miércoles, 29 de noviembre de 2017

Por falta de morfina 25 millones de personas mueren con dolor severo en el mundo cada año

Un estudio asegura que las políticas globales que restringen el acceso a los opiáceos provocan el sufrimiento de millones de personas.

Más del 80% de las personas que no tienen acceso a morfina pertenecen a países de ingresos medios y bajos, que reciben menos del 4% de la oferta mundial.

"La desigualdad en el acceso a medicamentos para aliviar el dolor es una de las injusticias más sorprendentes del mundo”, afirma la presidenta de la comisión que ha elaborado el estudio.


"La falta de acceso global a los cuidados paliativos constituye una crisis global y cerrar la brecha entre ricos y pobres es un imperativo moral, de salud y ético". Así se han expresado los miembros de una comisión internacional de expertos sobre cuidados paliativos en un informe que ha sido publicado en la revista médica The Lancet. El estudio ha señalado que, en 2015, más de 25 millones de personas, el 45% de las que murieron ese año, fallecieron "con un grave sufrimiento físico y psicológico". Entre ellos había 2’5 millones de niños, que pertenecían mayoritariamente (98%) a países de ingresos medios y bajos.

La Comisión Lancet sobre Acceso Global a Cuidados Paliativos y Alivio del Dolor es el resultado de un proyecto de tres años en el que han participado 61 investigadores de 25 países. Según los datos recabados por esta Comisión, el número de personas con enfermedades graves que no tienen acceso a analgésicos es de más de 35 millones a nivel global, lo que, unido a las que han fallecido sin cuidados paliativos, eleva el total de personas que no recibieron tratamiento adecuado para el dolor severo a 61 millones.

Los investigadores señalan que más del 80% de estos casos se producen en países de ingresos bajos y medios, donde el acceso a la morfina, "un medicamento esencial y económico para aliviar el dolor", es muy escaso. "La desigualdad en el acceso a medicamentos para aliviar el dolor es una de las injusticias más sorprendentes del mundo", afirma la presidenta de la Comisión, la profesora de la Universidad de Miami, Felicia Knaul. "El mundo sufre una deplorable crisis de dolor, con decenas de millones de adultos y niños de países pobres que viven y mueren con terribles dolores por no tener acceso a la morfina", sentencia esta investigadora.

Más del 95% de la morfina va a países ricos

La comisión afirma en el estudio que "la extremadamente limitada disponibilidad de morfina en los países de ingresos medios y bajos es un ejemplo emblemático de una las desigualdades más extremas del mundo", ya que, de las 298’5 toneladas de morfina distribuidas a nivel global, solo 10’8 toneladas (3’6%) se distribuyen en países de ingresos bajos y medios, y solo 0’1 toneladas (0’03%) llegan a países de bajos ingresos.

Al analizar las necesidades insatisfechas por países se observa que México solo satisface el 36% de su demanda, mientras que Bolivia apenas alcanza el 6% y en Haití, uno de los países más pobres del mundo, el acceso a la morfina es "prácticamente inexistente", al igual que ocurre en muchos países del África subsahariana. En el continente asiático, China tan solo cumple con el 16% de la demanda, mientras que en la India el porcentaje no supera el 4%. 

En el otro lado de la balanza se sitúan países como EEUU o Canadá, donde la distribución de opiáceos es hasta 30 veces superior a la demanda estimada. Aún así, la Comisión considera que en el caso de EEUU, aunque la prescripción inadecuada y el uso no médico de opioides se ha convertido en una epidemia, "muchos pacientes todavía no reciben los analgésicos o la atención médica que necesitan".

Los investigadores concluyen que los problemas de acceso a la morfina en países de ingresos medios y bajos son el resultado de vincular "falsamente" su uso médico con el uso no médico. "En lugar de aplicar una política basada en evidencias para satisfacer las necesidades de la población, se ha obstaculizado el acceso debido al temor a los efectos secundarios", explican en el estudio.

"No podemos permitir que la opiofobia impida el acceso a medicamentos baratos y esenciales a pacientes de bajos ingresos que viven en estado de agonía mientras combaten enfermedades como el cáncer, el VIH o afrontan el final de sus vida", afirma la presidenta de la Comisión.

Más de 5 millones de niños sin tratar

Los autores del estudio también señalan que "las desigualdades globales son especialmente conmovedoras para los más de 5’3 millones de niños menores de 15 años que experimentan dolor severo" y subrayan que el acceso a los cuidados paliativos pediátricos es imperativo en todas partes, pero especialmente en los países de ingresos bajos y medios, a los que pertenecen más del 98% de los 2’5 millones de niños que han fallecido con dolor severo a nivel mundial.

En los países de ingresos altos, los niños que experimentan dolor severo representan menos del 1% de todas las muertes. La Comisión destaca que si la morfina se vendiera a nivel global al mismo precio que en los países ricos, el coste anual estimado para satisfacer la necesidad de analgésicos opiáceos entre la población infantil de los países de bajos ingresos apenas alcanzaría el millón de euros.

La variabilidad en los precios de la morfina que, pese a ser relativamente barata, es más cara en los países de bajos ingresos, es otro de los problemas señalados en el informe. Según los datos recabados por los investigadores, los costes de la morfina oscilan entre los 2 céntimos de euro por cada dosis de 10 mg en países de altos ingresos y los 13 céntimos de media en países de bajos ingresos.

Según las estimaciones realizadas, si se consiguiera vender globalmente la morfina al precio de los países ricos, la distribución de este opiáceo para todos aquellas personas que lo necesitan a nivel mundial costaría poco más de 120 millones de euros, lo que representa apenas un 0,002% del gasto global en salud pública. Con los precios actuales, la inversión total sería de poco más de 500 millones de euros.

Mapa que muestra la distribución de morfina por países

Morir bien en España es cuestión de "azar"

Respecto a la situación en España, el vicepresidente de la Sociedad Española de Cuidados Palitaivos, Alberto Meléndez, ha explicado a eldiario.es que la realidad que refleja el estudio de The Lancet "no es comparable con España", ya que en lo que se refiere al acceso a opiáceos como la morfina "estamos al nivel de los mejores países de nuestro entorno" y "cualquier médico de cualquier especialidad puede recetar el opioide que considere oportuno sin ningún problema".

Sin embargo, Meléndez recuerda que "también hay muchos aspectos en los que tenemos que mejorar", ya que el hecho de que los cuidados paliativos no sean una especialización médica hace que el acceso a estos cuidados paliativos sea "muy errático". "Como no hay equipos especializados en paliativos, morirse bien en España es casi cuestión de azar, y esto es algo terrible", afirma este experto.

Según un informe publicado el pasado año por la SECPAL, en España reciben cuidados paliativos una media de 51.800 personas al año frente a las 105.268 personas que son susceptibles de recibir estos cuidados. "Esto no quiere decir que todas las personas que no son atendidas mueran sufriendo dolor severo, pero hay muchas que no están viviendo bien hasta el final".


Fuente: www.eldiario.es
Fotografías: elpais.com (cuidador-paciente) / www.eldiario.es (Mapa distribución de morfina por países)

martes, 21 de noviembre de 2017

El Gobierno vuelve a reducir el gasto en Sanidad, Educación y Protección Social mientras aumenta el de Defensa

El Gobierno reducirá en 2018, por tercer año consecutivo, la proporción de Producto Interior Bruto (PIB) que destina a Sanidad, Educación y Protección Social. En los dos primeros casos el gasto caerá en dos décimas, con lo que la partida destinada a Educación pasa del 4% al 3,8% del PIB, y la de Sanidad se contraerá del 6% al 5,8%. Por su parte, en la partida destinada a pensiones, servicios sociales y políticas de fomento del empleo, entre otros aspectos, la reducción será incluso mayor: pasará de recibir el 16,5% del PIB a quedarse en el 16,2%. 


Esta rebaja, que ya se apuntó en el Programa de Estabilidad 2017-2020, fue confirmada por el Gobierno en el Plan Presupuestario para 2018 que remitió a Bruselas el pasado 16 de octubre. Desde el Ejecutivo se defiende la reducción argumentando que, en términos absolutos, la inversión en estos conceptos aumentará. Y esto es cierto pero sólo en parte porque no se cumple en todos los casos. En Educación, y teniendo en cuenta los datos de PIB estimados por el propio Gobierno, se producirá una caída efectiva de 567 millones. En Sanidad y Protección Social, en cambio, sí se producirá un leve incremento gracias a que el Producto Interior Bruto crecerá de 1,167 a 1,213 billones de euros. 

Pero, en todo caso, y más allá de las variaciones gracias al notable crecimiento de la economía, lo que resulta indudable es que el Ministerio de Hacienda destinará una menor proporción de los recursos económicos del país a estas tres partidas tan sensibles, tal y como viene haciendo desde 2015. En ese ejercicio, el gasto destinado a Educación estaba en el 4,1% del PIB y durante los años sucesivos la cifra ha ido disminuyendo hasta el citado 3,8%. Además, la previsión del departamento dirigido por Cristóbal Montoro es que la tendencia continúe durante los próximos años.

Lo mismo sucede con Sanidad, aspecto para el que se ha pasado de destinar una partida que suponía el 6,2% del PIB a otra que se queda en el 5,8%. Y la cifra en 2020, según el Plan Presupuestario, será incluso inferior al 5,6%. La inversión en Protección Social, por su parte, superaba el 17% en 2015, pero este año ha caído al 16,5%, retrocederá al 16,2% durante el próximo ejercicio y apenas superará el 16% en 2019.

Todas estas caídas se contextualizan en el paulatino proceso de reducción de gastos que está llevando a cabo el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El gasto total más alto desde que el líder del Partido Popular llegó a La Moncloa se alcanzó en 2012, cuando superó el 48% y a la Protección Social se le asignó una partida que alcanzó el 17,5% del Producto Interior Bruto. El año pasado, cuatro ejercicios después del pico, el gasto total ya había caído al 42,4%, cifra que este año se quedará en el 41% y que en 2019 ni siquiera llegará al 40%.


"Esta contención del gasto se basa en medidas de eficiencia, que permiten seguir reduciendo la ratio de gasto respecto al PIB, pero con ligeros aumentos de gasto nominal. Ello también redunda en el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas a España de aumentar la eficiencia del gasto, en particular en el sector sanitario y farmacia", explicó el Gobierno sobre este punto en el Plan Presupuestario que redactó el pasado mes de abril. 

Las partidas que crecen y las que se mantienen 

A pesar del mencionado recorte de los gastos, hay partidas presupuestarias que sí crecen y que lo harán en 2018. Es el caso de Defensa, que recibirá una décima más y alcanzará el 1% del PIB, por lo que el gasto destinado a este aspecto será de algo más de 12.000 millones de euros. A los Asuntos Económicos también se dedicará una décima más, mientras que las partidas para Protección al Medio Ambiente y Vivienda y servicios comunitarios se quedarán con el mismo gasto. En el primer caso, el Plan Presupuestario contempla una inversión del 0,8% del Producto Interior, y en el segundo la cuantía será del 0,4%.



Fuente: www.elmundo.es
Fotografías: el mundo gráficos (Tabla) / www.gacetamedica.com (ministro de Hacienda y Función Pública)

miércoles, 15 de noviembre de 2017

1.140 presos y presas que padecen hepatitis C en estado avanzado no reciben tratamiento

En las cárceles españolas hay 2.900 presos que padecen hepatitis C en las fases F2 - F4, es decir, con fibrosis avanzada. Según explica el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria, han recibido tratamiento 1.760 personas con la enfermedad en alguna de estas fases. Faltan, por lo tanto, 1.140 personas en ser tratadas.

Estos datos han sido remitidos desde el Ministerio de Interior al de Sanidad y responden a los reclusos que habían iniciado los tratamientos en las cárceles españoles a 31 de julio de este año, salvo los de País Vasco y Cataluña que tienen las competencias transferidas.

En su repuesta, Sanidad aclara que quien determina el tratamiento es un hospital público y que se cumplen los criterios del ministerio que, tras la actualización de junio de este año, incluye a todos los pacientes independientemente de su grado de fibrosis. Por lo tanto, se extiende el número de pacientes a tratar.

El ministerio no aclara que presos están en fase F0 y F1. No obstante, apunta a que el tratamiento se extenderá a 1.500 personas.   


Precios de medicamentos

En su escrito, el Gobierno actualiza al coste del tratamiento de 12 semanas por paciente según cada uno de los medicamentos utilizados. De esta manera, Harvoni cuesta 12.435 euros; Zepatier, 10.636,59 euros; Epclusa, 14.190,63; la combinación de Daklinza y Sovaldi, 20.100 euros; Viekirax, 10.637,40 euros; y la combinación de Viekirax y Exviera, 11.562,30 euros. 


Fuente: www.redaccionmedica.com
Fotografía: www.huffingtonpost.com

martes, 7 de noviembre de 2017

Los seguros médicos privados se disparan mientras mientras van "desmontando" la Sanidad Pública

Los sucesivos recortes en la Sanidad pública efectuados por el Gobierno del Partido Popular han supuesto un gran negocio para las aseguras privadas, que han experimentado desde 2012 un boom en su número de asegurados, personas que buscan una atención médica privada ante el desmantelamiento de los servicios públicos, según denuncia la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS-Madrid) basándose en los datos recogidos por la Fundación IDIS.

Según estos datos, el número de asegurados ha ido creciendo hasta situarse en 2016 en más de siete millones de clientes, un incremento del 32% en los últimos diez años, casi 1,8 millones de nuevos contratos.

Los motivos de este aumento de pólizas de seguros privados se encuentran, para CAS-Madrid en el aumento de la privatización de la Sanidad Pública y el deterioro de los servicios públicos debido a los recortes: “A menor gasto sanitario público, mayor privatización, más deterioro asistencial y mayor contratación de seguros privados”.

Los recortes introducidos a partir de 2012 han traído consigo una fuerte reducción en el número de trabajadores, camas, inversiones, etc., que ha dado lugar a un deterioro generalizado de los hospitales y el resto de centros sanitarios públicos, denuncia el colectivo, que destaca que este deterioro se hace patente en el desmedido aumento de las listas de espera quirúrgica, diagnóstica y de consultas, que ha llevado a muchas personas a contratar pólizas de seguros privados para evitarlas.

Concretamente, la lista de espera quirúrgica se ha disparado pasando de las 362.762 personas en 2006 a alcanzar la cifra de 614.101 personas, un 69,28% más.

Por otro lado, la coordinadora señala que aunque desde 2006 se ha producido un incremento del gasto sanitario público del 17,76% (aunque un descenso en porcentaje del PIB, que caerá por debajo del 6% en los Presupuestos Generales de 2018), este dinero no se ha traducido en una mejora de la asistencia, “ya que se ha dedicado fundamentalmente a pagar a las empresas privadas que gestionan la Sanidad Pública y a las multinacionales farmacéuticas, en vez de dedicarse a mejorar el sistema”.

La evolución del incremento de contratos de pólizas privadas se plasma en los datos de IDIS, que muestran cómo se pasa de los 5,3 millones de españoles en 2006 a los 6,7 en 2010 y los más de 7 en 2016.
Aunque entre 2010 y 2012 hay una ligera caída en los asegurados, esto no ha supuesto una merma de ingresos para las aseguradoras, ya que se tradujo en un aumento del precio de los seguros que después no disminuyó al volver a aumentar los clientes.

“A pesar de la crisis, el promedio de prima por asegurado/a ha aumentado en el período señalado en 179 euros, nada menos que un 32,46%”, señala la coordinadora.


Otro dato que destaca el colectivo para relacionar el aumento de seguros privados con la baja inversión en sanidad pública es el caso de Cataluña y Madrid, las dos zonas con mayor porcentaje de seguros privados y que resultan ser dos de las comunidades que menos dinero invierten per cápita en sanidad pública, así como a la existencia de la concertada: “A mayor cantidad de conciertos con dinero público, mayor aumento de pólizas”.


Para la Coordinadora-Antiprivatización, la conclusión es que el deterioro del Sistema Nacional de Salud “lo han producido las políticas capitalistas que solo buscan el beneficio de empresas privadas”, y en este escenario, “uno de los sectores que más gana es el de las empresas aseguradoras de asistencia sanitaria, que, pese a la ‘crisis’, cada año aumentan el número de asegurados/as y, en consecuencia, disparan sus beneficios”.



Fuente: http://postdigital.es
Fotografías y tablas: Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS)