martes, 2 de julio de 2019

Por una decisión administrativa, 40 sanitarios/as se ven en la obligación de irse de Teruel

Ochenta personas aprobaron una oposición de Técnicos de Auxiliares de Enfermería (TCAE) en la provincia, pero solo se ofertaron la mitad de las plazas.

Denuncian que hay plazas del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en Teruel cubiertas por interinos que ellos podrían ocupar, igual que ocurre a la inversa en plazas del Servicio Aragonés de Salud.


La falta de médicos para cubrir plazas vacantes en hospitales y centros de salud de Teruel y su provincia ha salido a la luz pública después de que los ciudadanos se manifestaran en las calles. Pero ahora la noticia está en que hay sanitarios que han aprobado una oposición, quieren quedarse en Teruel y no pueden. Ochenta personas aprobaron su plaza de Técnicos Auxiliares de Enfermería (TCAE) en la provincia, pero solo se han ofertado la mitad, a pesar de que, dicen las afectadas, hay más plazas vacantes, muchas en Servicios Sociales y varias en acumulación de tareas que podrían cubrirse.

Así que, después de elegir la plaza el día 10 de junio, el próximo mes de septiembre unas cuarenta familias tendrán que irse de Teruel a otros destinos de Aragón. La razón, dicen, es que el Servicio Aragonés de Salud ofertó únicamente 38 plazas en el Hospital Obispo Polanco y cuatro en el Hospital San José, pero son ochenta las personas que han aprobado la oposición.

"Si sacasen todas las vacantes, reconvirtieran los contratos de acumulación de tareas y las plazas del Instituto Aragonés de Salud habría 94 plazas y podríamos estar todas", explica Melani Rico, portavoz de las afectadas.

Ahí está la clave, apunta, en que pudieran ocupar plazas del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que no está dentro del Salud, del mismo modo que las auxiliares del IASS pudieron acceder a las plazas del Servicio Aragonés de Salud: "Sería lo justo porque ellas (las auxiliares de la bolsa de Servicios Sociales) ocuparon 55 plazas del Salud", algo que "cuando se firmó no se vio el efecto colateral que iba a tener".

Además, se da la circunstancia de que buena parte de las plazas del IASS están ahora ocupadas por personas que han aprobado la oposición del Salud, que de no cambiar las cosas, tendrían que irse a otros destinos de Aragón mientras que tendrían que volver a ocuparse esas plazas por interinos, probablemente de la bolsa del Servicio Aragonés de Salud. "Así que, si pudiéramos optar a esas plazas del IASS que ya estamos ocupando, todo quedaría más o menos igual pero con más estabilidad laboral", apunta Rico.

Discriminación

Entienden que las personas que han aprobado en Teruel han sufrido una discriminación con respecto a lo que ha pasado en Zaragoza y Huesca, donde nadie tendrá que desplazarse porque se ofertaron más vacantes que las plazas que había que cubrir.

Han recabado apoyos de los partidos políticos y del Justicia de Aragón, además de reunirse con el Servicio Aragonés de Salud, pero ahora todo está a la espera de la conformación del nuevo Gobierno de Aragón.

De momento, ya saben que tendrán que irse el próximo 23 de septiembre al destino que han tenido que elegir, como cuenta Rico en su caso a Calatayud, con un hijo pequeño, embarazada y su marido con trabajo fijo en Teruel. "Estoy pensando si vender la casa o no, porque no puedes mantener dos casas, y cuando nos vayamos no sabemos si podremos volver", sentencia.

Deberán estar fuera al menos un año, en el mejor de los caos, si se concreta la opción de poder volver a través de comisiones de servicio a las plazas ocupadas por interinos en el IASS. Y en el peor de los escenarios, no volverán nunca.

Y, además, dejar sin cubrir estas plazas del IASS por gente con plaza fija, denuncia Rico, allana el camino  para una posible privatización de estos servicios en las residencias y centros públicos.


Fuente: www.eldiario.es
Fotografía: www.elperiodicodearagon.com

miércoles, 26 de junio de 2019

Ola de calor en Aragón, también en el interior de algunos centros de salud

La primera ola de calor del verano ya se ha dejado notar en algunos centros de salud de la capital aragonesa. Hasta 30 grados se han llegado a registrar en el interior de ambulatorios como el de Bombarda, donde el pasado lunes a última hora de la mañana el termómetro digital llegó a alcanzar esta cifra.

Pese a que el aparato de aire acondicionado del centro, situado en la calle de Ramiro I de Aragón, se sustituyó hace apenas un año, según algunas fuentes consultadas, dificultades técnicas por la complejidad del sistema impidieron el lunes que refrigerara de manera adecuada las instalaciones. Ayer, la situación era más llevadera al conseguir los técnicos su correcto funcionamiento.

Pero si en Bombarda estos problemas parecen ser puntuales y achacables a la propia tecnología, hay otros consultorios en los que el personal sanitario y los pacientes ya han tenido que echar mano de los abanicos en más de una ocasión. Trabajadores del centro de salud de Univérsitas de Zaragoza aseguraron ayer que ya son varias las quejas que han presentado por la falta de refrigeración en las instalaciones y temen que la situación vaya a peor en los próximos días, cuando se espera que se alcancen hasta 44 grados en la capital aragonesa. Lo paradójico es que en invierno los trabajadores de este ambulatorio han trabajado más de un día con guantes y bufanda por el frío que pasan. El sistema es antiguo y ha fallado en más de una ocasión.

Hace unos días era un paciente del centro de salud de San José Canal Imperial de Zaragoza el que llamaba la atención sobre el intenso calor que se registraba en una de las salas de espera pasadas las 17.00 "Cuando pregunté al personal me dijeron que el aire acondicionado estaba estropeado porque faltaba una pieza", explicaba esta misma persona, que pedía una solución antes de que llegaran las jornadas de más calor.

En el centro de Torrero-La Paz, en la calle Soleimán, saben lo que es sufrir la canícula. Trabajadores y usuarios llevan tiempo reclamando la actualización del sistema de aire frío y calor del centro. Según explican, su antigüedad no da abasto muchos días, sobre todo aquellos con temperaturas extremas, para calentar o enfriar la instalación. "No hay dinero para cambiar el sistema. Aunque lo arreglen, llega a unas zonas, pero a otras, no", critican.

En la mayoría de las ocasiones, son los propios sectores sanitarios los que intentan afrontar el coste de las averías de los sistemas o la sustitución de los más antiguos. En la última legislatura se han actualizado o cambiado varios equipos.


Fuente: www.heraldo.es
Fotografía: arainfo.org

martes, 18 de junio de 2019

Volver al trabajo tras un cáncer: El 70% de las personas con cáncer cree que sus empresas no tienen "comprensión" con su situación

De acuerdo con los resultados de una encuesta, el 96% de las personas con cáncer y sus familias afirman haber encontrado dificultades para pedir una baja laboral por su enfermedad o para cuidar a un familiar que se encuentra atravesando un proceso oncológico.


El 70% de los pacientes con cáncer considera que "no hay comprensión" por parte de las empresas frente a la situación de su enfermedad, según se recoge en una encuesta a diferentes hospitales, sociedades científicas, pacientes, asociaciones de pacientes y población en general realizada por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC).

El objetivo principal de esta investigación se ha centrado en conocer la percepción de la población con respecto a distintos aspectos que conciernen al cáncer, así como sus opiniones frente a distintas áreas y aspectos de esta enfermedad. La muestra analizada está compuesta por 3.001 personas, separadas en diferentes grupos de población: pacientes que tienen o tuvieron cáncer, cuidadores, familiares y amigos de pacientes, profesionales sanitarios y personas sin ninguna experiencia con el cáncer.

De acuerdo con sus respuestas, el 96% de las personas con cáncer y sus familias afirman haber encontrado dificultades para pedir una baja laboral por su enfermedad o para cuidar a un familiar que se encuentra atravesando un proceso oncológico. "Los familiares lo tienen difícil no, lo siguiente, para pedir una baja laboral. Más que los pacientes", ha lamentado la presidenta de GEPAC, Begoña Barragán, en la presentación del informe, que se ha celebrado en la sede del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGOCF).

Además, la mayor parte de las personas encuestadas considera que un paciente o superviviente de cáncer tiene "dificultades", tanto sociales como psicológicas, a la hora de reincorporarse al mundo laboral. Asimismo, afirman que han encontrado "limitaciones" para realizar el mismo trabajo que hacían antes de ser diagnosticados. "Es muy difícil demostrar ese parón en el currículum vitae por el cáncer. Hay que hacer algo para que no haya repercusiones en las empresas. Somos perfectamente válidos y podemos trabajar como cualquier otra persona tras superar la enfermedad", ha reivindicado Barragán.

En cuanto a acceso a tratamientos, el 54% de los pacientes y familiares encuestados considera que existe inequidad en función del "código postal" para tener disponibles estos medicamentos. Algunos profesionales sanitarios también reconocen este tipo de problemas en la encuesta, algo que refuerza la opinión de GEPAC, según su presidenta.

El 87% de las personas con cáncer aceptaría formar parte de un ensayo clínico

La encuesta desvela que pacientes, familiares, profesionales sanitarios y quienes no tienen contacto con la enfermedad conocen qué es un ensayo clínico pero, aunque creen en su utilidad, algunos de ellos no estarían dispuestos a participar en uno.

El 87% de las personas con cáncer aceptaría formar parte de un ensayo clínico, un argumento que, para GEPAC, "lleva a pensar en la necesidad de inversión en investigación en cáncer". "Hay que hacer mayor hincapié en la importancia de los ensayos. Es una forma de ayudar tanto a la investigación como a nosotros mismos", ha valorado Barragán.

El mayor porcentaje de la población coincide en que ninguna dieta puede ser sustitutiva de los tratamientos médicos oncológicos. "Somos totalmente contrarios a estas terapias y nos preocupa muchísimo que se usen en sustitución de los tratamientos convencionales", ha recordado la presidenta de la asociación de pacientes.

Barragán ha lamentado, en cambio, que existe un "gran desconocimiento" por parte de la población sobre los profesionales que conforman un equipo multidisciplinar en cáncer (médicos, enfermeros, nutricionistas, trabajadores sociales, psicooncólogos, fisioterapeutas, etc.). El 57% de los pacientes encuestados asegura que no ha sido informado por su médico sobre el soporte de otros profesionales y solo el 53% de ellos ha contado con un equipo multidisciplinar durante su proceso oncológico.

A pesar de ello, la mayor parte de grupos poblacionales encuestados considera útil recibir ayuda de otros expertos de la salud, con un acuerdo del 99%. Para todos resulta "fundamental" el apoyo psicológico, seguido de Enfermería y Nutrición desde el diagnóstico de la enfermedad.


Fuente: www.publico.es
Fotografía: cincodias.elpais.com

miércoles, 12 de junio de 2019

Pfizer ocultó que uno de sus medicamentos podría combatir el Alzheimer

La compañía Pfizer tiene evidencias de que uno de sus fármacos puede prevenir el Alzhéimer en un 64% de los casos. Lo publicó el miércoles se la semana pasada "The Washington Post". El hallazgo llegó en el curso de otra investigación. Comprobar su efectividad requiere unos ensayos clínicos de elevado precio y la farmacéutica no está dispuesta a asumir el gasto, según explica el diario en su información. "¿Por qué no lo contó al mundo?", se pregunta el periódico ya que fue en 2015 cuando detectó los hallazgos de su investigación. 


El fármaco en cuestión trataba la artritis, pero los investigadores de Pfizer se dieron cuenta que, además, reducía las probabilidades de sufrir Alzhéimer. Los científicos pusieron este descubrimiento en conocimiento de la empresa y la farmacéutica optó por no investigarlo. El coste de hacerlo ascendía a más de 80 millones de dólares. Los médicos consultados por "The Washington Post" critican que Pftizer no haya hecho públicos esos datos, que les permitirían ampliar conocimientos sobre la enfermedad.

La compañía dijo al periódico Post que decidió durante distintas revisiones internas que el medicamento Enbrel no se mostró prometedor para la prevención del Alzheimer porque no llegaba directamente al tejido cerebral. "Se consideró que la probabilidad de un ensayo clínico exitoso es baja. Una sinopsis de sus hallazgos estadísticos preparados para publicación externa, explica que no cumplió con sus estándares científicos rigurosos", según se puede leer. 

Cada año se diagnostican 100.000 nuevos casos y se espera que esa cifra se triplique en 2050, según la Fundación Alzheimer España. La principal hipótesis para explicar la procedencia de la enfermedad apunta a una acumulación de placas de proteínas amiloides en el cerebro en primer lugar, a la aparición después de ovillos de otra proteína, tau, que destruyen las neuronas. Luego llega un proceso posterior de inflamación. Cuando aparecen los síntomas y se diagnostica, los daños en el sistema nervioso son irreversibles y ningún medicamento se ha mostrado eficaz para paliarlos. 


Fuente: cadenaser.com
Fotografía: www.huffingtonpost.es

jueves, 6 de junio de 2019

100 millones de personas entran anualmente en pobreza extrema por el coste de la sanidad

Alrededor de 100 millones de personas al año en todo el mundo entran en situación de pobreza extrema por el coste de la atención sanitaria, según ha estimado la Organización Mundial de la Salud (OMS), que anima a impulsar la inversión en Atención Primaria (AP) para "facilitar el acceso a los más vulnerables, construir sociedades más equitativas y ayudar a las economías a crecer".

"Nadie debería tener que decidir entre la medicina de su madre y la educación de su hijo. La salud es un derecho humano. Necesitamos una AP sólida para poder detectar, examinar y tratar, así como proporcionar información y asesoramiento a las comunidades para prevenir y tratar estas enfermedades", ha señalado el director regional de la OMS para el Pacífico Occidental, Takeshi Kasai.

En esta región, la OMS lamenta que "demasiadas personas" carecen de acceso a los servicios sanitarios que necesitan. "Para algunas, los servicios están demasiado lejos. Otras no saben cuándo ni dónde buscar atención. Otras temen el estigma y la discriminación. Muchas simplemente no tienen suficiente dinero", recogen.


Gasto poco eficiente

Al respecto, calculan que una de cada cinco familias en esta zona gasta más del 10% de sus ingresos en la sanidad. En los países de ingresos medios del Pacífico Occidental, casi la mitad del costo de la sanidad es sufragado por los pacientes, mientras que en los países de ingresos altos los servicios sanitarios se financian predominantemente con fondos públicos. "Aunque el gasto gubernamental en salud está aumentando en general, los fondos no siempre se utilizan de la manera más eficiente", advierte Kasai.

Por otra parte, el organismo advierte de la "crisis" de las enfermedades no transmisibles: cuatro de cada cinco muertes en el Pacífico Occidental están causadas por este tipo de patologías, como cáncer, diabetes y enfermedades cardíacas, mientras que más de 100 millones de personas sufren problemas mentales. "Las enfermedades no transmisibles serán devastadoras si no invertimos ya en Atención Primaria", comenta el responsable de la OMS.


Fuente: www.elperiodico.com
Fotografía: elpais.com

miércoles, 29 de mayo de 2019

La multinacional Fresenius, líder de la sanidad privada, sobornó a médicos de la sanidad pública

El grupo pagaba para que le derivaran pacientes, se comprara su maquinaria más cara y acceder a información privilegiada de concursos públicos.

Fresenius ha admitido las prácticas y un pago de 200 millones de euros en EEUU para evitar un proceso judicial.


El grupo alemán Fresenius, dueño de Quirón Salud (el líder de la sanidad privada en España), ha admitido que sobornó a jefes de servicio de hospitales públicos españoles para favorecer su negocio de diálisis, según cuenta este viernes El País. La existencia de los sobornos fue adelantada por Vozpopuli.

Fresenius ha tenido que aceptar que llevó a cabo estas prácticas fraudulentas para librarse de un proceso judicial en EEUU. La compañía ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia y pagará unos 200 millones de euros para evitar ser procesada. La Comisión de Bolsa y Valores estadounidense ha publicado el acuerdo, según el periódico.

La práctica era sencilla: Fresenius, que también encabeza el sector de la diálisis para pacientes renales, pagaba dinero, proporcionaba viajes, regalos o contratos de consultoría sin control a cambio de que los directivos sanitarios les derivasen pacientes, adquirieran en sus centros la maquinaria más cara o les adelantaran información sobre las licitaciones públicas.

El documento, informa El País, señala como receptores de sobornos a la doctora María Dolores el Pino (presidenta de la Sociedad Española de Nefrología y hasta hace poco jefa de servicio en el hospital Torrecárdenas de Almería) y a Antonio Galán, jefe de Nefrología en el Hospital General de Valencia. Otra de las prácticas desveladas es la compra por parte de Fresenius de clínicas de diálisis a médicos que también ejercían en hospitales públicos. Luego, el grupo abonaba el 5% de la facturación de estas clínicas por las derivaciones que recibían para aplicar diálisis desde la sanidad pública donde continuaban los antiguos dueños de los centros. En algún caso, los pagos llegaron a 2,7 millones de euros. 

Los sobornos de Fresenius también se extendieron a México, Angola, Marruecos, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Turquía o China.


Fuente: www.eldiario.es / elpais.com / www.vozpopuli.com
Fotografía: contrainformacion.es

martes, 21 de mayo de 2019

La agresión al personal sanitario estará penado hasta con cuatro años

En los últimos cinco años se han contabilizado más de 2.000 agresiones al personal médico en toda España. En ocho de cada diez casos, con lesiones físicas. Una vez en el juzgado, esos ataques se pueden considerar tanto faltas como delitos, algo que la Organización Médica Colegial (OMC) lleva años peleando por cambiar. La aprobación en el Congreso de los Diputados de la reforma del Código Penal el jueves pone fin a esa heterogeneidad: agredir a médicos o profesores cuando trabajan es atentado contra la autoridad y conlleva hasta cuatro años de cárcel.


Una enmienda al artículo 550 del Código Penal aclara cuándo se produce un atentado contra funcionarios sanitarios y también educativos, algo que la jurisprudencia ya venía recogiendo en muchos casos por la aprobación de normativas autonómicas y pronunciamientos judiciales. La consideración abarca a 570.000 funcionarios docentes, según datos del Ministerio de Educación. También a 115.000 médicos/as y 165.000 enfermeros/as contabilizados en el Sistema Nacional de Salud, además de fisioterapeutas, técnicos y otros profesionales que se suman a otros empleados públicos ya considerados autoridad, como jueces o policías.

Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, calificó este cambio como “el logro más importante en la lucha contra esta lacra” cuando presentó en marzo los últimos datos sobre agresiones a facultativos. La OMC creó en 2009 un Observatorio Nacional de Agresiones poco después de la muerte de la doctora María Eugenia Moreno, una residente de 34 años que fue asesinada por un paciente mientras trabajaba en un centro de salud de Moratalla (Murcia). Pasados los años, muchas fiscalías provinciales fueron firmando protocolos o acuerdos con los sistemas sanitarios regionales para considerar las agresiones como delito de atentado. Incluso cuatro comunidades autónomas –Aragón, Valencia, Extremadura y Castilla y León— han aprobado leyes que así lo prevén, según Alberto Becerra, coordinador del Observatorio.

Becerra dice estar contento y a la vez disgustado con la reforma. Contento porque las denuncias ante una agresión a un médico van a ser tratadas de forma homogénea, considerándolas delito y con pena de cárcel para el agresor. Y disgustado porque “se ha dejado pasar la oportunidad de hacer una ley específica” que incluyera también las amenazas, injurias, vejaciones y coacciones. “No incluirlo de alguna manera supone que se permite la gratuidad del insulto al médico”, señala.

No solo los sanitarios quedarán más protegidos. La Fiscalía General del Estado considera desde 2008 que también los profesores tienen la condición de autoridad a efectos penales. Así lo estableció en una circular para las fiscalías de toda España. Ya distintas comunidades autónomas han impulsado normativas para proteger a los docentes públicos. Madrid abrió el debate en 2009. Le siguieron La Rioja, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla-La Mancha, entre otras. La Lomce incluye a directores y profesores como “autoridad pública” y reconoce que su testimonio prevalece sobre el de la familia o el alumno en caso de conflicto.

     ARTÍCULO 550
  • “Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos”.
  • “Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad” [...] Son “actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas”.

Fuente: https://elpais.com
Fotografía: www.redaccionmedica.com