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martes, 27 de agosto de 2019

Un bajo índice de personas que cuidan a sus familiares dependientes cotizan por ello a la Seguridad Social

Un 6,4%. Este es el aún exiguo porcentaje de cuidadores y cuidadoras de familiares dependientes que cotizan a la Seguridad Social en Aragón a pesar de que desde el pasado 1 de abril el Estado volvió a asumir el pago de las cuotas. Según los datos de finales de junio sobre la gestión del sistema de la dependencia, solo 933 cuidadores/as no profesionales han suscrito hasta ahora el convenio especial para estar afiliados/as. En la Comunidad hay 14.677 personas que reciben una ayuda económica para ser atendidos en su hogar por algún pariente, que en la gran mayoría de los casos suele ser una mujer y en muchos casos ya jubiladas.


La recuperación del pago de las cuotas por el Gobierno central no ha conseguido, ni de lejos, recobrar el nivel de afiliación que había antes de que en 2012 el Ejecutivo de Mariano Rajoy eliminara la cotización de este colectivo. Esto a pesar de que la iniciativa de Pedro Sánchez ha logrado más que triplicar la cifra de cuidadores/as no profesionales que están de alta en la Seguridad Social. De los 259 que había a finales de este año, se ha pasado a los ya mencionados 933 (558 en Zaragoza, 226 en Huesca y 149 en Teruel), lo que supone un incremento de un 260%.

A finales de junio de 2012, en Aragón tenían suscrito un convenio de estas características 3.716 personas: 2.393 en la provincia de Zaragoza, 721 en Teruel y 602 en Huesca, según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo. Este número suponía entonces un 26,14% de los 14.213 ciudadanos/as que tenían concedida una ayuda económica para cuidados en el entorno familiar. La afiliación ha ido cayendo en picado de forma generalizada en toda España en los últimos siete años al tener que asumirla cada uno. En Aragón, descendió a 638 en julio de 2013, a 472 en 2014, a 415 en 2015 a 325 en 2016 y a 285 en 2017.

Cuando recuperó el pago de las cuotas a la Seguridad Social, el Gobierno calculó que podrían beneficiarse un 44% de las prestaciones de cuidadores/as. De ser así, en la Comunidad se rondarían los 6.000 beneficiarios/as, una cifra que está a años luz de la realidad.

Desde el pasado 30 de junio las personas interesadas pueden seguir adhiriéndose al convenio especial, pero tendrá efectos a partir de la fecha de suscripción y no con carácter retroactivo desde el 1 de abril como ha venido ocurriendo hasta ahora. La principal ventaja es que los años dedicados a atender a la persona enferma se integran a la vida laboral y contribuyen a generar derecho a prestaciones como la de la jubilación o la de incapacidad permanente.

Desde el Espacio de Defensa de los Derechos Sociales recuerdan que más de la mitad de estos cuidadores/as son personas ya jubiladas, por lo que no pueden cotizar, y otro gran número de ellos/as compatibilizan esta labor con su trabajo o con una jornada reducida. Además recuerdan la posibilidad de que la información tampoco haya llegado a todos los usuarios y usuarias, ya que debido a la política de protección de datos la Administración no ha podido llevar a cabo una campaña individualizada para dar a conocer las novedades.


Fuente: www.heraldo.es
Fotografía: www.europapress.es

miércoles, 10 de octubre de 2018

Los tribunales estiman casi la mitad de los casos de incapacidad permanente rechazados por la Seguridad Social cada año

Cerca de 50.000 asuntos que la Seguridad Social rechaza como incapacidades permanentes llegan a los tribunales. De ese total, unos 20.000 son estimados tras una batalla judicial que puede durar un par de años.


“Desde la reforma de la Seguridad Social por la Ley 27/2011, se han endurecido los criterios para lograr una pensión”, indica Jorge Campmany, socio director de Campmany Abogados, despacho especializado en derecho de la salud y de la Seguridad Social.

Lograr que se reconozca cualquier tipo de incapacidad, y más una incapacidad permanente no es sencillo. “Habitualmente se empieza por un recurso administrativo que se interpone contra la Seguridad Social acreditando mediante informes médicos y algún informe forense la situación de esa persona. Entre la recepción y contestación de la Seguridad Social suelen trascurrir unos dos meses. Si la respuesta es negativa, como en el 95% de los casos, hay que ir a la vía judicial en un plazo de 30 días”, aclara este abogado.

Antes de esa vía administrativa y judicial, esa persona habrá pasado por el Equipo de Valoración de Incapacidades, el tribunal médico de la Seguridad Social (EVI). Este es el órgano competente  para evaluar, calificar y revisar la incapacidad y reconocer el derecho a las prestaciones económicas contributivas por incapacidad permanente, según Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio.

En un mes habrá un dictamen. Si fuera negativo, se inicia entonces la vía administrativa.

Una vez en el procedimiento judicial “se tiene el primer fallo de los juzgados de lo social en los primeros diez meses. Si es favorable para el afectado, en bastantes casos la Seguridad Social recurre. Cuando se hayan planteado informes forenses que reflejan claramente el estado del trabajo, es factible que la Administración no recurra. Al final el trabajador espera dos o tres años para una sentencia firme sobre su incapacidad”, aclara este abogado.

Este despacho lanzó este pasado mes de junio  un simulador para casos de incapacidad laboral, que puede utilizarse de forma gratuita y hacerte una idea, aunque lo mejor es contactar con el abogado del sindicato y exponer tu caso en particular. En palabras del propio Campmany, con esta herramienta “queremos democratizar al acceso a la información que permita a quienes tienen una lesión o enfermedad hacer valer sus derechos.”

En tan solo unos minutos se puede saber si una solicitud tiene posibilidades de aceptarse, si los requisitos para pedir la incapacidad se ajustan a la ley. Incluso se puede saber la pensión que corresponde en función de la incapacidad.

Es una forma, según este jurista, de acudir a los tribunales con garantías. Y “saber el tipo de invalidez que se puede reconocer permite hacer determinados planes, como por ejemplo complementar los ingresos con otros trabajos compatibles, gestionar determinados beneficios como descuentos en suministros, transporte, etc.”.

Una batalla judicial necesaria

Pese a que son miles de casos los que se llevan a los tribunales y logran ser reconocidos como incapacidad permanente, el número de personas que percibe una pensión por ello es mínimo. Solo un 0,5 por ciento de españoles son pensionistas por incapacidad laboral. En algunos casos se aplica sólo a la profesión que desarrollaba cuando surgió el problema, mientras que en otros se aplica a cualquier trabajo, dependiendo del grado de incapacidad.

“Hay casos en los que una gran invalidez tiene que acabar en un tribunal. En estos casos, los pensionistas tienen que hacer valer sus derechos para que no solo se reconozca su caso y recibir una pensión, sino también un complemento de cara a contratar ayuda profesional, en vista de que no pueden valerse por sí mismos para realizar tareas básicas como levantarse de la cama o lavarse”, destaca este experto.

El montante de la incapacidad depende de la contingencia, esto es del origen de la incapacidad. “Las pensiones medias se sitúan en torno a los 1.000 euros, las mínimas en los 650 euros y las máximas en 2.500 euros con 14 pagas”.

Este reconocimiento supone percibir una pensión debido a que no se puede trabajar, situación que a menudo es mucho más traumática cuando la Seguridad Social se niega a aceptar tal solicitud.

“Si hay tantos casos que se rechazan y posteriormente son aceptados por los tribunales como lícitos, está claro que algo no funciona como debería en este organismo”, indica Campmany que cree que estos casos deben analizarse de forma exhaustiva “para identificar cuáles realmente pueden ser admitidos o despiertan suspicacias sobre la posibilidad de tratar de retrasar el reconocimiento como medida de ahorro para las arcas”.

Ir a la via judicial, un mal necesario

Para Carlos Javier Galán, es socio director de Alberche Abogados y abogado laboralista, “la experiencia es que generalmente, los criterios prácticos que se aplican se van endureciendo por parte de la Seguridad Social y, en muchas ocasiones, la sensación que se tiene es que no se endurece por motivos clínicos, sino por motivos económicos. Cuando peor están las arcas de la Seguridad Social más restrictivo son en materia de incapacidades”.

Al mismo tiempo destaca que “hay un porcentaje amplio de personas afectadas por estas situaciones que no reclaman. En alguna ocasión piensan que van a perder mucho dinero; en otras ocasiones les falta información de las posibilidades que tienen; y también hay una parte que cree que si la Administración se lo deniega es que realmente no tienen derecho a nada, sin informarse de que hay un porcentaje elevado que se consiguen por vía judicial”, aclara este jurista.

A falta de estadísticas oficiales, Galán revela que “la incapacidad permanente absoluta ha desaparecido y se da con cuentagotas en casos muy tasados y que la permanente total se da también con bastantes restricciones. La vía que queda es ir a los juzgados de lo social si el caso está adecuadamente planteado, esto es, muy bien documentado y con periciales que demuestren el grado de afectación de esa persona”.

Habitualmente hacemos ese filtro inicial si vemos que no hay posibilidades de lograr esa incapacidad permanente y la pensión correspondiente”. Esto hace que el margen para la picaresca en estos temas sea muy pequeño.

Según Galán “la Administración debería aprovechar el trámite de la reclamación administrativa previa para no colapsar los juzgados. Se desestiman la mayor parte de ellas de forma automática, e incluso pasa el plazo legal y no hay contestación de la Seguridad Social.  Muchos de estos asuntos podrían tener una solución rápida y no judicializarse en el momento en el que se aportan pruebas en el juzgado de lo social en esa vía administrativa”.

A su juicio, en nuestro país “está aún pendiente la cuestión de la polivalencia funcional, es decir que hay personas con incapacidad permanente total que no podrán trabajar en otro sitio, cuando realmente si estuviera informada podría hacer otras cosas, reciclarse a nivel profesional e incluso cotizando al sistema generando ingresos” .

Una buena pericial que describa la situación actual del trabajador puede ser clave para que el procedimiento judicial por incapacidad se decante del lado del trabajador
En eses escenario judicial destaca que “la Seguridad Social en mucho de estos casos y viendo los resultados pelean esos asuntos más de lo razonable. Son juicios que se basan mucho en las periciales; contrastar el Equipo Médico de Incapacidades con las periciales que aportan las partes y, sobre todo, aplicar al caso concreto la profesión habitual en el momento de la baja”.

Para que el juez estime el tema la clave reside en “aportar todos los informes médicos, los más completos posible, una buena pericial médica que describa las limitaciones existentes y proyectarlo sobre el trabajo concreto. Por qué no puedes hacer tu trabajo habitual”. Los jueces “lo contrastan todo para saber realmente que es lo que cuadra. Esta es una materia compleja que no todos los abogados conocen”.


Fuente: confilegal.com
Fotografía: laboralpensiones.com