martes, 24 de febrero de 2015

El Sistema de atención a la Dependencia se está cebando con los más vulnerables de un modo especial en Aragón.

Aragón se consolida a la cola de España en la aplicación de la LEY DE DEPENDENCIA. La comunidad es la tercera con peor valoración en este apartado a lo largo de la legislatura, con una nota de 3,3 sobre 10 puntos, solo estamos por detrás de Comunidad Valenciana y Canarias. Así lo expone el Observatorio Estatal Para la Dependencia de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

La comunidad autónoma de Aragón es la que ha registrado un mayor retroceso desde el 2011. "En este periodo, Aragón se ha limitado a mantener los servicios que prestaba, con un ligero incremento de 9 plazas en centros de día, 91 en residencias y 151 prestaciones vinculadas a servicios, al tiempo que ha reducido en 1.566 las prestaciones vinculadas a servicios en el entorno familiar", expusieron miembros del observatorio, que consideraron "llamativo" que, después de ocho años de aplicación de la ley, la comunidad siga sin prestar la ayuda a domicilio. Durante el último año, la caída libre no solo no se ha frenado sino que se ha acelerado, como lo demuestra la reducción del 7% en el número de personas atendidas (1.313).

El coste global estimado de la Atención a la Dependencia en Aragón fue 149 millones de euros en el 2014, de los cuales el 61,4% se financiaron por la DGA, el 20,4% por el ministerio y el 18,2% lo aportaron los propios usuarios a través del copago, aunque el informe alerta de que la comunidad ha dejado de recibir, como consecuencia de los recortes 48,3 millones de euros en los tres últimos años del Ministerio de Sanidad debido a lo aprobado en el Real Decreto Ley 20/2012, aunque las comunidades más afectadas por ésta ley fueron Andalucía, Cataluña y Madrid.

Aragón también es la tercera, por detrás de Canarias y Murcia que superan el 30,4%, que tiene mayor porcentaje de desatención a las personas que no reciben su prestación, a pesar de tener reconocido su derecho.

El gasto público en Aragón en el 2014 volvió a ser "muy inferior" a la media estatal, con 83,52 euros por habitante frente a los 104,5 en el resto del Estado. "Frente a este gasto, los retornos estimados por el Sistema de Atención a la Dependencia en base a cotizaciones a la seguridad social, IRPF o IVA ascenderían a 42,3 millones de euros el pasado año, que en su mayor parte recibe el Estado", indicaron, en este sentido, los directores y gerente
s en servicios sociales.

El observatorio estima en 3.300 los empleos directos que generan en Aragón el Sistema de Atención a la Dependencia, lo que supone 300 menos que al comienzo de la legislatura (2011).

Fuente: elperiódicodearagón
Fotografía: arainfo

miércoles, 4 de febrero de 2015

TISA: el nuevo TTIP para comerciar con nuestra salud utilizando fondos públicos

La Unión Europea y los Estados Unidos, así como Estados ricos de otros continentes, negocian en secreto la posibilidad de transferir pacientes a sistemas privados de otros países. Un gran mercado de millones de personas que puede alimentar a las corporaciones sanitarias. De este modo, se plantea que los pacientes-clientes viajen para ser tratados en otros países por corporaciones sanitarias acreditadas que ofrezcan un precio competitivo con, al menos, parte de los gastos sufragados por el sistema de salud público del país de origen o las aseguradoras.

En la línea de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio (TTIP) que negocian en secreto la Unión Europea y los Estados Unidos, existe un documento sobre las negociaciones del Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés) que busca suprimir barreras legales para impulsar el comercio sanitario a nivel internacional, lo cual favorecería enormemente a las multinacionales sanitarias. Toda esta información ha sido obtenida a través del portal Filtra.la  https://www.filtrala.org/ (compartido con los medios de comunicación: eldiario.es, Diagonal, La Marea, Crític y Mongolia).

Así pues, un enfermo recibiría el tratamiento en el extranjero y luego tendría el derecho a pedir el "reembolso de los gastos hasta el coste del tratamiento en el país de origen", siempre y cuando tuviera lugar una autorización previa por parte de los sanitarios del país de origen. Para obtener esa luz verde podría alegarse como razón "una larga espera o la falta de capacidad para una patología específica". Pero también bastaría con una simple "preferencia personal del paciente", apunta el escrito. Los países de acogida deberían "hacerse responsables de cualquier cuidado necesario después del tratamiento".

Las conversaciones sobre el TISA favorecería enormemente a las multinacionales sanitarias, como el conglomerado resultante de la fusión de IDCSalud y el Grupo Quirón, el tercero más grande de Europa, ya que se produciría un gran trasvase de recursos de los sistemas públicos de salud de los Estados a las empresas sanitarias privadas.

La profesora de Derecho de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda) Jane Kelsey, una analista crítica con el TTIP (Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones) y el TISA, explica que el concepto desarrollado en el documento está basado en dos ideas: los Estados afrontan "recortes de presupuesto y personal en sanidad", lo que se traduce en "listas de espera que pueden acortarse enviando pacientes al extranjero", y algunos países "ofrecen ventajas por sus precios y menores barreras regulatorias (legales)."
Según su visión, esta propuesta "saca dinero del sistema nacional de salud, cuyo bajo nivel de inversión es citado como uno de los argumentos para el tratamiento en el extranjero, y perpetúa este problema". También, dice, da "una justificación para rebajar la inversión en sanidad al tiempo que los impuestos que se destinarían al sistema sanitario son transferidos al sistema privado de otro Estado".

Fuentes: eldiario.es / lamarea.com