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miércoles, 15 de mayo de 2019

El cáncer laboral afecta a más de 8000 trabajadores y trabajadoras a nivel estatal

El cáncer laboral en España está sepultado bajo la niebla de la falta de datos. Los sindicatos y médicos calculan que en nuestro país enferman de cáncer entre 10.000 y 20.000 de trabajadores al año, una cifra muy superior a los 52 oficialmente reconocidos en 2017.  Las Mutuas son parte del sistema que oculta el problema para evitar el pago de los tratamientos, de las bajas e indemnizaciones en caso de muerte. Los gobiernos, mientras tanto miran hacia otro lado.  


Los cánceres de origen laboral, provocan 2,3 millones de muertes anuales en el mundo. Es ya la principal causa de muerte vinculada a las condiciones de trabajo" en Europa, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, que revelan que los casos de cáncer laboral superan los fallecimientos por accidentes en el tajo. 

En España, sin embargo, el cáncer laboral apenas existe en las estadísticas, camuflado bajo la etiqueta de enfermedad común, un mecanismo que controlan las Mutuas y con el que se ahorran mucho dinero como critican los sindicatos e investigadores desde hace años. 

El médico e investigador Manolis Kogevinas, del Instituto de Salud Global de Barcelona, califica la situación de infradeclaración del cáncer laboral en España como "un escándalo".  Este especialista no duda en señalar que en España solo se identifica oficialmente como cáncer vinculado al trabajo menos del 0,1% de los 200.000 casos de cáncer que se diagnostican cada año, cuando "en Alemania, Francia y otros reconocen entre un 5% y un 10%".  "Si  hay 50 casos no es una prioridad, no es un problema, pero sí lo es, porque hay muchos más, pero no se hace nada", subraya Kogevinas.

Peluqueros, pintores, carpinteros, trabajadores de la construcción y de gasolineras, obreros de las fábricas de acero y aluminio son algunas de las ocupaciones más propensa a sufrir cáncer por una exposición a sustancias o productos cancerígenos,  pero "falta un sistema de reconocimiento efectivo y el que existe porque el de las Mutuas no funciona", explica este investigador, que revela que se "conoce mucho de cáncer laboral y del origen de estos por exposición al amianto, por los  hidrocarburos aromáticos, las máquinas diésel, por varios disolventes, por sílice" que se podrían prevenir.

El sistema de las Mutuas, en el centro del problema

El sociólogo Fernando Rodrigo Cencillo habla de este sistema, que aunque se rige por la legislación europea, está en manos de las Mutuas y ellas "son parte y parte", por lo que este especialista pone en duda su efectividad.

"El sistema Nacional de Salud el campo laboral lo ha depositado en manos de las Mutuas de accidentes y enfermedades profesionales y estas no tienen interés en detectar cánceres de origen laboral, porque eso significa que tienen que asumir los costes, que en este tipo de enfermedades tienen tratamientos caros y duraciones muy largas, cuando no acaban con resultado de muerte y por tanto tienen que indemnizar." Además de que al reconocerlo "significa que las empresas no han cumplido con la legislación de protección de la salud y han generado exposiciones a sustancias cancerígenas que han provocado la enfermedad." 

Kogevinas, coincide, con Rodrigo Cencillo y cree que la solución está en "modificar el sistema de salud y de seguridad laboral y  el de identificación de cáncer y prevención, a través de las mutuas, que evidentemente no funciona, porque si tenemos 50 cánceres laborales al año significa que no funciona".

En España los cánceres laborales que más afectan a trabajadores son de pulmón, vejiga, piel, hígado, mesotelianos y nasales, pero los datos de los que disponemos para establecer una correspondencia entre estos y los puestos no existen.

Los médicos llevan desde 2015 pidiendo un mapa de incapacidad que especifique datos sobre la causalidad, correspondencia entre cáncer y puestos de trabajo, entre otros. Esto permitiría llevar a cabo una efectiva política de prevención de riesgos laborales y evitar miles de enfermos de cáncer laboral, así como la exposición a sustancias cancerígenas. Sin embargo, tampoco se ha hecho, porque no interesa.

Dificultad para diagnosticar el cáncer laboral

A eso se le suma, según Kogevinas, la dificultad de determinar "cuando un cáncer está vinculado al trabajo. No todos son tan claros como los mesotelianos, que solo surgen cuando una persona está expuesta al amianto.  En la mayoría de los casos solo se puede determinar esta relación en base a la historia laboral de un trabajo y eso no se hace.

"El problema del cáncer laboral es que no es fácil decir cuándo son debidos al trabajo, porque son prácticamente muy parecidos. Un cáncer de pulmón provocado por el tabaco es igual a un cáncer provocado por la exposición a un metal.  Se puede determinar si es uno u otro en base a la historia laboral de un enfermo. Si un trabajador tiene un mesotelioma y ha trabajado muchos años con amianto, podemos determinar que es laboral", explica el investigador Kogevinas.

Rodrigo Cencillo admite que la "mutlicausalidad" del cáncer en la que influyen elementos genéticos, ambientales, de hábitos de vida son parte de "una disputa histórica en España y otros países" para atribuir un tumor al trabajo.  Sin embargo también en hay casos muy evidente que no admiten dudas, como el de los trabajadores de Metro de Madrid, afectados por la exposición al amianto y tienen que batallar en los tribunales para ser indemnizados y reconocidos como tal.

En su opinión del sociólogo, experto en prevención de Riesgos Laborales, "hay una resistencia total del sistema, de las mutuas y de la propia seguridad social a reconocerlo, porque se trata de responsabilidades económicas y legales. Para no tener que indemnizar, para no tener que acometer cambios tecnológicos, o eliminar determinados procesos de trabajo o determinadas sustancias que se utilizan, productos químicos se niega la evidencia y el problema de salud." 

Ante la falta de información sobre el cáncer laboral los trabajadores, mientras tanto, siguen expuestos a los factores cancerígenos, muchas veces sin saberlo sin políticas adecuadas de prevención, como concluye la la Inspectora Médica del INSS, Araceli López-Guillén García, en un artículo titulado 'Cáncer ocupacional y ocupaciones con cáncer'.

"El cáncer en la población trabajadora tiene una presentación causal demostrada por la presencia en el trabajo de numerosos agentes carcinógenos de evidencia científica contrastada; a lo largo de la vida laboral se puede estar expuesto a diversos factores y agentes; la asociación de cada uno de ellos incrementaría el riesgo de cáncer. Hay coexistencia de agentes laborales y agentes ambientales."

La Salud Laboral, ausente de la agenda política

La salud laboral continúa siendo una asignatura pendiente, esperando que los políticos las incluyan en su programas y se tomen en serio los miles de trabajadores que enferman de cáncer en sus puestos de trabajo, a pesar de que muchos de estos diagnósticos se podrían evitar.  

"En salud laboral no tiene que ver el problema con el conocimiento científico. Se sabe, pero la correlación de fuerzas, las legislación, el interés de los gobiernos no lo acompaña y por lo tanto es mucho más laxo con los niveles tolerables a sustancias cancerígenas en el trabajo que lo que lo somos en la vida cotidiana de las personas, asegura Rodrigo Cencillo que denuncia que "en el trabajo estos límites de exposición se elevan mucho. Todo esto tiene que ver con la responsabilidad de las empresas, con los gobiernos, dispositivos de salud publica que no se toman el interés por este problema con el resultado final de que no se resuelve." 


Fuente: www.telecinco.es
Fotografía: www.consalud.es

lunes, 18 de marzo de 2019

Las mutuas endurecen los criterios para conceder la baja por riesgo laboral en caso de embarazo

Hasta ahora las mujeres que ocupan puestos administrativos también tenían derecho a acogerse a esta prestación desde la semana 37. Desde el pasado mes de febrero, si lo necesitan, tendrán que pedir la incapacidad temporal y renunciar a parte de su sueldo o adelantar la baja maternal.


Las mutuas acaban de cambiar los criterios con los que se permite a las mujeres trabajadoras embarazadas acogerse a la baja por riesgo laboral. En enero se publicó una "Guía de ayuda para la valoración del riesgo laboral durante el embarazo" y desde el día 1 de febrero las mutuas ya no tienen por qué conceder esta prestación en ningún momento del embarazo a las mujeres que trabajen en puestos administrativos o similares "con una actividad física ligera".

Hasta ahora, se concedía la baja por riesgo en el embarazo de forma casi automática a todas las mujeres, aunque a unas antes que a otras. A las que más tarde se les permitía acogerse (semana 37 de embarazo) era a aquellas mujeres que trabajan sentadas y cuyo puesto solo implica una actividad física ligera. Desde el día 1 del pasado mes, estas mujeres no tendrán derecho a cogerse este tipo de baja en la que se mantiene el 100% del salario aunque no se encuentren en condiciones de trabajar. Si necesitan cogerse la baja tendrán que recurrir al médico de cabecera y a la modalidad de 'incapacidad temporal', con la que renuncian al 40% de su sueldo durante los días que falten al trabajo.

"Los cambios legislativos, sobre todo al ser considerada la contingencia del riesgo laboral durante el embarazo como profesional y, en consecuencia, ser susceptible de gestión por las mutuas (...) han hecho que, a instancia de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social" se promueva la revisión de los criterios para la valoración del riesgo laboral y la incapacidad temporal durante el embarazo, reza la nueva guía divulgada en su introducción.

"No existe riesgo"

El nuevo documento, que se hizo público el día 3 de enero, deja claro que "no existe riesgo" en ningún momento del embarazo en los puestos de trabajo que se caractericen por la "sedestación" a no ser que se demuestre que la trabajadora no tiene la posibilidad de cambiar de postura durante la jornada. "En los casos de trabajos administrativos y actividades gerenciales es evidente que pueden establecer no solo alternancia postural sino incluso cierta actividad física (levantarse y caminar) con la frecuencia que deseen o que el facultativo les recomiende", concluye el grupo de trabajo constituido por médicos inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social, facultativos de las mutuas colaboradoras y especialistas de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) que han realizado la revisión de la guía y desarrollado el nuevo manual.

A modo de resumen, al final de dicha guía se explica que la SEGO entiende que la incapacidad para desarrollar una actividad laboral durante el embarazo puede deberse a tres causas: por el embarazo propiamente dicho, por la existencia de complicaciones propias en el embarazo y por la exposición ocupacional. Solo esta última da derecho a seguir cobrando el sueldo íntegro. Si la causa es el embarazo en sí mismo, no.

A continuación esta guía pasa a recordar a las mujeres que si necesitan dejar de trabajar por causas derivadas del embarazo siempre pueden adelantar la baja maternal: "la Legislación Española en materia de maternidad contempla el descanso maternal con una duración, en general, de 16 semanas, de las que 6 son de obligado cumplimiento por la madre después del parto. El resto, puede disfrutarlo antes o después o compartirlo con el padre".

"Usa el transporte público"

Paola Herrera, de 32 años, es psicóloga y trabaja en el centro de salud del Arrabal, en Zaragoza, como investigadora del área de Salud Mental. Está embarazada de 29 semanas y este lunes inició los trámites para acogerse a la baja por riesgo laboral. La respuesta ha sido tajante: "Ha habido un cambio de criterios y ya no se concederá la prestación ni en la semana 37 ni en ninguna". Ella tiene que viajar todas las semanas a Teruel porque también es profesora asociada del grado de Psicología de la Universidad de Zaragoza. De momento le han indicado que esto se trata de "circunstancias personales" y que siempre le quedará la opción de usar el transporte público para ir y venir a Teruel si no puede conducir.

Una compañera suya que desempeña las mismas tareas y que dio a luz a principios noviembre sí llegó a tiempo de acogerse y pudo descansar en casa la segunda quincena de octubre sin ver reducidos sus ingresos. Ahora está de baja maternal y recuerda que en las últimas semanas de embarazo dormía menos de cuatro horas diarias: "Así no se puede ni pensar con claridad", expone. Para Paola, obligarte a coger la baja por incapacidad temporal y renunciar a parte de tu salario es una forma de "culpabilizar" a la mujer por quedarse embarazada. 


Fuente: www.heraldo.es
Fotografía: www.msn.com

jueves, 3 de noviembre de 2016

Las Mutuas privadas son un negocio en manos de bancos, fondos especulativos, ex-ministros y/o defraudadores

“Los seguros privados de salud son uno de los ámbitos donde se prevé mayor crecimiento en los próximos años”. Isidro Fainé (La Caixa)

“En plena caída del negocio del crédito y ante los escasos márgenes de las inversiones y del ahorro, la banca decidió volcarse en el área de los seguros de salud”. (La Marea)

El negocio sanitario prometía. Por eso en 2009 La Caixa compró Adeslas a cambio de ceder Agbar a la francesa Suez. En 2011 entró en el accionariado Mutua Madrileña. En el consejo de administración de la mutua encontramos Carlos Cutillas (ex El Mundo, Sacyr-Vallehermoso, Chamartin Inmobiliaria); Jaime Montalvo (consejero Banco Santander); Jaime Lamo (Subsecretario de agricultura durante el franquismo y ministro de Adolfo Suárez) y José Luís Marín (ex presidente de ENDESA, director a Acciona y consejero a AMENA) entre otros. En los nueve primeros meses de 2014 SegurCaixaAdeslas obtuvo 161 millones de euros de beneficios.


Sanitas es propiedad de la transnacional inglesa de sanidad privada BUPA. La filial española está presidida por José Ramón Álvarez, ex presidente del Banco Zaragozano, de ArcelorMittal, ex-gobernador del Banco de España, ex presidente de la fundación Príncipe de Asturias y Conell de Tele5 entre otros. Entre los consejeros encontramos Matias Rodríguez, número 2 del Banco Santander y ex ministro de Gobernación de Calvo Sotelo y, también, ex presidente de la Fundación Príncipe de Asturias. Sanitas está siendo investigada por Hacienda por un supuesto fraude de 28 millones de euros a raíz de movimientos irregulares entre las filiales del grupo.


DKV Seguros pertenece a la compañía transnacional alemana Munich Health de quien el especulador Warren Buffet (Berkshire Hathaway) es el principal accionista. En España DKV participó en la quiebra de varios hospitales privatizados en Valencia durante el gobierno de Zaplana, con el apoyo financiero de las rescatadas CAM y Bancaja. El presidente del consejo de administración es Javier Vega de Seoane Azpilicueta, quien ha formado parte de los consejos de administración de SEAT, Red Eléctrica Española, CAMPSA, ThyssenKrupp, EMTE y Ferrovial entre otros. Es vicepresidente del Círculo de Empresarios.


MAPFRE cotiza en el IBEX 35 y tiene 10 sociedades en paraísos fiscales. Según el Informe de Responsabilidad Corporativa también tiene participación empresarial en productoras “de armas controvertidas”. Por el consejo de administración de MAPFRE han pasado Rodrigo Rato (PP), Francisco Ruiz Risueño (UCD) y José Manuel Fernandez. El presidente de MAPFRE es Antonio Huertas, quien tiene un sueldo de 79.000 € mensuales. Entre los consejero de administración destaca Manuel Lagares (también consejero en Iberdrola) y Alfonso Rebuelta, proveniente de JP Morgan, Citibank. Hasta 2013 el rescatado Bankia tenía el 15% de las acciones.



El  grupo Vithas Salud (perteneciente a los hermanos Gallardo, dueños por ejemplo de la farmacéutica Almirall) nació en 2012 con una facturación de 196 millones de euros de los que al menos 30 millones procedían de conciertos con administraciones como la gallega o la valenciana. El año pasado ingresó 300 millones y amplió su actividad en Andalucía o Baleares, donde se alió con Asistencial Juaneda, que lleva la radioterapia en Ibiza y Menorca. La familia posee además el 50% de un fondo que controla el gigante de la asistencia geriátrica Quavitae, que gestiona residencias públicas por toda España y con varios centros, residencias y SAD en Aragón.




Humana, Gilead, el capitalismo y los enfermos de hepatitis C

Cuando se trata de dinero, las coincidencias no existen. Humana (el seguro de medicina privada para la que trabajaba Linda Peeno cuando denegó el tratamiento a un hombre que acabó muriendo) tiene como uno de sus principales accionistas el fondo de inversión Capital World Investors quien a la vez es uno de los principales accionistas de la farmacéutica Gilead, propietaria de la patente de Sovaldi, el carísimo medicamento para tratar la hepatitis C.


Fuentes: www.cafeambllet.com / www.eldiario.com
Fotografías: www.cafeambllet.com / http://www.balancesociosanitario.com / http://consalud.es / www.eleconomista.es

miércoles, 8 de julio de 2015

Los médicos podrán firmar la baja y el alta a la vez si es por menos de cinco días

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social informó el lunes 22 de junio de la entrada en vigor del nuevo procedimiento que regula el sistema de partes médicos, por el que se facilita al trabajador la comunicación de la enfermedad en la gestión de una baja laboral.

Según ha señalado el Ministerio en un comunicado, el nuevo sistema reduce trámites burocráticos y adecúa la emisión de estos partes a la duración estimada de cada proceso, al mismo tiempo que mejora la coordinación entre los organismos que participan en el trámite de una incapacidad temporal.

En relación a la expedición de los partes, los facultativos pueden emitir el parte de baja y alta en el mismo acto médico cuando consideren que se trata de un proceso de duración estimada "muy corta", inferior a cinco días naturales, para evitar segundas visitas al centro de salud.

En los casos de baja por enfermedad común, los partes de alta médica se expiden siempre por el médico del servicio público o el inspector del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), mientras que las mutuas pueden solicitar a la Inspección Médica del Servicio Público de Salud y después al INSS, si los organismos pertinentes no responden o el alta se deniega.

En relación a la tramitación entre el empresario y el trabajador, que puede hacerse por medios telemáticos, el empleado debe presentar a la empresa la copia de los partes de baja en el plazo de tres días desde su expedición, mientras que debe entregar el de alta en las siguientes veinticuatro horas.

Por otro lado, la empresa debe incluir en el parte de baja datos sobre la cotización del trabajador, la clave del código nacional de ocupación, la provincia del centro de salud que emite el parte e información genérica identificativa del proceso que ha de transmitir al INSS junto al parte de baja, de confirmación o de alta presentando por el empleado.



Fuente: Heraldo de Aragón.
Fotografía: atencionatupsique.wordpress.com