año 2003. Esto no significa que las dos partidas vayan a reducirse en términos absolutos, pero como su gasto estará muy contenido, el peso sobre el PIB se irá reduciendo año a año. En otras palabras, el esfuerzo que realizará España cada año a financiar la educación y la sanidad será menor.

El menor gasto en sanidad y educación desde 2003


Además, si se tiene en cuenta que la inflación se comerá una parte de los nuevos recursos, el resultado es que España estará condenada a perpetuar los recortes de los últimos años en sanidad y educación, partidas que no disfrutarán de los beneficios de la recuperación.

El gasto sanitario, que en 2017 cayó hasta el 6% del PIB, se seguirá reduciendo hasta situarse en el 5,6% en 2021. De esta forma, el esfuerzo público del país en salud será el más bajo desde el año 2006 y estará muy lejos del 6,8% que llegó a alcanzar en 2009. Un escenario que contrasta con el envejecimiento de la población española, que demandará cada vez más bienes y servicios sanitarios.

La partida que ha crecido durante la crisis son las pensiones (protección social)

Por su parte, el gasto en educación se reducirá desde el 3,9% de 2017 hasta el 3,7%. Un recorte que supone una gran anomalía para España, ya que desde el año 2001 siempre había destinado más de un 4% del PIB a financiar la educación pública y concertada. Sin embargo, los planes del Gobierno son diferentes y pasan por reducir el esfuerzo destinado a financiar la educación durante los próximos años. El resultado es que el peso de la educación será el más bajo desde el año 2000.

Más defensa y menos educación

En estos cuatro años de Programa de Estabilidad, el gasto público se incrementará un 11,2%, hasta superar los 530.000 millones de euros. Si se tiene en cuenta que la inflación en este periodo estará próxima al 6,7% (según las previsiones del deflactor del consumo privado del Gobierno), el resultado es que el gasto real se incrementará poco menos de un 4,6% hasta 2021.

La partida que más va a crecer es la destinada a defensa, que se incrementará un 6,7% en términos reales. De esta forma, conseguirá mantener su peso en el 0,9% del PIB, nivel muy similar al que tenía antes del estallido de la crisis.


Por el contrario, el presupuesto destinado a la educación apenas se incrementará un 4,2% en estos cuatro años, esto es, crecerá incluso menos que el gasto total de las Administraciones Públicas. Entre los años 2000 y 2009 España siempre destinó más del 10% de su presupuesto a financiar la educación. Sin embargo, los recortes realizados al inicio de la crisis rebajaron su peso hasta el entorno del 9,6% actual. El Gobierno pretende perpetuar estos recortes para liberar recursos públicos que vayan a otras partidas, como es la de defensa, que pasará a tener un peso del 2,2% del gasto total.

El Gobierno también pretende recortar paulatinamente el peso de las prestaciones sociales sobre el PIB durante los próximos años. El objetivo es que crezcan más lentamente que el PIB, y eso a pesar de que el envejecimiento de la población genera una gran presión sobre el gasto en pensiones. El Ministerio de Hacienda confía en que el gasto en todas las prestaciones se reduzca en siete puntos del PIB durante los próximos cuatro años, hasta situarse en el 15,9%. De esta forma, se tendrán las prestaciones sociales más bajas desde el año 2008.


Fuente: www.elconfidencial.com
Fotografía: www.europrensa.com
Gráficos Estadística: www.burbuja.info



martes, 5 de junio de 2018

Amnistía Internacional critica a España por el deterioro de la Sanidad Pública

Amnistía Internacional denuncia en un nuevo informe los efectos para la atención sanitaria de las medidas de austeridad impuestas en la crisis.

La restricción de la sanidad a inmigrantes, el aumento del tiempo de espera, el copago farmacéutico o la reducción de las plantillas "han deteriorado la accesibilidad, la asequibilidad y la calidad", dice la ONG.

Los recortes también impactan en las condiciones de los sanitarios, que confirman que ven a más pacientes y trabajan jornadas más largas.


"Muchas personas me dicen: por favor, recéteme algo barato para que pueda pagarlo". "Este mes no voy a la farmacia porque no me puedo permitir los medicamentos que tengo que pagar". "Soy una enferma mastectomizada, y necesito sujetadores especiales que cuestan entre 70 y 100 euros que no cubre la Seguridad Social. Pero no es un lujo". Son palabras reales de sanitarios y pacientes que han visto cómo en los últimos años  el sistema de salud se ha deteriorado por los recortes impulsados por el Gobierno.

Es lo que denuncia Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado a últimos del pasado mes de abril. La receta equivocada. El impacto de las medidas de austeridad en el derecho a la salud en España explora los efectos que las medidas de austeridad impuestas durante la crisis han tenido en la población y esgrime como principal conclusión que "han deteriorado la accesibilidad, la asequibilidad y la calidad de la atención". 

Son medidas que han tenido un impacto "particular y desproporcionado", resume la ONG, en personas en riesgo de exclusión, de rentas bajas, con enfermedades crónicas, en personas con discapacidad, mayores o las que reciben un tratamiento por salud mental. Y es que la aplicación regresiva de las medidas en combinación con la manera en que se aplicaron en nuestro país lleva a AI a asegurar que España "ha violado el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de disfrute de salud física y mental".

"Todos hemos sufrido los recortes: enfermeras, médicos, pacientes, familias... todos", dice una enfermera empleada en el sistema público de salud. El abanico de recortes ha salpicado a todos los sectores del sistema, al contrario de lo que debería haber hecho el Ejecutivo, dice la ONG, ante un escenario de aumento de pobreza y vulnerabilidad económica, que requería "un mayor apoyo al sistema de salud público".

Más carga económica para el paciente

Sin embargo, lo que se sucedieron fueron medidas de recorte del gasto público. Las cifras que maneja Amnistía Internacional arrojan una disminución considerable de la inversión total y en 2013 fue un 12,7% más bajo que en 2009. Una disminución combinada con políticas destinadas a recortar el gasto como el Real Decreto 16/2012, que limitaba la atención a las personas inmigrantes en situación irregular en España  y que dejó sin asistencia a 2.300 personas cada día. 

Por otro lado, el Gobierno reestructuró la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, de manera que más productos y servicios comenzaron "a estar sometidos a copago". Asimismo, introdujo el copago farmacéutico "en algunos casos para personas que antes podían acceder de forma gratuita e incrementó la proporción de copago de otros". Por último, implantó una serie de criterios para decidir qué medicamentos estarían financiados públicamente y cuáles no. A raíz de ello se eliminaron del sistema más de 400, calcula Amnistía Internacional.

Todo ello ha aumentado la carga económica de la atención sanitaria en los pacientes. Aunque las cantidades a las que se han referido las personas entrevistadas "no eran altas", explicaron que "les suponía un esfuerzo considerable a causa de sus bajos ingresos o porque tenían que mantener a más personas" con ese mismo dinero. "Muchas personas señalaron la ansiedad y la carga económica que les causaba el incremento de los costes de la atención sanitaria".

Plantillas precarizadas

En esta línea de recortes, el personal sanitario también ha sido una diana de la austeridad del Gobierno en los últimos años y las consecuencias siguen palpándose en los centros de salud y hospitales. Y es que se limitaron las contrataciones y se modificaron las condiciones de trabajo, con lo que médicas, enfermeros, auxiliares y el resto de profesionales de salud han experimentado cómo su trabajo se ha dificultado. Todos los trabajadores entrevistados por la ONG han concluido que ahora ven a más pacientes y trabajan jornadas más largas que antes.

También han asegurado que se sienten "impotentes" y "desilusionados con el sistema" a raíz de los recortes presupuestarios. "Al inicio de la crisis teníamos más fuerza. A medida que han ido pasando los años, nos hemos cansado cada vez más. Llevamos años soportando esta carga", asegura un médico.

Con las plantillas precarizadas, no solo se ven afectadas las condiciones de trabajo, sino la atención de los pacientes, que tienen que sufrir mayores tiempos de espera, deben ser atendidos en menos minutos o viven restricciones de material y tratamientos. Algo que trasladaron todos los entrevistados a Amnistía Internacional y que corroboran los datos publicados por el Sistema Nacional de Salud: en 2010, el tiempo de espera medio para cirugía electiva era de 65 días; en 2016 era de 115 días, casi el doble.

Por otro lado, la reducción de personal sanitario se combinó en los años de la crisis con el aumento de demanda de atención sanitaria, lo que dio lugar a la merma de la cantidad de tiempo que cada profesional puede dedicar a sus pacientes. "Esto tiene especial impacto en los tipos de atención que pueden requerir mucho tiempo y un ejemplo de esto es la salud mental. Todas las personas entrevistadas por Amnistía Internacional que recibían tratamiento de salud mental a través del SNS
consideraban que el tiempo que pasaban con su profesional es insuficiente".


Fuente: www.eldiario.es
Fotografía: http://amnistiaespana.tumblr.com

miércoles, 30 de mayo de 2018

El precio de los tratamientos contra el cáncer se ha duplicado en sólo 10 años

Según denuncia la campaña No es Sano, se debe a un sistema de propiedad intelectual "que deja en manos de las compañías farmacéuticas la fijación de los precios de los fármacos" y a un marco regulatorio "poco transparente que beneficia a la industria en detrimento del interés público".


El precio de los medicamentos oncológicos se ha duplicado en diez años alcanzando cifras "inasumibles" para el sistema sanitario. Según el informe "Los medicamentos para el cáncer: altos precios y desigualdad, que publica la campaña No es Sano", la industria farmacéutica se está beneficiando de estos medicamentos desarrollados con una importante inversión pública.

Esta situación se debe a un sistema de propiedad intelectual "que deja en manos de las compañías farmacéuticas la fijación de los precios de los fármacos" y a un marco regulatorio "poco transparente que beneficia a la industria en detrimento del interés público".

Según revela el informe citado, la industria fija los precios arbitrariamente, en función de la capacidad del mercado de cada país. Las negociaciones con las administraciones públicas están sujetas a acuerdos de confidencialidad que impiden hacer público cuánto se paga por los medicamentos

En España no es posible acceder a los acuerdos entre el Gobierno y la industria y, además, el peso presupuestario recae sobre las comunidades autónomas. Por ello, los precios de los fármacos son diferentes entre regiones y hospitales.

La falta de transparencia y la posibilidad de regular los precios que tienen las farmacéuticas "pone en peligro los recursos finitos del sistema sanitario y obligando a recortar de otras partidas muy necesarias".

En España, algunas de las terapias más empleadas para tratar tumores alcanzan hasta los 100.000 euros por paciente al año. Unos precios "inasumibles" para el sistema sanitario, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez es mayor el número de casos diagnosticados.

El informe analiza cuatro fármacos en concreto que generan "enormes ingresos" a las compañías que los comercializan y que han contado con una importante inversión pública en su fase de desarrollo. 

Uno de ellos es el trastuzumab, para cáncer de mama, cuya investigación fue apoyada en gran parte por filántropos y fundaciones y casi el 50% de los ensayos clínicos se realizaron con presupuesto de universidades, centros de investigación o fundaciones sin ánimo de lucro. 

Ante esto, la Plataforma ha propuesto una bajada en los precios de los medicamentos y que estos se fijen a partir de los costes reales de investigación y producción, conocer el precio real de los medicamentos y transparencia en las negociaciones con la industria farmacéutica.


Fuente: www.publico.es
Fotografía: twitter.com
Vídeo: #NoslaJuegan  www.youtube.com



martes, 22 de mayo de 2018

Goldman Sachs se cuestiona la rentabilidad de curar a personas enfermas

Goldman Sachs tiene un consejo para las empresas de biotecnología: curar a los pacientes puede frenar en seco su negocio. De hecho, los analistas del banco estadounidense lanzan una pregunta directa. “¿Es la curación de los pacientes un modelo comercial sostenible?”. De esta manera, se han dirigido los expertos en un informe del pasado 10 de abril titulado “La revolución del genoma” donde se abordan los problemas del mercado.


La pregunta no está planteada porque sí. Los últimos movimientos del sector le sirven de ejemplo a Goldman Sachs para advertir de los riesgos. En su informe, el analista Salveen Richter no ha pasado por alto la trayectoria reciente de Gilead Sciences, la farmacéutica del tratamiento para la hepatitis C. Las ventas de la multinacional en EEUU alcanzaron un máximo de 12.500 millones de dólares en 2015… pero desde que se ha empezado a curar a los pacientes, las ventas de la compañía han ido en picado, así como que han aparecido los golpes de Wall Street.

La paradoja de Gilead le llama la atención a Goldman Sachs: “Es un buen ejemplo. El éxito de su franquicia con la hepatitis C ha agotado gradualmente el grupo de pacientes tratables”. En este sentido, el analista ha calculado que las ventas de la compañía en EEUU de estos tratamientos estarán por debajo de los 4.000 millones de dólares en este año. Es más, los expertos de la entidad de Wall Street han hecho hincapié en otro de los problemas que tiene la farmacéutica.

“En el caso de enfermedades infecciosas como la hepatitis C, curar a los pacientes también disminuye el número de portadores capaces de transmitir el virus a nuevos pacientes, por lo que el grupo de incidentes también disminuye... Donde un grupo de incidentes permanece estable (por ejemplo, en cáncer) el potencial para curar plantea menos riesgos para la sostenibilidad de una franquicia”, han sostenido desde Goldman Sachs.

De hecho, el analista Ritcher no obvia que “ofrecer ‘remedios únicos’ es uno de los aspectos más atractivos” para los profesionales. “Sin embargo”, tal y como ha matizado el empleado de Goldman Sachs, el bolsillo (“los ingresos”) no coincide plenamente con esta visión. “Si bien esta propuesta tiene un enorme valor para los pacientes y la sociedad, podría representar un desafío para el negocio de las compañías que se dedican a la investigación del genoma”, ha completado.

Las soluciones de Goldman Sachs

Por ello, el informe, como ha recogido la CNBC estadounidense, Goldman Sachs ha sugerido tres soluciones para el sector. La primera de todas pasaría por centrar su negocio hacia los grandes mercados como, por ejemplo, el de la hemofilia que “crece a un 6-7% anual”. La segunda de estas salidas gira en torno a atender a los pacientes que sufren “trastornos con alta incidencia”, es decir, que pueden sufrir graves problemas como el “caminar, comer o respirar”.

Y, por último, la tercera solución apuesta por la “innovación constante” y ampliar el nicho de mercado. “Hay cientos de enfermedades retinianas heredadas”, ha recordado Ritcher. Así, ha aconsejado que las compañías del sector que no dejen a un lado “el ritmo de la innovación” que “jugará un papel” determinante para “compensar” los problemas del negocio.


Fuente: www.elboletin.com
Fotografía: www.elconfidencial.com

lunes, 14 de mayo de 2018

Brecha de género: la atención de las personas mayores y dependientes recae en las mujeres

Los Directores y Gerentes de Servicios Sociales piden que se mida el impacto de este desequilibrio de género entre quienes se ocupan de la atención.

Cuando toca atender a quienes no pueden valerse por sí mismos y las ayudas públicas escasean, gran parte de los cuidadores abandona su trabajo o reduce su jornada a la mitad. En España hay 278.100 personas con un empleo a tiempo parcial para poder atender a personas dependientes, una cifra de la que el 95 %, es decir 263.900, son mujeres, frente a tan solo 14.100 hombres, el 5 %. Y más de la mitad de ellas denuncia la falta de servicios adecuados para la atención a personas dependientes (niños, adultos, enfermos, personas con discapacidad, entre otras) o que no pueden costearlos.

Así lo refleja una submuestra de la EPA, difundida este jueves por el INE con datos de 2017, un año en el que el empleo a tiempo parcial para cuidar a personas dependientes se redujo un 1% frente al ejercicio anterior.

Y, aunque sigue sin evaluarse, el impacto negativo que puede estar teniendo la feminización de los cuidados en la medida en que no son una libre elección y que las cuidadoras familiares han perdido el apoyo que conllevaban las cotizaciones a la Seguridad Social.

En el último análisis publicado por el Observatorio Estatal de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, se asegura y denuncia que el sector de atención a la dependencia está fuertemente feminizado (casi nueve de cada diez personas empleadas en actividades de servicios sociales en España son mujeres).

En su caso, las limitaciones para elegir, según denuncia la Asociación, producen un fuerte impacto, "negativo", de género que en su opinión demuestran dos hechos que considera "incontestables". Muchas mujeres se convierten en cuidadoras por imposición económica y social. "La fuerza de trabajo potencial (muy feminizada) que se está derivando a los cuidados sin cobertura ni consideración es enorme", denuncian los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y la organización remacha: "Los hombres no asumen equitativamente el papel cuidadores, lo que redunda en una asignación discriminatoria de las funciones de cuidado retroalimentando la desigualdad".

La dependencia es femenina. Casi un tercero de los dependientes son mujeres (65%), del total de 1.264.951 personas tienen reconocida su situación de dependencia al finalizar 2017, 51.018 más que en 2018. El sistema 954.831 personas son atendidos. El 72,2% son pensionistas (+ de 65 años) y más de la mitad (54,6%) tiene más de 80 años.

En datos del Ministerio de Sanidad e Igualdad, tres de cada cuatro cuidadores principales son mujeres. El perfil del cuidador principal es una mujer de entre 45 y 64 años que reside en el mismo hogar donde presta los cuidados. Las personas que prestan los cuidados sienten dificultades para desempeñar sus tareas. 

El disfrute masculino de excedencias orientadas al cuidado de familiares, que se sitúa en torno al 15% para el conjunto del Estado, si bien es mayor que el referido a la excedencias para el cuidado de hijos e hijas (4,5%), denota asimismo una distribución de las responsabilidades reproductivas aún muy desigual, en datos y valoración de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración.

La asociación que preside José Manuel Ramírez considera necesario elaborar "un profundo análisis desde una perspectiva de género" que preste especial atención a "la gestión de los cuidados en el entorno familiar", comprobando si en el desarrollo de la Ley 39/2006 se están teniendo en cuenta las necesidades específicas de las mujeres cuidadoras, tanto profesionales como no profesionales, o por el contrario, "si se están reforzando los clásicos roles del sistema patriarcal".


Fuente: www.lainformacion.com
Fotografía: http://humanizandoloscuidadosintensivos.com/

martes, 8 de mayo de 2018

La CEOE solicita el control para gestionar las bajas ocasionadas por contingencias comunes

La nueva ley de mutuas amenaza con dotar a los empresarios de más herramientas para el disciplinamiento de las personas trabajadoras.

El aprovechamiento de la burocratización de la gestión de la incapacidad temporal como excusa para transferir competencias a las mutuas de trabajo es una amenaza.


La relación entre empleo y salud es un constante entorno de batalla, no solo por la influencia de las condiciones laborales en la salud o por la capacidad del empleo de ser más un determinante de enfermedad que un activo para la salud, sino también porque el sistema sanitario desempeña un papel de validador del estado de las personas trabajadoras de poder desempeñar sus puestos de trabajo.

En este conflicto salud-empleo uno de los puntos calientes es el de las incapacidades temporales (también conocidas como “la baja”). Con frecuencia tenemos que leer en los medios de comunicación frases como que “Más de 880.000 trabajadores no acuden a su puesto de trabajo ningún día del año” (cambiaron el titular por uno menos lamentable cuando se les afeó el mismo) y se trata de dibujar una imagen según la cual el fraude en relación con el absentismo laboral por causa de enfermedad es una generalidad. Como comentamos en un artículo publicado en Diagonal hace unos años:

“El intento de fraude por parte de personas que intentan alargar procesos de incapacidad temporal estando en condiciones de trabajar existe, como existen las presiones por parte del jefe/empresario/cargo-superior/comoloquierasllamar para que se acuda al puesto de trabajo no estando la persona trabajadora en condiciones de salud para ello. El absentismo y el presentismo deberían ser partes complementarias del análisis, pero habitualmente con lo que nos encontramos es con análisis que vinculan la ausencia del puesto de trabajo con la pérdida de productividad y loquesea (inserte aquí la vinculación trabajo-mercado que más le satisfaga).”

En un país en el que los aumentos de mortalidad por accidente de trabajo ocupan tímidos espacios en prensa y nulos espacios de actualidad política llama la atención que podamos leer más noticias sobre supuestos fraudes relacionados con el absentismo o sobre la repercusión del absentismo laboral para la productividad nacional que sobre los efectos de las condiciones de trabajo sobre los cuerpos y las vidas de las personas trabajadoras.

En los últimos años las mutuas de trabajo (a las que podríamos denominar, sin mucho temor a errar, el brazo sanitario del empleador) han ganado terreno en el control de las bajas, especialmente en lo relacionado con las bajas por contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), sin embargo eso parece ser insuficiente de cara a la CEOE, que recientemente solicitaba al gobierno una mayor capacidad de control por parte de las mutuas para las bajas ocasionadas por contingencias comunes, especialmente las relacionadas con patologías traumatológicas y trastornos psiquiátricos “menores”, dado que son las que mayor peso ocupan dentro de las bajas en nuestro país.

Las mutuas, para entendernos, vendrían a ser las entidades que velan porque el trabajador se ausente de su puesto de trabajo lo menos posible; es decir, son entidades directamente relacionadas con el empleador; su mayor protagonismo en la gestión de las bajas de los trabajadores comenzó por un ejercicio de neolengua, cuando pasaron de denominarse “Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” a adoptar un nombre más propio de nuestros opacos tiempos “Mutuas colaboradoras con la seguridad social”.

Ahora nos encontramos a las puertas de la publicación de una Ley de Mutuas que probablemente ahonde en esta vía, la de transferir el control de las bajas desde los servicios públicos de salud a las mutuas de trabajo. Es decir, transferir el control de las bajas de un proveedor sanitario (el médico de familia) cuyo único interés era el de la recuperación del profesional en virtud de la mejoría de su salud a otro proveedor (la mutua) que tiene variados incentivos para acelerar la incorporación de los trabajadores a sus puestos de trabajo —así como para no reconocer como contingencias laborales multitud de procesos que sí lo son y para cuyo reconocimiento enredan a los trabajadores en procesos complejos de reclamaciones—.

La gestión de la incapacidad temporal es una herramienta que tienen los médicos de familia para velar por la salud del paciente; una herramienta, eso sí, que debería desburocratizarse. Lo que supone una amenaza, no ya tanto para el ámbito competencial de la medicina de familia sino sobre todo para la salud de las personas trabajadoras, es el aprovechamiento de la burocratización de la gestión de la incapacidad temporal como excusa para transferir competencias a las mutuas de trabajo.

Podemos afirmar que las mayores vulneraciones sobre la salud de la población se están jugando en terrenos que no son el sanitario, especialmente en el ámbito del empleo: el mayor ataque fue la recuperación del concepto de “asegurado” y su vinculación al desempeño laboral para la obtención del derecho a la asistencia sanitaria (una vez más, la centralidad del empleo como llave al derecho a tener derechos) y ahora con el desplazamiento del papel de la sanidad pública en la gestión de las bajas laborales y el crecimiento del protagonismo de entidades vinculadas al empresario.

Es preciso incluir una mirada de determinantes sociales de salud no solo en las políticas públicas sino también en las exigencias y propuestas que se enarbolan desde los movimientos en defensa de la salud, porque es más allá de la sanidad donde se libra no solo la salud sino también los ataques a la misma.

Una buena guía de hacia dónde dirigir nuestros horizontes en el ámbito de las condiciones laborales y la salud lo podemos encontrar en este párrafo del libro “Salubrismo o Barbarie”:

“La Organización Mundial de la Salud plantea tres ejes fundamentales en los que se debe actuar para disminuir las desigualdades sociales en salud (y las condiciones laborales son un eje de creciente importancia al hablar de estas desigualdades): (I) mejorar las condiciones de vida, (II) cambiar las relaciones de poder y (III) medir la situación actual y evaluar las políticas que se implanten para corregir la situación.

En el ámbito de la precariedad y su relación con la salud (especialmente si tenemos en cuenta lo comentado con anterioridad en relación al rol de la falta de control y decisión como determinante del empeoramiento de la salud ligado a la precariedad) podríamos reformular estos aspectos de la siguiente manera: (I) mejorar las condiciones de trabajo y los derechos de las personas trabajadoras, (II) reforzar el papel de las personas trabajadoras en las relaciones laborales, prestando especial atención a las personas con menos derechos dentro del panorama laboral y (III) evaluar las condiciones reales de trabajo impulsando un mayor peso de las inspecciones y habilitando/mejorando las vías de comunicación anónimas para que las personas trabajadoras puedan denunciar condiciones precarizadoras fuera del marco de la legislación vigente”.  



Fuente: www.elsaltodiario.com
Fotografía: www.larazon.es