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miércoles, 23 de octubre de 2019

Sanidad abre una consulta pública para la regulación actual sobre transparencia y los conflictos de intereses

El Ministerio de Sanidad ha abierto a consulta pública previa un proyecto de real decreto para regular los conflictos de interés y la transparencia en el ámbito sanitario. Cualquier interesado/a puede enviar sus propuestas hasta el próximo 6 de noviembre.


Sanidad quiere regular los conflictos de interés e imponer la transparencia en todas las organizaciones, sociedades y profesionales que participen en decisiones que afecten a la salud. El Ministerio de Sanidad ha abierto para ello desde ayer martes a consulta pública un proyecto de Real Decreto que quiere desarrollar el artículo 11 de la Ley 33/2011 de Salud Pública, dedicado a la imparcialidad de las actuaciones sanitarias. Cualquier interesado/a puede realizar aportaciones para que se incluyan en la nueva norma hasta el próximo 6 de noviembre.

En concreto, Sanidad justifica la urgencia de esta nueva norma explicando que “las concretas exigencias de transparencia e imparcialidad establecidas ya en el año 2011 son actualmente, en 2019, una imperiosa demanda de la sociedad española”.

El objetivo ministerial es trascender las normas actuales que, fundamentalmente incluyen exigencias para los/as profesionales y entidades que realicen recomendaciones que afecten a la salud pública, e imponer la transparencia en todos los ámbitos puesto que “los conflictos de intereses se generan no sólo en el ámbito de la salud pública (como regula la Ley de Salud Pública, sino también en el ámbito asistencial, en el docente, en el investigador, en el de asesoramiento científico. Por ello es imprescindible garantizar la transparencia e imparcialidad de las decisiones en todos los niveles y ámbitos del sistema de salud”, explica la propuesta de Sanidad.

En concreto el artículo 11 de la Ley de Salud Pública que Sanidad quiere desarrollar exigía ya “transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública, incluidas las de formación e investigación así como a las personas y organizaciones que reciban subvenciones o con las que celebren contratos, convenios, conciertos o cualquier clase de acuerdo”.

Este artículo forzaba ya a que sea pública “la composición de los comités o grupos que evalúan acciones o realizan recomendaciones de salud pública, los procedimiento de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las licitaciones previstas por la normativa vigente”.

Finalmente, la norma actual ya establece que “se desarrollarán reglamentariamente los requisitos para la declaración de conflicto de intereses por parte de expertos y representantes de las organizaciones científicas y profesionales que compongan los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública“.

Ahora Sanidad se propone ir más allá en el desarrollo normativo de estos conflictos “pues todas las actuaciones de la política y el sistema de salud tienen un impacto en la salud pública”.

Regulación actual sobre transparencia

Los conflictos de interés y la transparencia están regulados de momento en el artículo 11 de la Ley 33/2011 General de Salud Pública que Sanidad quiere desarrollar. Pero también en la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que afecta sólo a los altos cargos. En la Ley 3/2015 también hay exigencias sobre conflicto de intereses en la Administración estatal. Otra de las normas que están regulando de momento estos conflictos es la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público que se refiere a los participantes en procedimientos de licitación.

Finalmente, hay algunas otras normas, como la Ley 14/2007 de investigación biomédica, que en su artículo 12 establece la obligación de los comités de ética de investigación de hacer una declaración de intereses; el Real Decreto 1275/2011 que fuerza a declaraciones de intereses a los expertos y participantes en comités de la Agencia Española de Medicamentos;  y el Real Decreto Legislativo 1/2015 que aprobó el texto refundido de la Ley del Medicamento, que fija las incompatibilidades entre el ejercicio clínico de la medicina y su facultad para prescribir, con cualquier otra clase de intereses económicos.

El nuevo decreto aspira a llenar los huecos que dejan estas normas e ir más allá trascendiendo la salud pública para extender cualquier otra cuestión que afecte a la salud.


Fuente: www.diariomedico.com
Fotografía: www.redaccionmedica.com

lunes, 6 de mayo de 2019

Los problemas de la psiquiatría en Aragón se agudizan

Los profesionales de psiquiatría se ven "desbordados" ante la falta de recursos que denuncian los distintos jefes de servicio (falta de camas, plazas sin cubrir y psicólogos sin despacho...) quienes lamentan el "estigma" y el "olvido" que sufren esta especialidad y sus pacientes. 


La psiquiatría aragonesa se enfrenta en la actualidad a una gran paradoja: a pesar de ser una de las especialidades más demandadas por la población (las necesidades de salud mental van en aumento), sus profesionales se encuentran "desbordados" por un reparto presupuestario "insuficiente" para atender a estos pacientes y unas circunstancias de trabajo que -aseguran- no se dan en otras áreas. Así lo indica el psiquiatra Alfonso Pérez Poza, presidente de la Sociedad Aragonesa y Riojana de Psiquiatría (SARP), al dar cifras de esta realidad. "Alrededor de un 30% de la población va a tener un problema de salud mental a lo largo de su vida y solamente en Atención Primaria la mitad de las consultas están ya relacionadas con estas enfermedades y trastornos", precisa. 

Los expertos estiman que cuatro de cada diez discapacidades tienen que ver con la salud mental. Y en el caso de algunas patologías se dan cuadros y situaciones muy graves. "Los primeros episodios psicóticos afectan al 1% de la población. Eso quiere decir que cuando te montas en el tranvía hay un paciente con este trastorno que puede estar al lado”, ejemplifica este psiquiatra para tratar de concienciar a los menos sensibilizados con la enfermedad mental.

En Aragón, en particular, los distintos profesionales y jefes de psiquiatría llevan meses denunciando la delicada situación en la que se encuentra esta especialidad, que al igual que el resto -y a pesar del "estigma" y el "olvido" institucional- también cura y ayuda al paciente a sanar. "La locura y la muerte son un tabú y un problema muy serio en esta sociedad. Los políticos no creen que las enfermedades mentales tengan tratamiento, como la diabetes o la hipertensión. El psicótico que está alucinando en una esquinita no les preocupa. Ni tampoco piensan que se pueda hacer nada con el pobre depresivo del rincón. La preocupación siempre la marca la coerción", lamenta este profesional, que con una larga trayectoria a sus espaldas ha tenido que lidiar -por el desconocimiento y la falta de empatía hacia este colectivo- con comentarios y actitudes de todo tipo. Cuenta que fue el primer residente de psiquiatría del Hospital Miguel Servet y asegura que en su día tampoco lo tuvo fácil con el resto de compañeros médicos. “Pensaban que esto era el 'buenismo' del abrazo… No creen que nuestros pacientes se curan, y se curan más que en otras especialidades”, defiende indignado.

Hoy los problemas de falta de camas para la hospitalización de agudos en el sector II y la derivación de pacientes de Zaragoza a Teruel se han vuelto más frecuentes de lo esperado, alejándose de lo recomendado por la OMS. "Para nosotros no es la mejor solución. Es la menos mala el tener que ingresarlo en otra ciudad, pero sí que pensamos que hay una discriminación en pacientes psiquiátricos con respecto a otras especialidades en las que sería difícil plantear estos traslados", apunta, por su parte, el doctor Valero Pérez, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico de Zaragoza. Así pues, en este centro hospitalario aragonés solo tienen 20 camas para atender las necesidades de ingreso de 360.000 habitantes. Y en el Servet disponen de 30 para una población de 400.000. La OMS establece que debería haber una por cada 10.000. Pero la cosa no acaba ahí... En el Hospital Infantil, centro de referencia en Aragón, "no hay ni un solo psiquiatra". Tampoco en Barbastro, donde si el especialista cae enfermo no hay reemplazo, y según denuncian desde SARP ha habido algún mes que estando los dos psiquiatras de baja (por maternidad y paternidad) no se han podido cubrir sus plazas. Mención aparte merecen los últimos psicólogos clínicos contratados en las unidades de salud mental del sector II. Más de una docena de profesionales que ni siquiera disponen de un despacho para ver a sus pacientes y que han tenido que organizarse por cuenta propia para no estar en los pasillos. Otro "desatino" -aseguran los psiquiatras- fue la orden publicada en el BOA el pasado 6 de noviembre, en relación a la coordinación y organización asistencial de Salud Mental en Aragón.

"En Aragón las cosas se han hecho muy mal: en el campo de las drogas, del suicidio… Los compañeros de Álava se nos reían cuando les contábamos que teníamos 17 camas para 400.000 habitantes. Somos una de las Comunidades Autónomas que salimos peor paradas en este ámbito", recalca este psiquiatra, que demanda un "impulso político" real y coordinado con los profesionales sanitarios para revertir esta situación. 

Los cinco problemas de salud mental más "graves"

En esta especialidad, aseguran que el trabajo en equipo y "multidisciplinar" es fundamental para dar respuesta a las necesidades del paciente con enfermedad mental. La cartera de servicios que ofrece la psiquiatría supera, sin embargo, a los recursos de los que se dispone, y esto hace que ante "picos asistenciales", sus profesionales se vean con frecuencia "desbordados" por las necesidades.

“A los psiquiatras se nos pide participación a todos los niveles. Cada vez piden más intervención de psiquiatría, pero aunque quieran contratar no va a haber recursos. No es casual que los residentes se vayan a otros sitios. No va a ser fácil suplirlos y tenemos problemas muy graves”, alerta el doctor Pérez Poza, que lleva meses denunciando el "malestar" que hay. También se queja de que no haya un programa nacional de prevención del suicidio, motivo contundente -afirma- para que los políticos reflexionen sobre este asunto. "Tampoco hay nada para pacientes con trastorno dual... y al final hay un 20% de problemas de salud mental que no contactan con ningún recurso ni público ni privado", critica este especialista, que menciona entre los cinco problemas de salud mental más graves la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático, las conductas suicidas, los episodios psicóticos y las drogas. Pacientes con enfermedades por los que se quieren hacer muchas cosas -añade-, pero en torno a los cuales se crea mucha "alarma social" con las listas de espera. Por eso, a juicio de este especialista, la clase política -independientemente del partido o Gobierno de turno- tiene que escuchar más a los técnicos y jefes de servicio que conocen las necesidades de estos enfermos y las carencias del sistema. Porque los enfermos que se curan -puntualiza este psiquiatra- no van a decir nada. “El que lleva tres o cuatro días atado no se quejará porque está estigmatizado y se creen el discurso de la sociedad. Piensan que son culpables de su enfermedad, y nadie está libre de padecerla", confiesa Pérez Poza.


Fuente: www.heraldo.es
Fotografía: lamenteesmaravillosa.com

martes, 5 de febrero de 2019

Gran aumento de médicos/as que piden trabajar fuera de España en 2018

3.400 personas que ejercen la medicina se han preparado este año pasado para irse a trabajar al extranjero, según los datos a 20 de diciembre de 2018 de la Organización Médica Colegial (OMC), que debe expedirles un certificado para que puedan convalidar su título en otros países. En total, desde 2011 lo han hecho más de 23.000 facultativos.

Eso no quiere decir que todos se hayan ido, advierte la OMC, pero indica el malestar que hay entre muchos profesionales con la situación de la sanidad en España. “Los datos reflejan la precaria situación de los profesionales médicos españoles y en especial la de los más jóvenes”, afirma la organización en un comunicado. Esos 3.400 son alrededor de la mitad de los médicos que cursan el MIR cada año, por ejemplo.

A esta fuga de cerebros se une otro hecho: que según la Conferencia de Decanos de Medicina, desde ahora y hasta 2026 se jubilarán unos 70.000 facultativos. Teniendo en cuenta que en la sanidad pública trabajan unos 144.000, según el Ministerio de Sanidad, ello supone que habrá que renovar una parte considerable de la plantilla.


Más plazas MIR

Precisamente por eso, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, anunció hace unas semanas en un desayuno del Fórum Europa que ha convocado a la Comisión de recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud para debatir dos medidas al respecto: aumentar las plazas MIR (poco más de 6.000 cada año) y desbloquear la aprobación de unidades docentes para formar a especialistas.

Francia y Reino Unido son los destinos favoritos del personal médico que quiere marcharse y son más los jóvenes, los que tienen entre 31 y 35 años, los mayoritarios entre quienes se plantean trabajar fuera. Por especialidades, son los médicos de familia, oftalmólogos y anestesiólogos (tres titulaciones muy demandadas fuera) los que inician los trámites con más frecuencia. No todos los que piden el certificado pretenden trabajar fuera. Para seguir los estudios en el extranjero lo solicitó el 4,6%; para tareas de cooperación, el 9,2%. De todos ellos, el 51,5% han sido solicitados por mujeres y el 48,5% por hombres.

La proporción viene a corresponderse con la situación de la profesión, en la que ya hay más mujeres que hombres. Por ejemplo, en el último año con datos en el Instituto Nacional de Estadística, 2017, había 253.795 médicos/as colegiados, de los que 127.979 (el 50,4%) eran mujeres. Una feminización creciente: en 2007, de 208.098 colegiados, 90.738 (el 43,6%) eran mujeres. Si se va a datos de otro decenio anterior, las cifras de 1997 son 168.240 colegiados, con 61.180 mujeres (el 36,4%). En alguna especialidad, como la de Medicina de Familia, ellas ya son el 75% de quienes ejercen en la sanidad pública. Esta corriente va a crecer aún más: el 70% del alumnado de las facultades de Medicina está formado por mujeres, que obtienen, en consonancia, el 70% de las plazas MIR que se convocan cada año para cursar una especialidad.

La tendencia a que haya cada vez más mujeres ejerciendo la medicina puede suponer cambios en el esquema del personal, porque la preferencia por las especialidades no es la misma, aunque ya hay áreas, como la cardiología, que si hace una década se consideraba básicamente masculina, cuenta en la actualidad con un 40% de mujeres, según datos de la Sociedad Española de Cardiología.

Eso sí, todavía esa feminización de la profesión no se refleja en los puestos de jefe de sección o de servicio, que es un 80% están ocupados por hombres.


Fuente: elpais.com
Fotografía: image.freepik.com

miércoles, 12 de septiembre de 2018

Aragón a más de mil millones de euros de mitigar los recortes a causa también de la deuda contraída

A los 285 millones que faltan por recuperar para alcanzar el nivel de 2009 en Educación, Sanidad y Servicios Sociales se le suma el aumento de 888 en endeudamiento.

El gasto por habitante en los servicios de Estado de Bienestar sigue siendo inferior al del inicio de la crisis, pese a la pérdida de casi 30.000 residentes en ese periodo.


Un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales sitúa a Aragón a más de mil millones de euros anuales de recuperar el nivel de gasto en los servicios básicos del Estado de Bienestar que ha sufrido durante la crisis.

Según el estudio, la diferencia entre el gasto ejecutado en Educación, Sanidad y Servicios Sociales en 2009 era superior en 285,5 millones de euros al de este año, con saldos negativos de 22,3 (1.084 por 1.106,3) y de 172,1 (2.162,2 por 1.990,1) en los dos primeros y un avance de 40,7 (360,4 por 401,1) en el tercero.

En ese mismo periodo, en el que la comunidad autónoma perdió 29.315 residentes, el gasto por habitante cayó en 162 euros, al pasar de 2.686,21 a 2.523,83, un retroceso del 6,04%, ligeramente inferior al 7,09% que bajó el gasto total en esas áreas, pero en consonancia tanto con esa evolución como con la que ha tenido el peso de las políticas sociales en el conjunto del presupuesto, con una pérdida de 3,6 puntos.

Ese descenso, del 68,3% al 64,7%, se mantiene a pesar del avance que han registrado las partidas en esos tres ámbitos en los últimos tres años, con un aumento de en torno a 130 millones de euros, similar al aplicado al resto de políticas de la comunidad autónoma, que acumulan un desplome de 469,5 (de 1.678 a 1.209,5) si el punto de referencia es el ejercicio de 2009.

No obstante, Aragón ha logrado situarse por encima de la media estatal en algunas variables como el gasto por habitante en servicios sociales, que lleva dos ejercicios superando, y en el peso de este capítulo en el conjunto del presupuesto.

El “freno fundamental” de la elevada deuda pública

Ese desajuste de 285,5 millones de euros tiene, no obstante, una rémora de difícil solución: el aumento del endeudamiento, que en ese mismo periodo 2009-2017 alcanzó un montante de 888,6 millones, dinero que hay que ir devolviendo año a año con intereses, por bajos que estos hayan sido en el último lustro como consecuencia de las políticas expansivas del Banco Central Europeo.

Los Directores y Directoras de Servicios Sociales consideran “la deuda contraída y sus costes como una de las más indeseables herencias de la crisis”, a la que califican de “freno fundamental” para “recuperar unos niveles aceptables de inversión social” ante “la debilidad estructural del sistema de financiación autonómica”.

“Recortar en políticas sociales como en el resto de inversiones públicas también ha tenido efectos negativos en la economía”, recuerdan, al tiempo que sostienen que “los recortes fueron más allá de lo necesario y han sido fruto de la imposición especulativa de los acreedores y no de la racionalidad de la gestión pública”.

En el conjunto de las comunidades autónomas, la diferencia del gasto total en Educación, Sanidad y Servicios Sociales entre 2009 y 2017 asciende a 8.255 millones. Únicamente seis de ellas, Baleares, Navarra, Euskadi, Cantabria, Asturias y la Comunidad Valenciana han superado el nivel inicial, mientras que dos como Cataluña y Castilla-La Mancha mantienen desfases superiores al 18%.

Aragón se encuentra entre las que más margen de mejora conserva en Sanidad, con un diferencial del 12,67% que únicamente empeoran Castilla-La Mancha y Cataluña.


Fuente: www.eldiario.es
Fotografía: www.elperiodicodearagon.com

lunes, 18 de septiembre de 2017

Los salarios del personal sanitario son los que más han caído en a última década

Los datos de coste laboral señalan que la sanidad ha caído once puntos en la media salarial.

El sector sanitario es el que más ha perdido en cuanto a salarios entre 2008 y 2016. Así se refleja de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ministerio de Empleo y la Agencia Tributaria que publica el diario El País, y que señalan que en este periodo, la sanidad ha caído 11 puntos en su media salarial. 

En concreto, tomando como base la cifra de 100 en 2008 sin contar con cotización ni indemnizaciones y descontada la inflación, el sector sanitario y de servicios sociales partía con una media de 102,8. Ocho años más tarde, marcaba 91,2, once puntos menos, lo que se convierte en la mayor caída por delante de los ocho puntos del sector inmobiliario y de los nueve que pierde el del comercio. 

Menos caída experimentan otros sectores como la hostelería, el ocio, la administración o la energía. 

Cuarto sueldo medio

Respecto al sueldo medio en euros, descontadas también las cotizaciones e indemnizaciones, sanidad ocupa el cuarto lugar con 25.183 euros. Esta cifra está por detrás de los 56.126 que alcanza el sector energético, los 44.304 de las actividades financieras y los 26.672 que alcanza el sector industrial. 

Por detrás del sanitario aparecen los ámbitos de la construcción, la educación, el comercio, el administrativo y la hostelería, éste último con una media de 13.502 euros, cerca de la mitad de lo que se obtiene en sanidad.




Fuente: www.redaccionmedica.com
Fotografía: CNT

lunes, 10 de abril de 2017

Enormes diferencias según comunidades autónomas para recibir el tratamiento para la hepatitis C

La estadística oficial refleja variaciones de hasta el 300% entre regiones pero no especifica cuáles: solo las numera del 1 al 18.

La comunidad autónoma con más pacientes atendidos por millón de habitantes llega a 2.492 mientras que la que menos se queda en 692.

"El plan aún está en marcha. En 22 meses se han atendido a 65.000 personas", ha dicho el secretario general de Sanidad, José Javier Castroleza.


El Ministerio de Sanidad reconoce que hay grandes diferencias en cuanto al número de pacientes tratados por el Plan Nacional para la Hepatitis C, según la comunidad autónoma. Los datos presentados por el Ministerio reflejan que entre la región con más pacientes atendidos por millón habitantes y la que menos hay un 360% de variación.

"El plan aún está en marcha. En 22 meses ha llegado a 65.000 pacientes" (estaba previsto para algo más de 50.000) dijo el mes pasado el secretario general de Sanidad, José Javier Castroleza en una comparecencia parlamentaria. Sin embargo, la distribución de esos tratamientos ha sido muy dispar. La comunidad autónoma con más pacientes atendidos ha llegado a una tasa ponderada de 2.492 personas por millón de habitantes. La que menos se ha quedado en 692. No puede saberse cuál es cuál ya que los datos ofrecidos por el ministerio, aunque divididos y presentados "por CCAA" no indican los nombres sino que se limita a numerar del 1 al 18.

"No sabemos cómo se han distribuido por comunidades. No sabemos quiénes tratan más y quiénes tratan menos", se queja el portavoz del PSOE en la comisión de Sanidad, Jesús María Fernández. "Hay falta de transparencia del plan que tanto [dinero] les cuesta a los españoles", ha rematado.

El Gobierno se escuda en que las cifras concretas deben ser aportadas, en todo caso, por los Ejecutivos autonómicos que tienen las competencias en la asistencia sanitaria directa a los infectados. La media nacional es de 1.353 por millón de habitantes.

"Acceso masivo y priorizado"

El secretario general ha querido subrayar que "cada mes 3.000 personas inician el tratamiento. 100 al día se ven libres del virus de la hepatitis C. En ningún otro país del mundo habría sido posible este plan a coste cero para los pacientes".

Uno de los miembros del comité que redactó el plan, el doctor Albilla, ha asegurado que el "mayor logro ha sido el acceso masivo y priorizado de la población a los tratamientos libres de interferón".

El plan estratégico para la hepatitis C se creó en mayo de 2015 tras meses de reclamaciones por parte de los enfermos que veían cómo se racionaban los nuevos fármacos –sin ese interferón– contra el virus. Fármacos de gran eficacia (en la práctica curan una enfermedad hasta ahora considerada crónica y muchas veces mortal) pero con un alto coste económico. 

Población penitenciaria

Además de la población en general, una de las críticas más repetida ha sido la atención a los reclusos, un grupo muy afectado por esta patología del hígado. La cuestión es que las instituciones se pasan la pelota sobre quién debe pagar los medicamentos: comunidades autónomas o administración general. 

Así, de los oficialmente reconocidos 5.000 infectados en las cárceles, los tratamientos han llegado a 1.215, según ha especificado Sanidad. "Son un objetivo principal por su alta transmisión. Tienen una pena de privación de libertad. Ninguna más", le han afeado desde la oposición al secretario Castroleza.


Fuente: www.eldiario.es
Fotografía: www.plataformadeafectadosporhepatitisc.org

martes, 24 de enero de 2017

458.600 trabajadores/as del sector sanitario tienen contrato temporal

La tasa de temporalidad en el sector sanitario ha pasado del 24,7% en 2014 al 31,2% a finales de 2016. Además, aumentan los contratos inferiores a siete días. 


Acabar con la precariedad laboral es una de las reivindicaciones más urgentes para los profesionales sanitarios de cara al 2017. Y es que, los diferentes datos demuestran que, aunque en los últimos meses el desempleo en el sector se va reduciendo poco a poco, la temporalidad y los contratos precarios siguen al alza.

Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al tercer trimestre de 2016, del 1.468.000 de personas que trabajan en el sector de las “actividades sanitarias y servicios sociales”, hasta 458.600 (un 31,2%) lo hacía con contratos temporales y casi 100.000, incluso, reconocía tener contratos de duración inferior a tres meses.

Este porcentaje, además, ha ido aumentando en los últimos años ya que, a principios de 2014, y pese a que había menos personas con empleo en Sanidad, la tasa de temporalidad se situaba en el 24,7%, según la misma encuesta poblacional.

Los datos, por su parte, también concuerdan con los registrados por la Seguridad Social ya que, en 2016 (los últimos datos son de noviembre), del 1.112.000 de contratos que se firmaron en el sector sanitario, más de 350.000 (un 31,1%) tenía una duración inferior a siete días y sólo un 2,8% habían sido contratos temporales convertidos en indefinidos. 

Pero la precariedad laboral de los profesionales sanitarios españoles no sólo viene reflejada por la duración de los contratos, sino por el tipo de los mismos. De esta forma, de las más de 500.000 personas vinculadas a los hospitales españoles en el año 2014, un 10,4% trabajaba con contratos a tiempo parcial, según un informe publicado por el Ministerio de Sanidad. Estos datos, en el caso de autonomías como Cataluña, se incrementaban hasta el 23%.

A raíz de estos datos, y especialmente de la sentencia de la Justicia europea que instaba a España a acabar con la temporalidad en Sanidad, organizaciones sindicales sanitarias exigen la puesta en marcha proyectos para acabar “urgentemente” con la tendencia a la precariedad laboral en el sector. 

Fuente: consalud.es
Fotografía: CNT

jueves, 8 de septiembre de 2016

Las personas residentes en pueblos limítrofes de Valencia y Aragón serán atendidos en los centros sanitarios mas cercanos

El Pleno del Consell ha acordado la remisión a Les Corts Valencianes de un convenio de colaboración entre la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para la prestación de asistencia sanitaria en zonas limítrofes.

Las líneas principales de colaboración de este acuerdo hacen referencia a la atención sanitaria en urgencias, emergencias y transporte sanitario, la atención primaria de salud y la atención especializada de la población de ambas comunidades autónomas. Este convenio deberá ser aprobado por Les Corts Valencianes antes de la firma del mismo.

Este convenio actualiza uno anterior que se firmó en el 2006 y se encontraba vencido. El acuerdo pretende que los habitantes de ambas comunidades puedan continuar beneficiándose de la asistencia sanitaria integral en los centros más cercanos y accesibles a su domicilio, con independencia de donde residan.

El presente acuerdo va a ser de aplicación en las zonas geográficas limítrofes de ambas comunidades. Concretamente, las localidades afectadas por el anterior convenio son: Ademúz (1.149 habitantes); Casas Altas (146), Casas Bajas (188), Castielfabib (275), Torrebaja (435), Vallanca (149), Puebla de San Miguel (79) y Herbés (49). En total suponen una población de 2.460 personas de la Comunitat Valenciana.

Respeto a las zonas de salud y municipios de la Comunidad de Aragón, la población afectada por el convenio es la de los municipios de: La Cuba, Cantavieja, Cañada de Benatanduz, Fortanete, La Iglesuela del Cid, Mirambel, Pitarque, Tronchón y Villarluengo en la zona de salud de Cantavieja; Linares de Mora, Mosqueruela, Puertomingalvo y Valdelinares en la zona de salud de Mosqueruela; Mora de Rubielos, Alcala de la Selva, Cabra de Mora, Fuentes de Rubielos, Gudar, Nogueruelas, Rubielos de Mora, y Valbona, en la zona de salud de Mora de Rubielos; y Sarrión, Abejuela, Abentosa, Arcos de las Salinas, Manzanera, Olba, La Puebla, San Agustín y Torrijas, en la zona de salud de Sarrión. En total suponen una población de 9.348 personas.

Hay que resaltar las características orográficas, demográficas y sociales de las poblaciones afectadas, como la dispersión de la población, los problemas de comunicación derivados de unas carreteras de montaña a veces en mal estado y que sufren una frecuente climatología adversa. A ello se suma el envejecimiento de la población de estos lugares.

Todo ello explica la conveniencia de que los ciudadanos afectados por el convenio sean atendidos en centros de salud cercanos a las poblaciones de residencia de los mismos.


Características del convenio

El objetivo de este acuerdo es facilitar la accesibilidad de la atención sanitaria primaria y especializada más cercana para los pacientes, así como el transporte sanitario y las prestaciones farmacéuticas, de zonas limítrofes de ambas comunidades.

Además, se pretende promover la garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos y asegurar la coordinación de los dispositivos sanitarios de ambas comunidades autónomas.

También se contempla potenciar la implicación conjunta de los profesionales sanitarios de ambas comunidades, así como facilitar el intercambio de conocimientos científicos y técnicos.

El convenio estipula que la atención de mayor complejidad será realizada en los centros hospitalarios de referencia más cercanos de la Comunitat Valenciana o de la Comunidad de Aragón, indistintamente, y de acuerdo, siempre, con la aceptación del paciente. Para ello se facilitará el flujo de información de cada paciente correspondiente a la historia clínica u otra información de interés para la gestión del caso.

Respecto al transporte sanitario no urgente será garantizado preferentemente por la comunidad autónoma de origen del paciente. En lo relativo a la asistencia farmacéutica, se dispensarán las recetas en el centro donde sea atendido el paciente.

Las prestaciones sanitarias que se faciliten en aplicación de este convenio y que sean susceptibles de poder ser compensadas se realizarán con cargo al Fondo de Cohesión Sanitaria, el Fondo de Garantía Asistencial o el procedimiento establecido para ello.

Fuente: lasprovincias.es
Fotografía: metroecuador.com.ec

martes, 2 de agosto de 2016

116 casos afectados por un compuesto que dejó ciegas a 13 personas



La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha aportado nuevos datos de la investigación en curso sobre el compuesto oftalmológico que supuestamente causó la ceguera a varios pacientes durante diferentes operaciones de desprendimiento de retina. Se trata de perfluoroctano, comercializado con el nombre de Ala Octa por la empresa Ala Medics, que cesó su actividad el pasado mes de febrero.

En concreto, el 26 de junio de 2015, la Aemps emitió una alerta a las comunidades autónomas para su traslado a centros hospitalarios tras recibir una comunicación de la empresa distribuidora de este producto, que fabrica la alemana Ala Medics GmbH y que notificaba en un principio la existencia de 20 posibles casos de pacientes afectados con problemas oculares.
Y ya el 13 de noviembre de ese mismo año, la empresa alemana cesó completamente la fabricación y distribución del producto y retiró todos los lotes disponibles en el mercado a nivel europeo y mundial.

El informe sobre los resultados de los análisis toxicológicos realizados por el Instituto Universitadio de Oftalmología Aplicada (IOBA) de la Universidad de Valladolid en dos nuevos lotes muestran comportamiento citotóxico, al igual que los analizados anteriormente. Concretamente se observan dos patrones de citoxicidad diferentes, sobre todo en los fabricados en los últimos meses de 2014. En cuanto a los ensayos químicos, Sanidad comunica que “todavía no han finalizado los análisis sobre composición e impurezas que se están realizando en la Universidad de Valladolid.

La Aemps ha recibido hasta el momento la notificación de 116 casos en 28 centros sanitarios de 13 comunidades: Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana.
Para la investigación de estos casos, la agencia constituyó un equipo de expertos que estudia los hallazgos clínicos descritos en los incidentes notificados y su posible relación con el uso de Ala Octa.
De este modo, hasta el momento se han evaluado 107 casos y en 75 de ellos se considera que se corresponden con la clínica identificada asociada al producto de perfluoroctano, mientras que en tres se ha determinado que no se corresponde. Por otro lado, en 29 casos la documentación proporcionada ha sido insuficiente para poder obtener conclusiones. Sobre estos afectados, la Aemps ha solicitado a los profesionales sanitarios que notificaron el incidente documentación adicional que trasladará, de nuevo, al grupo de expertos. Por último, quedan pendientes de evaluación 9 casos (los más recientes) de los 116 notificados.

Fuentes: www.elperiodicodearagon.com / http://consalud.es
Fotografía: http://vivesinansiedad.es

martes, 20 de octubre de 2015

Concentración sábado 24 de octubre H. Miguel Servet

Como ya se comunicó en una anterior campaña informativa, dos compañeros de CNT han sido expedientados con falta muy grave por actividad antisindical. Cualquiera con dos dedos de frente y que esté preocupado por los problemas que afectan a la sanidad pública en Aragón se dará cuenta de que dicha acusación es una aberración, teniendo en cuenta que estos compañeros lo que han desarrollado durante estos años ha sido precisamente todo lo contrario. 
 
Convocaron asambleas generales para que los trabajadores y trabajadoras nos enfrentemos de forma organizada contra los recortes y la eliminación de la paga extra, mientras tanto la Junta de Personal ni se molestó en hacer nada de esto. También realizaron asambleas en su servicio, cuando en él hacía por lo menos una década que no se realizaba ninguna y se pretendía reclamar distintos asuntos relativos al servicio.

Intentaron unir fuerzas con todos los sindicatos para tratar el tema de las Unidades de Gestión Clínica y el Área Única, estando todos de acuerdo en trabajar juntos, siendo precisamente CCOO los que lo impidieron. Es por eso que resulta cínico utilizar semejante acusación y más por los hechos que se les acusan: a un compañero por pintar en un cartel y al otro por utilizar un tablón sindical que ni se usaba, ni se usa, ambas cosas denunciadas por CCOO.

Debido a estas acusaciones tan ridículas de las que se les inculpa convocamos a una CONCENTRACIÓN el próximo sábado 24 de octubre a las 18:00 horas en la puerta principal de La Casa Grande.

viernes, 16 de octubre de 2015

Entrevista CNT SALUD en la radio

Hace unos días, nuestros compañeros de la Sección Sindical de CNT Salud a los que se les ha notificado el expediente sancionador por falta muy grave fueron invitados a Radio Topo, al programa Lucha Libre donde pudieron explicar a los/as oyentes toda la información de primera mano sobre el conflicto.

Por si te lo perdiste, lo puedes escuchar en:

http://radiotopo.noblezabaturra.org/2015/10/02/entrevista-cnt-salud-conflicto-en-el-h-miguel-servet/

miércoles, 23 de septiembre de 2015

Concentración contra la represión sindical en el SALUD

El próximo miércoles 30 de septiembre convocamos una concentración en la puerta del Hospital Miguel Servet de Zaragoza desde las 9 horas hasta las 11:30 horas de la mañana. Si no puedes acudir toda la concentración, agradeceríamos mucho si nos brindáis apoyo durante vuestro tiempo de descanso laboral. 

Denunciamos la apertura de expediente disciplinario por causa muy grave a dos compañeros de la sección sindical de CNT en el SALUD, sanción que en nuestra opinión no es más que venganza y represión a dos trabajadores del Miguel Servet por parte de la Gerencia del SALUD por realizar actividades reivindicativas.

Dichos trabajadores son miembros muy activos de la sección sindical de CNT en el SALUD, cuya labor sindical va desde la consecución de condenas contra el SALUD por reiterados casos de contrataciones en fraude de Ley (los tan extendidos contratos de Acumulo de Tareas) hasta la condena al SALUD por vulnerar los derechos fundamentales de la sección sindical de CNT al prohibir la celebración de una Asamblea de Trabajadoras/es en el Hospital Miguel Servet.

Por todo ello os invitamos a participar y agradecemos todo vuestro apoyo en la lucha contra la precariedad laboral y la pérdida de derechos, así como por la calidad en la Sanidad Pública.




jueves, 3 de septiembre de 2015

Sanidad y CCAA plantean un copago farmacéutico del 40% para los inmigrantes en situación irregular

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad propuso este miércoles a las comunidades autónomas un nuevo sistema para ampliar la atención sanitaria que hasta ahora reciben los inmigrantes irregulares, mediante un registro previo y con un documento diferente a la tarjeta sanitaria que usan el resto de usuarios de la sanidad pública.

El objetivo de Sanidad es que los inmigrantes irregulares puedan ser atendidos en centros de salud siempre que lleven un año empadronados (6 meses según otros medios) y se inscriban en un registro previo que gestionará Sanidad y al que, en principio, no tendrán acceso Interior o Empleo ya que tiene una finalidad sociosanitaria, han precisado a Europa Press fuentes del Ministerio.

En caso de cumplir este periodo mínimo de empadronamiento y haber justificado ante los servicios sociales que no disponen de recursos, estos inmigrantes podrán disponer de un documento para poder ser atendidos en Atención Primaria que "no será una tarjeta", como ha reiterado en numerosas ocasiones el ministro Alfonso Alonso, y tampoco les permitirá "exportar" ese derecho a otras comunidades o fuera de España, con el objetivo de "evitar el turismo sanitario". 

Además, será el médico de familia quien decida si debe derivar a estos pacientes a algún especialista. Y en caso de necesitar algún medicamento, se les aplicaría el copago del 40% que tienen los usuarios de la sanidad pública que tienen una renta inferior a 18.000 euros anuales. La propuesta se produce después de que, tras las elecciones autonómicas de mayo, varios gobiernos regionales, incluidos algunos gobernados por el PP como Madrid o Murcia, hayan anunciado que mejorarán la atención sanitaria de estos inmigrantes.

Tras la reforma sanitaria que impulsó en 2012 la entonces ministra de Sanidad Ana Mato, se limitó el derecho a la tarjeta sanitaria a los inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular, que desde entonces solo tienen acceso a Urgencias, la atención pediátrica, durante el embarazo, parto y postparto, o en caso de enfermedades infecciosas.

La medida contó con el rechazo de la mayoría de partidos políticos, colegios profesionales, sociedades científicas y organizaciones no gubernamentales. Y comunidades como Andalucía, Asturias y País Vasco (entonces las únicas no gobernadas por el PP) idearon sistemas para seguir ofreciendo una atención sanitaria completa a este colectivo.

Sin embargo, en marzo de este año, apenas unos meses después de llegar al Ministerio, el nuevo titular de Sanidad Alfonso Alonso anunció que pretendía ampliar la atención de este colectivo para que también pudieran ser atendidos en los centros de salud y evitar que las urgencias fueran su "puerta de entrada" a la sanidad española.

Fuente: Heraldo de Aragón
Fotografía: lamarea.com

viernes, 28 de agosto de 2015

Los pacientes de Aragón siguen dando mala nota a las esperas y mejora la imagen de los médicos, los enfermeros y el personal auxiliar

Los usuarios de los centros hospitalarios del Salud aragonés consideran que el tiempo que pasan en la sala de espera es uno de los aspectos más negativos de las consultas externas. Por el contrario, valoran de manera más positiva que hace tres años el estado de las habitaciones y la comida que reciben durante su estancia hospitalaria.

Estas son algunas de las percepciones que se extraen de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios realizada este año entre 21.751 pacientes que pasaron en algún momento por algún centro hospitalario del Salud en Aragón. En este informe se valora la impresión que tienen los usuarios del hospital (habitaciones y comida) y del personal y su atención (amabilidad, preparación, información recibida, tiempo de ingreso, etc.).


Entre los aspectos que los pacientes consideran negativos resalta el tiempo que pasan en la sala de espera de urgencias. Un 20,4% de los usuarios consideran que es excesivamente alto. Lo mismo ocurre con la lista de espera para acudir a las consultas hospitalarias. Según la encuesta, solo un 50% de los aragoneses están satisfechos con la facilidad para conseguir cita.

“Durante estos años ha habido retrasos constantes en las pruebas, la atención del especialista y la realización de operaciones debido a los recortes aplicados por el Ejecutivo anterior que dejaban muchas bajas sin cubrir y, por lo tanto, provocaba que hubiera menos personal para atender a los mismos pacientes”, subraya Marea Blanca.

Estos recortes también pueden haber afectado al tiempo de ingreso. Mientras que en 2011 los aragoneses valoraban con un 91,8 la adecuación del tiempo que han estado ingresados, ahora le dan un 4,4% menos. En concreto, el 4,1% de los ingresados considera que estuvo más tiempo del debido, mientras que el 8,5% cree que debería haber estado ingresado más días.

Los médicos, las enfermeras y las auxiliares, más amables para los usuarios. La percepción de la amabilidad y el interés mostrado tanto por los médicos como por los enfermeros o auxiliares ha aumentado en los últimos tres años entre un 6,26 y un 7,77%. Los únicos que están peor valorados es el personal de administración, al que solo le dan una puntuación de 78. La encuesta también muestra que los usuarios ven a los trabajadores más preparados (un 8,66% más) y les transmiten mayor confianza (un 7,43%).

Por el contrario se reduce la percepción que los usuarios tienen de la solicitud de realización de pruebas o intervenciones. Este aspecto ha descendido un 4,94% debido a que, según señalan los usuarios, en el 13,3% de las ocasiones, el médico no les pidió permiso para realizarles una prueba. Unas cifras que crecen cuando estos pacientes se encuentran en urgencias, dónde el 36,2% aseguran que no les consultaron este hecho.

La encuesta también muestra que los pacientes aragoneses cada vez valoran mejor el estado de las habitaciones y la comida de los hospitales públicos. La primera ha ganado casi 20 puntos en los últimos tres años, mientras que la segunda ha crecido un 13,76%.

Respecto a las habitaciones, recuerdan que aunque la parte de Traumatología del Hospital Miguel Servet es relativamente nueva, las habitaciones de la General son antiguas y tienen un espacio mucho más reducido. Por ello, considera que la mejor percepción que se tiene de las instalaciones se puede deber a las reformas que se van haciendo y a las partes de nueva construcción. Algunos ejemplos son el hospital Provincial y el de Barbastro. 

Fuente: Heraldo de Aragón
Fotografía: actualidadempleo.es

lunes, 10 de agosto de 2015

Trabajadores y trabajadoras del Royo Villanova recogen firmas para evitar la cárcel a un compañero

Si la Audiencia Provincial de Zaragoza no atiende su súplica y le concede un aplazamiento hasta que se resuelva su indulto, Rafael López Lahoz, de 39 años, deberá entrar en prisión mañana 11 de agosto para cumplir la pena de tres años que le fue impuesta por causar la pérdida de un testículo de un vigilante de seguridad. Ambos, trabajadores del hospital Royo Villanova, se enzarzaron en una pelea que, en principio, se saldó sin consecuencias graves. Él sufrió un mordisco en un dedo del que todavía da cuenta una cicatriz, pero el vigilante recibió una patada en el escroto que, desgraciadamente, con los días evolucionó mal y hubo que extirparle un testículo.

Estos hechos fueron calificados como un delito de lesiones con pérdida de un miembro no principal y el tribunal de la Sección Sexta acabó por imponerle la mínima pena posible, ya que tuvo en cuenta que el acusado adelantó 4.000 euros en concepto de indemnización y le aplicó la atenuante de reparación del daño. No obstante, la cantidad final que fijó la sala ascendió a 101.000 euros para el afectado y 11.994 para la mutua que le operó. La sentencia fue dictada en diciembre de 2014 y, desde entonces, le ha ido pagando 50 euros al mes. «Lo que he podido», afirma Rafael López está muy arrepentido de lo que ocurrió aquel fatídico 13 de noviembre de 2011 en el Royo Villanova. Como ya hizo ante el tribunal que lo juzgó en 2014, ayer rememoraba la situación que desembocó en una riña que "nunca debería haberse producido". Recuerda que cuando ocurrió llevaba trabajando cinco años en el hospital y que al llegar este vigilante empezó a tener problemas.

"Nos llamaba a los de mantenimiento diciéndonos que teníamos que reparar esto o aquello, saltándose los protocolos y nos alteraba el trabajo habitual", cuenta. Y, sobre todo, recuerda que se metía continuamente con él.

"Yo entonces llevaba rastas y cuando se cruzaba conmigo me decía con desprecio: «Cualquier día te corto esos pelos, perro flauta». Pero lo que más me molestaba era que me ridiculizaba constantemente por el problema que tengo al pronunciar la erre y al verme me soltaba lo del perro de San Roque no tiene rabo", señala.

La situación se exacerbó el 13 de noviembre, cuando el vigilante llamó repetidas veces para que fueran a ver unas luces. "Al final lo mandé a hacer puñetas y él fue a quejarse al médico jefe de guardia, que me llamó para pedirme que fuera hablar con él. Fue un error, pero lo hice", admite. La conversación terminó a tortazos.

"En un momento dado él, que pesaba 120 kilos, me cogió y me hizo el ‘abrazo del oso’. Le puse la mano en la cara para separarme y me enganchó un dedo con los dientes. Entonces, para zafarme, le di una patada", cuenta.

Ese golpe resultaría fatal pues al vigilante terminaron extirpándole un testículo. Además, la empresa le despidió y, según los forenses, esto le afectó anímicamente.

En el juicio, la víctima negó que tuviera tratos con el acusado, dijo que le respondió de malas formas cuando le pidió que arreglase unas luces y afirmó que fue Rafael López quien empezó la riña.

El Tribunal Supremo desestimó que el golpe fuera en legítima defensa por el hecho de que, como alegó el acusado, su comportamiento hubiera sido meramente defensivo ya que el vigilante iba armado con una porra, era corpulento y estaba preparado para la defensa personal. El Supremo recordó que los intervinientes en una riña mutuamente aceptada se convierten en agresores, y que los hechos cometidos por cada uno de ellos no pueden considerarse por tanto defensivos. Además, entiende que incluir datos como que no hubiera intención de causar los daños infligidos o de que la víctima se burlara de su defecto del habla no busca dar más claridad a lo ocurrido sino intentar rebajar la responsabilidad del procesado.

Rafael López lamentaba ayer de nuevo su reacción y admitía que debería "haberlo denunciarlo por acoso" y no haber entrado nunca al trapo de sus provocaciones. Sin embargo, es consciente de que nada de esto tiene ya arreglo.

Sus compañeros del hospital no dejan de recoger firmas (llevan 400 en solo cuatro días) y también piden apoyo en su nombre en Bares - Restaurantes como La Birosta en la Magdalena, o La Mazmorra en Tenerías.

El trabajador, en su escrito a la Audiencia y su petición de indulto, apela a la humanidad del tribunal pues está a cargo el cuidado de su madre, una mujer viuda, con una dependencia del 82%, en silla de ruedas, con graves deficiencias auditivas y visuales, ajena a lo que le pasa a su hijo y que cumplirá 78 años dos días después de que él, si no lo evitan los magistrados, entre a la cárcel.

Fuente: heraldodeoregon.wordpress.com
Fotografía: tenzaragoza.es

martes, 4 de agosto de 2015

Sanz Barea continúa de Director Gerente del SALUD junto a García Encalbo

Por gerentes que no quede. El Servicio Aragones de Salud no tiene uno sino dos Directores Gerentes, uno de hecho nombrado por el PSOE y otro de derecho nombrado por el PP.

El mas antiguo -el de derecho- es Angel Sanz Barea, el que puso el PP con nombramiento como Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud en el BOA del 10/abril/2014. El otro -el de hecho- es Manuel Garcia Encabo, el desde el miércoles 22 de julio de 2015 Director General de Asistencia Sanitaria, cargo desde el cual según el Consejero de Sanidad Sebastian Celaya se convierte  el autentico Gerente del Servicio Aragonés de Salud salvo unos pocos temas”menores” como compras, personal o logística.

De momento Celaya ha nombrado a García Encabo sin cesar a Sanz Barea, es decir se trata de una gerencia bicéfala. Para complicar el tema no ha publicado la normativa que quita prerrogativas al Gerente del Salud a favor del Director General de Asistencia Sanitaria. Las competencias del Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud no las establece el capricho verborreico de Celaya. Ni siquiera las establece el Presidente de Aragón Javier Lamban. Las establece el Artículo 13. Competencias del Director Gerente del Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud que dice en su punto 1: 1. “El Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud ostentará la representación legal del mismo y ejercerá la dirección, gestión e inspección inmediata de todas sus actividades, de acuerdo con las directrices del Consejo de Dirección”.

Lo anterior quiere decir que si el Gerente -de hecho- Garcia Encabo firma algo que sea competencia exclusiva del Gerente de -de derecho- Sanz tarea se puede meter en un lío muy gordo. El mismo Celaya se puede ver en apuros si da ordenes a García Encabo que vayan en contra la normativa vigente.

El problema de la bicefalia va a durar meses ya que cambiar una norma de este tipo con rango de Ley no es fácil.

Fuente: heraldodeoregon.wordpress.com
Fotografía: CNT

jueves, 30 de julio de 2015

La mala gestión de Rudi y Oliván deja a los turolenses sin algunos servicios sanitarios

La mala gestión de la Consejería de Sanidad del anterior Gobierno de Aragón, en manos de PP y PAR, deja a la ciudad de Teruel, y a muchas poblaciones dependientes del mismo, sin servicios básicos.

Las últimas noticias recibidas desde el  Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA), consideran ilegal la licitación de servicios gestionada por el antiguo consejero de Sanidad, Ricardo Oliván.

El lunes 20 de junio se conocía que los pacientes necesitados de tratamiento de radioterapia deberán desplazarse a Valencia gracias a estas licitaciones, realizadas “con premura y adjudicadas tras el periodo electoral”, según denuncia Marea Blanca Aragón, que además asegura que se trata de una decisión poco comprensible, pues no obedece a “economía presupuestaria ni a dar un mejor servicio al ciudadano”.

Desde el colectivo consideran la gestión de la antigua consejería “una chapuza”, aunque no dudan en afirmar que a buen seguro “Luisa Fernanda Rudi y su idolatrado Ricardo Oliván buscarán falsos culpables para justificar su caótica gestión al frente de la consejería de sanidad, confirmando una vez más lo que es una realidad, su incapacidad para terminar la ejecución de un hospital ya licitado y adjudicado en cuatro años”.

Marea Blanca asegura que la sentencia del TACPA “da fe de la falta de profesionalidad por parte de Ricardo Oliván, y por ende de Doña Luisa Fernanda Rudi, por mantenerlo en el cargo durante toda la legislatura”, e inciden en que “al final los perjudicados son los ciudadanos turolenses, en este caso y en general, todos los aragoneses”.

“Deseamos que la nueva consejería tome buena nota de lo que no debe hacerse y esperamos que subsane lo antes posible todas las chapuzas dejadas por el anterior consejero, dotando a la ciudad de Teruel de un Hospital moderno, que satisfaga todas las necesidades sanitarias actuales y futuras de su población” concluyen desde Marea Blanca.

Fuentes: arainfo.org
Fotografía: el periódico de Aragón.

miércoles, 22 de julio de 2015

El medio rural es el eslabón perdido de la sanidad aragonesa

En Peralta de Calasanz, en la comarca de La Litera, viven 220 habitantes, distribuidos en cuatro núcleos. A pesar de ser pocos, los vecinos tienen la suerte de contar con un consultorio médico, y un botiquín rural que hace las veces de farmacia. Pero... ¿Qué ocurre cuando son necesarios análisis, pruebas o visitas al especialista? En Peralta recurren a la organización y solidaridad de los vecinos. Otros municipios, como Used o Albalate del Arzobispo, cuentan además con convenios de transporte. En el medio rural aragonés, acudir al hospital o al centro de salud de referencia puede ser a veces una pequeña odisea.

“Cuando el médico sabe que hay tres o cuatro pacientes que tienen que desplazarse a Monzón o Barbastro, trata de que la citación de todos sea el mismo día y los avisa para que se pongan de acuerdo para ir todos juntos”, explica Luis Pedro Boteller, alcalde de Peralta, que confiesa que “es una suerte contar con un doctor tan implicado”. El propio médico, para ahorrar desplazamientos a sus usuarios, se encarga de transportar los volantes hasta el centro de especialidades, y de llevar de vuelta las citaciones. De Peralta solo va un autocar un par de días a la semana hasta Binéfar, de manera que si se quiere ir a Monzón o al hospital de Barbastro es necesario hacer trasbordo. Para todo lo demás, la solidaridad entre los habitantes. “Hay vecinos a los que por edad les han retirado el permiso de conducir y los jubilados más jóvenes se ofrecen a llevarlos”, explica el alcalde.

“En Used no nos podemos quejar”, dice Antonio Gómez, concejal de este pueblo de la Comarca de Daroca. “Tenemos un médico en la localidad, que pasa consulta hora y media de lunes a viernes, y también hay enfermería”, explica. El temor en Used, que tiene cerca de 300 habitantes, es que, con cada vez menos cartillas asignadas al facultativo, finalmente se abra el dispensario solo unos días a la semana. Para tratar de sortear esa situación, el consistorio corre con algunos de los gastos del consultorio. “La población está cada vez más envejecida y necesitan tener al médico a mano”, reivindica el edil.

Este pueblo tiene como primer hospital de referencia al de Calatayud. “Si sufres una urgencia, puedes ir por medios propios o con alguien que te lleve, o se pide una ambulancia, que viene desde Calatayud o Daroca, pero tarda más”, detalla Gómez. Para los pacientes de Used y otras localidades de la zona que requieren de rehabilitación, el Departamento de Sanidad ha dispuesto un transporte sanitario que, en caso de tener que hacer parada en todos los municipios que cubre, puede alargar el recorrido casi dos horas, frente a los 45 minutos que cuesta cubrir el trayecto normalmente.

Para otras atenciones sanitarias que requieren desplazamiento, en Used “lo habitual es que la gente lo haga por sus propios medios”. Sin embargo, se ofrece una alternativa a quienes no tienen a nadie que les lleve. Los lunes y los viernes cuentan con una furgoneta, subvencionada por el Gobierno de Aragón, que hace las veces de coche de línea hasta Daroca, de manera que desde allí pueden coger un autobús hasta Calatayud o Zaragoza, visitar al especialista y volver en el mismo día siguiendo la ruta inversa. Cuando se dan las citaciones en el hospital, se tienen en consideración estas limitaciones de días y horarios. “Esta es la solución con la que contamos... ¡Y que nos dure!”,  pide Gómez. “Nosotros por lo menos tenemos médico; los pueblos de alrededor, que son más pequeños, todavía lo tienen más complicado”.

En Albalate del Arzobispo, con sus 2.000 habitantes, la situación es mejor, aunque no escapa a una problemática que parece común a todo el territorio rural aragonés. En esta localidad hay tanto personal médico como de enfermería sumando un total de cuatro profesionales. Su centro de salud está en Híjar, a once kilómetros por carretera, y hasta allí van los pacientes de los nueve pueblos de la Comarca del Bajo Martín para hacerse análisis, los martes y los viernes. “Antes el Ayuntamiento ponía un minibus para ir hasta Híjar, pero se suprimió debido a la escasa demanda y el alto coste que tenía”, explica Isabel Arnas, concejal de Albalate. La corporación municipal decidió sustituirlo por un convenio por el que el taxista del pueblo se compromete a estar disponible durante el horario de las extracciones. Cada usuario corre con el gasto del desplazamiento, pero varios pacientes pueden ponerse de acuerdo para repartirse el coste de la carrera.

Para Luis Pedro Boteller, aunque la solución en pueblos con tan escasa población como Peralta de Calasanz se antoja difícil, “con una buena organización, quizás a través de una aplicación informática, sería factible que el Servicio Aragonés de Salud facilitara un transporte para los pacientes que lo necesiten”. En cualquier caso, “este es uno más de los obstáculos que tenemos para asentar población”, señala Boteller. En poco más de un siglo, el municipio que rige ha pasado de tener 2.400 habitantes a tan solo 220.

Fuente: eldiario.es
Fotografía: trasobares.es