lunes, 2 de diciembre de 2019

En Aragón se registraron un total de 114 casos de infección por VIH en 2018

Son dos casos más que el año anterior, lo que supone una incidencia de 8,7 casos por cada 100.000 habitantes. El número acumulado de nuevos diagnósticos declarados de infección por VIH desde 2008, año en el que comenzó este registro, ha sido de 1.182 nuevos diagnósticos.


La Fundación Omsida, dedicada a la ayuda a personas afectadas por el VIH/sida, cumple veinticinco años. Entre los actos conmemorativos, este pasado miércoles tuvo lugar la jornada "25 años comprometidos con la Salud y los derechos de las personas", en la que se homenajeó a quienes llevan otros tantos años trabajando en este ámbito.

Entre estos profesionales que han expuesto su experiencia durante esta jornada ha estado el jefe de servicio de Promoción de la salud y prevención de la enfermedad de la Dirección General de Salud Pública, Luis Gascón, quien ha explicado que los comienzos fueron muy duros. "Era una situación muy compleja, por la visión social de la enfermedad y porque no había tratamientos", ha expuesto Gascón, para quien "todo empezó a cambiar a partir de 1996 con los nuevos fármacos".

Datos en Aragón

En Aragón han sido diagnosticados 114 nuevos casos de infección por VIH en 2018, dos casos más que el año anterior, lo que supone una incidencia de 8,7 casos por cada 100.000 habitantes. El número acumulado de nuevos diagnósticos declarados de infección por VIH desde 2008, año en el que comenzó este registro, ha sido de 1.182 nuevos diagnósticos.

Por áreas, 95 casos fueron declarados en Zaragoza (incidencia de 9,9 casos por 100.000 habitantes), 13 en Huesca (5,9 casos por 105 hab.) y 6 en Teruel (4,5 casos por 100.000 habitantes). El 73,7% ha sido en hombres y la edad media al diagnóstico en ambos sexos es de 39,6 años, con un rango muy amplio (rango de 18 a 72 años), siendo el grupo de edad de mayor incidencia el de 30 a 44 años con una tasa de incidencia del 30,1 por 100.000 habitantes.

La categoría de trasmisión de VIH más frecuente para ambos sexos ha sido la trasmisión heterosexual, con un 38,6% de las nuevas infecciones, seguida de la práctica de riesgo homosexual con un 24,6%. No se notificó ningún caso de transmisión materno-fetal y no se pudo constatar la categoría de transmisión en un 28,9% de los casos. Separado por sexos, en varones un 33,3% de infecciones ha sido por práctica de riesgo homosexual y un 7,9% han sido usuarios de drogas vía parenteral (UDVP), mientras que en mujeres la trasmisión heterosexual supone un porcentaje superior al 80% de las trasmisiones. Por último, se han registrado 6 defunciones asociadas al VIH.

Campaña a nivel mundial

Ayer 1 de diciembre se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el Sida y, por tal motivo, hay lanzada una campaña mundial bajo el lema “Las comunidades marcan la diferencia”. El motivo es que las comunidades realizan una gran aportación a la respuesta a esta enfermedad y son la mejor forma de llegar a las personas que viven con el VIH y están afectadas por el virus. Con comunidades la campaña se refiere a los grupos que viven con el VIH, a grupos de población clave (gais y otros hombres que tienen sexo con hombres, de consumidores de drogas, prisioneros/as, personas transgénero...etc), y a quienes lideran y apoyan la prestación de servicios y defienden los derechos humanos.


Fuente: arainfo.org
Fotografía: apoyopositivo.org

martes, 26 de noviembre de 2019

Personas afectadas de cáncer cambian de domicilio porque en su hospital no les dan el tratamiento oncológico que necesitan

Asociaciones de pacientes denuncian que la atención difiere en cada comunidad y hospital por criterios economistas que frenan su acceso a los nuevos medicamentos: “La burocracia no puede determinar esto. Si se aprueba un nuevo medicamento, tiene que estar aprobado en todas las comunidades autónomas”.


En el cáncer el tiempo corre más deprisa. Una demora de unos meses, de un año, en un tratamiento, una prueba, puede ser crucial. Un estudio de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) revela que desde que el Ministerio de Sanidad aprueba un fármaco contra esta enfermedad hasta que los hospitales los facilitan pasa una media de entre 5 y 17 meses, una demora que varía mucho en función de las decisiones de cada comunidad autónoma y cada centro hospitalario. Unos van más rápido y otros más lento. Por esa razón, muchos enfermos optan por empadronarse en una calle, en una ciudad, donde sí pueden tener acceso al tratamiento que necesitan y se les niega en su lugar de residencia.

El estudio de la SEOM, en el que han participado 83 hospitales de las 17 comunidades autónomas y Ceuta sobre la base de 11 fármacos de tratamiento y cinco biomarcadores para identificar tumores, constata que el 43% de los oncólogos de esos centros denuncian barreras en el acceso a los nuevos fármacos antitumorales, que pueden llegar a retrasar hasta tres años su prescripción desde que han sido aprobados por las autoridades sanitarias. Esta demora supone una “pérdida de oportunidad” para el paciente, que no dispone de un tratamiento que “puede cambiar el curso de la enfermedad”, advirtió el presidente de la Sociedad Española Oncológica, Álvaro Rodríguez-Lescure, en la presentación del informe.

Una de las principales conclusiones de este estudio, basado en las respuestas de los oncólogos consultados, es la heterogeneidad entre las distintas comunidades respecto al ámbito en que se toman las decisiones vinculantes sobre el acceso a los fármacos, que en unos casos es la propia administración autonómica y en otros, el hospital, y la aplicación en unos casos de criterios más restrictivos que los establecidos por el Ministerio de Sanidad para su comercialización.

Todas las organizaciones de enfermos de cáncer consultadas por Público comparten las conclusiones del estudio de la SEOM. La presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), Begoña Barragán, asegura que diariamente un “montón de pacientes” sufren problemas de acceso a los nuevos tratamientos, porque el hospital no lo prescribe o porque la comunidad autónoma no lo ha incluido aún en su lista de productos dispensables en el sistema público. Y, entonces, esos pacientes tienen que recurrir a otras vías para conseguir un fármaco que se puede administrar en España, pero no se aplica donde ellos residen.

Decenas de enfermos se empadronan desde hace años en los domicilios de otros ubicados en el área de un hospital donde sí se prescribe ese tratamiento, ese biomarcador que se les niega en su centro sanitario de referencia, según Barragán, que ha tenido hasta 17 personas empadronadas en su casa para que pudieran acceder a un nuevo fármaco, fundamental para su cura y supervivencia. Y otros miembros de su organización, que agrupa a 70 asociaciones de toda España, también han tenido empadronados a tres, cuatro, cinco pacientes de otros distritos de la misma ciudad, de otras comunidades autónomas, incluso, y con el mismo fin.

“Siempre les ayudamos a conseguir lo que necesitan para que les den su tratamiento (…). Recuerdo que un consejero me advirtió una vez: que no me entere yo que hacéis esto en mi comunidad. Y yo le respondí: tranquilo, consejero, que nunca se enterará”, subraya la presidenta de GEPAC, entidad que ha llevado a cabo varias campañas de sensibilización para reclamar la igualdad de acceso a los tratamientos, una de ellas denominada la "lotería del código postal", un “juego de azar” que puede determinar si un paciente recibe o no el fármaco que necesita.

“Todo esto no tiene que ver con razones médicas, sino con cuestiones administrativas y económicas, porque los profesionales siempre nos dan la mejor atención. Al final, se trata de saber moverte en el sistema sanitario; todo dependerá de dónde vas, qué haces para que te vaya mejor o peor”, señala Barragán, quien asegura que hoy la equidad en el acceso a los tratamientos es inferior, incluso, a la que había cuando a ella le diagnosticaron un cáncer en el año 2001.

"Hay que saber llegar al sitio indicado"

Rafael López tiene un carcinoma sebáceo, un tipo de cáncer muy raro que se origina en las glándulas sebáceas. Este informático de 47 años, vecino de un pueblo de Madrid, no ha necesitado empadronarse en otro domicilio para conseguir un nuevo tratamiento, pero sí que se ha topado con las barreras que denuncia la SEOM y las asociaciones de pacientes y que, finalmente, él ha conseguido salvar gracias al seguro privado de su empresa, que le va a hacer la prueba que le negaron en el hospital público Gregorio Marañón.

Esa prueba, dice Rafael, es esencial para conocer los orígenes de su cáncer, muy poco usual, y sus posibilidades de evolución, una información que permitirá luego a los médicos abordar con más garantías el tratamiento. Ese estudio, que requiere entre dos y tres semanas buscando las dianas y debilidades del tumor, cuesta unos tres mil euros y en el hospital al que lo derivaron desde su pueblo no está contemplado dentro de la cartera de tratamientos oncológicos, fundamentalmente por razones económicas, según el afectado.

Afortunadamente para él, su empresa ha conseguido que el seguro privado le haga esa prueba. “Mi suerte es que he podido disfrutar de un seguro que me va a permitir hacer la prueba; si no, me habría quedado sin nada. Y sé de otros casos que dependen de la comunidad autónoma en la que viven, porque en unas te dan un tratamiento y en otras no. Yo ya me había planteado irme a Barcelona, porque me habían dicho que en el hospital Vall d’Hebron me la podían hacer”, dice Rafael, que hace una recomendación a quienes se encuentren en su situación: “Yo aconsejo a la gente que se mueva, que no se pare. Hay muy buenos profesionales, pero hay que llegar hasta ellos. Hay que saber llegar al sitio indicado. Yo he peleado mucho y lo seguiré haciendo”.

En la Asociación Española contra el Cáncer lo tienen también muy claro: “El paciente debe recibir siempre el mejor de los tratamientos posibles”, recalca una portavoz. Si la ciencia y la investigación avanzan, una vez que el fármaco haya sido validado, tiene que llegar cuanto antes a quien lo necesita y no demorarse el proceso por razones burocráticas, porque eso supone perder oportunidades de mejora y acaba generando “ansiedad” en la persona enferma, añaden desde esa organización.

Igualmente, la asociación de enfermos y familiares de pacientes con cáncer colorrectal, EuropaColon España, sostiene que “los tiempos van en contra del paciente”. “La burocracia no puede determinar esto. Si se aprueba un nuevo medicamento, tiene que estar aprobado en todas las comunidades autónomas”, dice su presidente, Luis Miguel de la Fuente, que habla también del “síndrome del código postal” que determina al final quién accede o no a un tratamiento. Según De la Fuente, cada paciente debe recibir el mejor tratamiento y nunca se puede basar la decisión en criterios economicistas y presupuestarios de la dirección de un hospital o de una comunidad autónoma. Por eso, EuropaColon considera esencial, entre otras medidas, incorporar ya a la cartera del sistema público de salud todos los biomarcadores existentes para detectar los diferentes tumores.

El Ministerio remite a las comunidades autónomas

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, sin embargo, considera que la equidad del acceso a los nuevos tratamientos corresponde solucionarlo a las comunidades autónomas, que son las que tienen transferidas las competencias de salud. Aun mostrando un respeto absoluto por los estudios y opiniones de las asociaciones de pacientes y las sociedades científicas, una portavoz del Ministerio subraya que son las administraciones autonómicas las que deben dar una respuesta a este tema, como responsables de las decisiones que toman en el ejercicio de su competencia en esta materia.

La organización Defensor del Paciente cree, en cambio, que sí se pueden tomar medidas para acabar con la “la ley de la desigualdad” en España. “Los derechos a la salud de las personas, a curarse, a salvar sus vidas, no puede estar supeditado al lugar donde vivas. Eso es una discriminación, incluso grave. Por eso, el Ministerio de Sanidad debe poner orden y concierto entre las comunidades autónomas, porque para eso se les transfiere también el dinero de los presupuestos”, afirma su presidenta, Carmen Flores.

El Defensor del Paciente, según su responsable, recibe numerosas quejas por la falta de acceso a los nuevos tratamientos y, a quienes las plantean, se les recomienda que presenten una reclamación ante la gerencia de los hospitales que los deniegan, en muchos casos, asegura, por razones meramente económicas. La SEOM estima que el número de nuevos casos de cáncer diagnosticados en España en el año 2019 alcanzará los 277.234, un 12% más que en 2015, cuando se diagnosticaron 247.771. Este incremento se debe a factores como el aumento de la población, el envejecimiento, la exposición a factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, la obesidad o el sedentarismo, y los programas de detección precoz.


Fuente: www.publico.es
Fotografía: www.eltiempo.com

miércoles, 20 de noviembre de 2019

El SALUD "castiga" a las personas que declinan operarse en la privada

Cuando algunos pacientes llevan tiempo esperando, se les ofrece hacer la cirugía fuera del sistema público. Los que rechazan esta opción, salen de la lista estructural y pasan al registro general de demanda quirúrgica.


Las órdenes dadas a los responsables de los hospitales son claras: rebajar de aquí a final de año lo máximo posible la lista de espera estructural, aquella de la que forman parte todos pendientes de una intervención. Ante la demora acumulada, el SALUD ofrece a algunos pacientes la posibilidad de operarse en las clínicas privadas. Sin embargo, según ha podido saber www.heraldo.es y han confirmado profesionales sanitarios, algunos enfermos que renuncian a ser derivados y deciden esperar a ser operados en la sanidad pública salen de esta lista de espera estructural y pasan a engrosar la conocida como "no estructural", aquella en la que también están  los procesos menores o "menos preferentes", como extracción de material o infiltraciones, según aseguraron fuentes médicas. 

Así, en esta "no estructural" puede haber algunos enfermos que lleven más de un año a la espera de una intervención y no han pasado todavía por quirófano al rechazar en su momento operarse en un hospital privado. Muchas personas quieren que sea el médico que le ha diagnosticado el que dirija o, al menos, supervise su cirugía.

Desde el Departamento de Sanidad, se insiste en que el paso de una lista a otra está regulado por un decreto de 2003 y así lo hacen todas las comunidades autónomas. En ese mismo sentido, aseguran que no se "penaliza" al paciente pasando al último lugar de la "lista no estructural", sino que seguirá con el ritmo y tiempo de demora previsto en el sistema público para su proceso quirúrgico. 

Sanidad no tiene obligación de informar de este registro general de manera detallada y por especialidades como sí lo hace con la lista de más de 180 días a través de su página web. De hecho, normalmente, todo el mundo hace referencia a estos datos. Según la última comparecencia del director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad, en la Comisión de Sanidad hay hasta 28.986 pacientes con una operación programada, de estos 4.202 llevan aguardando más de seis meses.


Fuente: www.heraldo.es
Fotografía: www.nuevatribuna.es

jueves, 14 de noviembre de 2019

Salud Pública quiere detener el aumento en las adicciones como el juego en Aragón

El director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, anunció durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad en las Cortes que se van a poner en marcha programas "especializados" en Aragón para atajar las adicciones al consumo de alcohol, tabaco o el juego.

En concreto, según ha puntualizado, estas iniciativas tendrían lugar en centros de servicios sociales y se extenderían a todo el territorio. "El alcohol y el tabaco son adicciones legales y arraigadas socialmente, que también dependen de un comportamiento social que hay que trabajar de forma permanente. Vamos a priorizar estas intervenciones centradas en la reducción del consumo", ha dicho Falo. Por el momento, se desconoce cómo se coordinarán estos planes especializados, pero la intención es que se desarrollen "a corto plazo". Además, Salud Pública quiere crear un sistema de información sobre adicciones que esté integrado dentro del área de vigilancia de la dirección general. 

Por otro lado, Falo ha pedido la colaboración "de todos" para fomentar la prevención de la salud y, en concreto, ha solicitado "llegar a acuerdos de forma clara y a un pacto global" para hacer frente a la ludopatía, especialmente entre los jóvenes. Todos los representantes de los diferentes grupos políticos, en su turno de réplica, tendieron la mano al director general para abordar tanto esta cuestión como la relativa a otras adicciones. 


Planes de cribado

Por su parte, el director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad, anunció que esta legislatura se actualizará el plan de cuidados paliativos, que ya ha quedado "algo obsoleto", ha dicho durante su intervención en la Comisión de Sanidad. También se pondrá en marcha una estrategia específica para prevenir el suicidio o planes concretos que aborden el EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) o la cardiopatía isquémica. 

Además, plan de cribado de cáncer de colon llegará ya al 100% de la población de entre 50 a 59 años de Aragón y, en esta misma línea, se empezará desarrollar el plan de cáncer de cérvix que se extenderá a la población de entre 25 a 65 años.


Fuente: www.elperiodicodearagon.com
Fotografía: www.abc.es

miércoles, 6 de noviembre de 2019

El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo debe continuar creciendo y avanzando

El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (Paime), del que a comienzos de octubre se celebró en Murcia su VIII Congreso la Organización Médica Colegial y la Fundación para la Protección Social, suma ya 21 años. Ese programa, que nació en el Colegio de Médicos de Barcelona (COMB) en 1998, es hoy, además de un importante recurso para ayudar a los profesionales afectados por enfermedades psiquiátricas, alcoholismo y otras adicciones y patología dual y para garantizar que sus pacientes no corran riesgos, una referencia en Europa y en todo el mundo. 

Sus principales bazas: el carácter no punitivo, la confidencialidad y el objetivo de recuperar para el ejercicio al profesional enfermo.

Los últimos datos de la OMC muestran un ascenso notable en el número de casos atendidos en 2017 y 2018, lo que indica que aumenta la confianza en el programa, pero también que hay zonas grises en las que hay que redoblar esfuerzos. Por ejemplo,  que el 34,5% de nuevos casos se concentre en Cataluña, seguido de Andalucía con el 14,9% y Madrid con el 12,1%, sugiere que la fuerza del programa no es homogénea en todo el territorio. 

Que el acceso al Paime se produzca mayoritariamente a iniciativa de propio afectado (un 56% de los casos en 2018) es muy positivo, pero que se realice por riesgos laborales en un 10,5%, por un superior profesional en un 5% y por las gerencias en un 0,5%,demuestra que centros e instituciones sanitarias podrían tener mucho más en cuenta el potencial de este programa. 

Las administraciones autonómicas también deberían de velar más por él, dotándolo de la financiación y el apoyo administrativo que precise, puesto que es una herramienta inestimable en gestión de recursos humanos y prevención de eventos adversos para sus respectivos servicios de salud. Días atrás, la web del British Medical Journal publicaba dos artículos acerca de la experiencia del COMB y la Fundación Galatea. Esta fundación, además de prestar servicio al programa nacional, estudia la salud, los estilos de vida y las condiciones laborales de los profesionales, una actividad que permitirá promover entre ellos planes tendentes a preservar y mejorar su salud para que puedan contribuir así a cuidar la de sus pacientes.


Fuente: www.diariomedico.com
Fotografía: elmedicointeractivo.com

martes, 29 de octubre de 2019

Cómo abordar la atención a las personas mayores en soledad no elegida

Más de 53.000 personas mayores de 80 años viven solas en Aragón. De ellas, las mujeres representan casi el 70%. Unos datos que reflejan una realidad a la que hay que hacer frente, y en la que se lleva ya tiempo trabajando para favorecer medidas sociales que involucran tanto a instituciones como a voluntarios y entidades con el reto común de atender a este colectivo al llegar a la vejez.


Con este objetivo, el Justicia de Aragón organizó el pasado martes día 22 de octubre en el palacio de la Aljafería de Zaragoza una jornada que dio voz a todos los agentes implicados en torno a un tema común: cómo abordar la atención a los mayores en soledad no elegida. Esta iniciativa tuvo lugar tras la comparecencia el día anterior del Justicia, Ángel Dolado, ante la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario, para presentar el estudio en cuya elaboración han colaborado durante el último año 38 entidades, y que apuesta por una Ley integral del mayor, respetando su "autonomía personal". Dolado puso de manifiesto que este informe recoge las "soluciones" tras un exhaustivo análisis, entre las que se encuentran, dijo, "una mejor coordinación entre la atención primaria de médicos de familia y los trabajadores sociales de barrio o pueblo y también con los farmacéuticos".

Entre las cincuenta propuestas recogidas en el documento, destacó la necesidad de abordar la "coordinación administrativa". Un aspecto en el que coincidieron los representantes institucionales que participaron en la primera de las mesas redondas organizadas durante la jornada.

Programa piloto de redes de vecindad

El Gobierno de Aragón, a través de la Cruz Roja, lanzó este verano un programa piloto en tres comarcas zaragozanas para impulsar redes de vecindad y voluntariado como apoyo a las personas mayores que viven solas. La idea es que esta experiencia se extienda también a Huesca y Teruel.

Joaquín Santos, director del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, adelantó ayer durante su intervención en las jornadas organizadas en la Aljafería que "gracias al voluntariado" se están poniendo en marcha estas "redes de apoyo" que, al mismo tiempo, buscan "testigos" que puedan avisar cuando detecten, por ejemplo, alguna situación fuera de lo normal. De hecho, según resumió Santos, "pueden ser situaciones cotidianas, como que el panadero observe que una persona que acude a comprar todos los días desaparece sin dar explicaciones". El trámite que habría que adoptar en ese momento sería "notificar el caso a servicios sociales o al centro de salud para poder atender una situación".

Miguel Ángel Morel, asesor técnico del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, puso de manifiesto que el programa se puso en marcha el pasado mes de junio en tres comarcas: Tarazona y el Moncayo, Valdejalón y Comunidad de Calatayud. Consiste en la "creación de redes, sensibilización y apoyo a través de voluntariado de cara a la atención a las personas mayores solas". Todo esto –dijo– es un soporte a los servicios comunitarios. "Se adhirieron las comarcas y los municipios y "se decidió empezar por tres comarcas de Zaragoza, para luego extenderlo a las otras provincias". El IASS pretende valorar los resultados para seguir impulsando el programa de cara al año que viene.

El principio que busca es el de crear unas redes de vecindad, que permitan cuidar los vínculos más próximos y cercanos. El convenio con Cruz Roja aglutina los recursos sociales comarcales encaminados a la detección y sensibilización de la población para afrontar el problema de la soledad. 


Fuente: www.heraldo.es
Fotografía: www.airedesantafe.com.ar

miércoles, 23 de octubre de 2019

Sanidad abre una consulta pública para la regulación actual sobre transparencia y los conflictos de intereses

El Ministerio de Sanidad ha abierto a consulta pública previa un proyecto de real decreto para regular los conflictos de interés y la transparencia en el ámbito sanitario. Cualquier interesado/a puede enviar sus propuestas hasta el próximo 6 de noviembre.


Sanidad quiere regular los conflictos de interés e imponer la transparencia en todas las organizaciones, sociedades y profesionales que participen en decisiones que afecten a la salud. El Ministerio de Sanidad ha abierto para ello desde ayer martes a consulta pública un proyecto de Real Decreto que quiere desarrollar el artículo 11 de la Ley 33/2011 de Salud Pública, dedicado a la imparcialidad de las actuaciones sanitarias. Cualquier interesado/a puede realizar aportaciones para que se incluyan en la nueva norma hasta el próximo 6 de noviembre.

En concreto, Sanidad justifica la urgencia de esta nueva norma explicando que “las concretas exigencias de transparencia e imparcialidad establecidas ya en el año 2011 son actualmente, en 2019, una imperiosa demanda de la sociedad española”.

El objetivo ministerial es trascender las normas actuales que, fundamentalmente incluyen exigencias para los/as profesionales y entidades que realicen recomendaciones que afecten a la salud pública, e imponer la transparencia en todos los ámbitos puesto que “los conflictos de intereses se generan no sólo en el ámbito de la salud pública (como regula la Ley de Salud Pública, sino también en el ámbito asistencial, en el docente, en el investigador, en el de asesoramiento científico. Por ello es imprescindible garantizar la transparencia e imparcialidad de las decisiones en todos los niveles y ámbitos del sistema de salud”, explica la propuesta de Sanidad.

En concreto el artículo 11 de la Ley de Salud Pública que Sanidad quiere desarrollar exigía ya “transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública, incluidas las de formación e investigación así como a las personas y organizaciones que reciban subvenciones o con las que celebren contratos, convenios, conciertos o cualquier clase de acuerdo”.

Este artículo forzaba ya a que sea pública “la composición de los comités o grupos que evalúan acciones o realizan recomendaciones de salud pública, los procedimiento de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las licitaciones previstas por la normativa vigente”.

Finalmente, la norma actual ya establece que “se desarrollarán reglamentariamente los requisitos para la declaración de conflicto de intereses por parte de expertos y representantes de las organizaciones científicas y profesionales que compongan los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública“.

Ahora Sanidad se propone ir más allá en el desarrollo normativo de estos conflictos “pues todas las actuaciones de la política y el sistema de salud tienen un impacto en la salud pública”.

Regulación actual sobre transparencia

Los conflictos de interés y la transparencia están regulados de momento en el artículo 11 de la Ley 33/2011 General de Salud Pública que Sanidad quiere desarrollar. Pero también en la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que afecta sólo a los altos cargos. En la Ley 3/2015 también hay exigencias sobre conflicto de intereses en la Administración estatal. Otra de las normas que están regulando de momento estos conflictos es la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público que se refiere a los participantes en procedimientos de licitación.

Finalmente, hay algunas otras normas, como la Ley 14/2007 de investigación biomédica, que en su artículo 12 establece la obligación de los comités de ética de investigación de hacer una declaración de intereses; el Real Decreto 1275/2011 que fuerza a declaraciones de intereses a los expertos y participantes en comités de la Agencia Española de Medicamentos;  y el Real Decreto Legislativo 1/2015 que aprobó el texto refundido de la Ley del Medicamento, que fija las incompatibilidades entre el ejercicio clínico de la medicina y su facultad para prescribir, con cualquier otra clase de intereses económicos.

El nuevo decreto aspira a llenar los huecos que dejan estas normas e ir más allá trascendiendo la salud pública para extender cualquier otra cuestión que afecte a la salud.


Fuente: www.diariomedico.com
Fotografía: www.redaccionmedica.com