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lunes, 20 de enero de 2020

Dispara en Villanueva de Gállego a la ambulancia que se desplazó a su domicilio para atenderle

No resultó herido nadie, aunque la ambulancia sufrió daños por los impactos.
La Guardia Civil le detuvo como autor de un delito de atentado a la autoridad.


Nueva agresión al personal sanitario en Aragón. Un vecino de Villanueva de Gállego (Zaragoza) disparó a los sanitarios que fueron a asistirle a su vivienda, después de que la esposa llamara al 061 para que fuera atendido. Nadie resultó herido, aunque la ambulancia y las fachadas de los inmuebles colindantes resultaron dañados como consecuencia de los impactos.

El arresto de este hombre, identificado como R. C. C., se produjo sobre las 15.00 horas en la calle Miguel Servet de este municipio zaragozano. La Guardia Civil tuvo que acudir inmediatamente a evitar una desgracia, después de que fueran alertados de que este hombre se había apostado en la ventana de su casa y estaba disparando contra los servicios médicos de urgencia y contra una patrulla de la Policía Local que también se había desplazado hasta el lugar. Fue la llegada de la Benemérita lo que le hizo deponer su actitud violenta y entregarse a los agentes. En ese momento, el personal del 061 le asistió antes de que la Guardia Civil le leyera sus derechos al quedar detenido como autor de sendos delitos de amenazas, daños y atentado contra agente de la autoridad. Los agentes del Equipo de Policía Judicial de Casetas le intervinieron el arma empleada, resultando ser una corta de aire comprimido.

Unos hechos que atemorizaron a los vecinos de Villanueva de Gállego ante el ruido de las detonaciones, unido al de las sirenas de la ambulancia, de la Policía Local y de la Guardia Civil que se trasladó con urgencia hasta el domicilio del ahora arrestado.

Muchos recordaron otro suceso que todavía no se ha aclarado ocurrido en agosto del año pasado, en el parque San Jorge de esta localidad. Sobre las 16.45 horas, un hombre de 36 años resultó herido de bala, mientras paseaba con su perro. Recibió un disparo en la rodilla y tuvo que ser evacuado de urgencia al hospital Royo Villanova, donde le extrajeron una bala del calibre 22. La víctima no pudo ver a su agresor ni tampoco el lugar en el que se escondía. Tras los hechos, la Policía Local de Villanueva de Gállego activó un plan de seguridad especial para evitar nuevos incidentes y para dar con el autor, si bien todavía no ha podido ser identificado.

En el recuerdo también está la detención de Antonio C., de 52 años, en el 2013, después de que hiriese a su cuñado tras dispararle con una pistola del calibre 22. La discusión entre los dos familiares se inició por una estufa, según fuentes vecinales. El propio agresor se entregó a la Guardia Civil.


Fuente: www.elperiodicodearagon.com
Fotografía: www.comarcaacomarca.com

martes, 21 de mayo de 2019

La agresión al personal sanitario estará penado hasta con cuatro años

En los últimos cinco años se han contabilizado más de 2.000 agresiones al personal médico en toda España. En ocho de cada diez casos, con lesiones físicas. Una vez en el juzgado, esos ataques se pueden considerar tanto faltas como delitos, algo que la Organización Médica Colegial (OMC) lleva años peleando por cambiar. La aprobación en el Congreso de los Diputados de la reforma del Código Penal el jueves pone fin a esa heterogeneidad: agredir a médicos o profesores cuando trabajan es atentado contra la autoridad y conlleva hasta cuatro años de cárcel.


Una enmienda al artículo 550 del Código Penal aclara cuándo se produce un atentado contra funcionarios sanitarios y también educativos, algo que la jurisprudencia ya venía recogiendo en muchos casos por la aprobación de normativas autonómicas y pronunciamientos judiciales. La consideración abarca a 570.000 funcionarios docentes, según datos del Ministerio de Educación. También a 115.000 médicos/as y 165.000 enfermeros/as contabilizados en el Sistema Nacional de Salud, además de fisioterapeutas, técnicos y otros profesionales que se suman a otros empleados públicos ya considerados autoridad, como jueces o policías.

Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, calificó este cambio como “el logro más importante en la lucha contra esta lacra” cuando presentó en marzo los últimos datos sobre agresiones a facultativos. La OMC creó en 2009 un Observatorio Nacional de Agresiones poco después de la muerte de la doctora María Eugenia Moreno, una residente de 34 años que fue asesinada por un paciente mientras trabajaba en un centro de salud de Moratalla (Murcia). Pasados los años, muchas fiscalías provinciales fueron firmando protocolos o acuerdos con los sistemas sanitarios regionales para considerar las agresiones como delito de atentado. Incluso cuatro comunidades autónomas –Aragón, Valencia, Extremadura y Castilla y León— han aprobado leyes que así lo prevén, según Alberto Becerra, coordinador del Observatorio.

Becerra dice estar contento y a la vez disgustado con la reforma. Contento porque las denuncias ante una agresión a un médico van a ser tratadas de forma homogénea, considerándolas delito y con pena de cárcel para el agresor. Y disgustado porque “se ha dejado pasar la oportunidad de hacer una ley específica” que incluyera también las amenazas, injurias, vejaciones y coacciones. “No incluirlo de alguna manera supone que se permite la gratuidad del insulto al médico”, señala.

No solo los sanitarios quedarán más protegidos. La Fiscalía General del Estado considera desde 2008 que también los profesores tienen la condición de autoridad a efectos penales. Así lo estableció en una circular para las fiscalías de toda España. Ya distintas comunidades autónomas han impulsado normativas para proteger a los docentes públicos. Madrid abrió el debate en 2009. Le siguieron La Rioja, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla-La Mancha, entre otras. La Lomce incluye a directores y profesores como “autoridad pública” y reconoce que su testimonio prevalece sobre el de la familia o el alumno en caso de conflicto.

     ARTÍCULO 550
  • “Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos”.
  • “Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad” [...] Son “actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas”.

Fuente: https://elpais.com
Fotografía: www.redaccionmedica.com