En 30 días de tratamiento oncológico hay pacientes aragoneses que deben recorrer hasta 9.000 kilómetros

La falta de aceleradores en Huesca o Teruel obliga a los enfermos oncológicos a desplazarse a Zaragoza. Especialidades como Neurocirugía, Quemados o Cirugía Torácica también se concentran solo en el Servet o el Clínico.

Hasta 9.000 kilómetros tienen que recorrer algunos pacientes oncológicos para recibir radioterapia durante los 30 días de media que dura un tratamiento en Zaragoza. La concentración de máquinas o algunas especialidades en las capitales obliga a cientos de aragoneses a desplazarse hasta allí con los consiguientes trastornos laborales y personales que esto ocasiona. Algunos expertos apuestan por la desconcentración y la apertura de unidades satélites, pero otros abogan por extender la telemedicina e incrementar los recursos para facilitar los desplazamientos.

La dispersión geográfica en Aragón es un hecho. Gran parte de la población se concentra en las capitales de provincia, donde también se ubican los grandes hospitales con la mayoría de pruebas diagnósticas y especialidades. El Departamento de Sanidad ha trabajado en los últimos años por intentar descentralizar algunos servicios e incluso, dentro de las limitaciones por la falta de médicos, que algunos facultativos se desplacen y pasen consulta varios días a la semana en centros periféricos. No obstante, la realidad obliga a que muchos ciudadanos tengan que recorrer bastantes kilómetros para recibir atención sanitaria más especializada.

Uno de los casos más llamativos es el de algunos pacientes con cáncer. Más del 60% deben recibir radioterapia durante su enfermedad. La falta de aceleradores en Huesca y Teruel les fuerza a tener que desplazarse para el tratamiento, que suele prolongarse una media de 30 sesiones. Aunque el Gobierno de Aragón facilita poder ir a Valencia o Lérida en las zonas limítrofes, la mayoría de enfermos eligen o tienen que desplazarse hasta la capital aragonesa.

Desde el pasado mes de septiembre, los pacientes pueden solicitar ir en taxi (hay 12 rutas). Aun así, según datos de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zaragoza que gestiona este servicio, este mes de octubre, hay pacientes que desde Jaca recorren cerca de 300 kilómetros diarios (totales de ida y vuelta) para ir hasta el hospital Clínico de Zaragoza a recibir radioterapia. Esto supondrá que si su tratamiento dura una media de 30 sesiones tengan que hacer hasta 9.000 kilómetros. Pero no es el único caso. Con el mismo destino, un enfermo de Huesca hace diariamente unos 150 kilómetros, mientras que uno de Samper de Calanda (Teruel) llega a los 180.

Otras especialidades

Tener que coger el coche, el autobús o incluso el tren para ver al especialista es algo que forma parte del día a día de muchos aragoneses. Desde La Iglesuela del Cid, comarca del Maestrazgo, recorren 100 kilómetros para ir al Obispo Polanco. Y los vecinos de Cerler tienen su hospital más próximo, el de Barbastro, a 96 kilómetros.

Además, los hospitales Miguel Servet y Clínico de Zaragoza son referencia para todo Aragón en especialidades como Neurocirugía, Medicina Nuclear, Cirugía Torácica y Cardiaca o Quemados. Así que todos los pacientes deben acudir a estos cuando requieren una consulta o intervención de este tipo. También la Cirugía Pediátrica y la de Neonatología se derivan al hospital Infantil de la capital aragonesa.

Diferentes opiniones

Pero, ¿cuál es la solución para hacer frente a esta peculiaridad geográfica y asistencial? Hay disparidad de opiniones respecto a esta pregunta. La Asociación Española Contra el Cáncer ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad de crear unidades satélites con aceleradores en Huesca y Teruel para reducir los desplazamientos que tienen que hacer algunos pacientes con cáncer. De momento, el Departamento de Sanidad ha invertido en la renovación de los equipos de Zaragoza y ha adquirido tres nuevos. Además, debido a la presión social, ha dejado la puerta abierta a que se instale una máquina en el nuevo hospital de Teruel.

La presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza, Concha Ferrer, rechaza la idea de llevar los servicios sanitarios a la puerta de casa de los ciudadanos y considera que se debe luchar por mejorar y garantizar la movilidad de la gente. "Hay que valorar el coste de los recursos sanitarios y la calidad del tratamiento que vas a ofrecer. ¿Quién tendrá más experiencia aquel que opera cientos de personas o el que interviene a medio centenar?", sostiene la representante de los facultativos. "Por no hablar de que en estos momentos tenemos una evidente falta de especialistas", añade.

Con más dudas se muestra el presidente de la Sociedad Aragonesa de Neurocirugía, Jesús Aguas. Asegura que es "fiel defensor" de la neurocirugía de proximidad ya que es la que garantiza la mejor atención en el menor plazo posible. "El tiempo crítico para atender a un paciente no debería pasar de cuatro horas. Esto es un esfuerzo de coordinación y recursos muy importante", explica. No obstante, reconoce que para abrir un nuevo servicio de Neurocirugía en un hospital se debe garantizar tanto un mínimo de población asignada de 300.000 habitantes como de casos atendidos. "Igual lo que habría que hacer es un esfuerzo en mejorar la movilidad, los transportes, pero quizás también en intentar repoblar determinadas zonas", concluye.

Fuente: www.heraldo.es

Fotografía: www.rtve.es

Investigan en Londres una nueva cura potencial del cáncer de páncreas mediante "células asesinas", incluso con metástasis

Un nuevo enfoque para tratar el cáncer de páncreas usando "células asesinas educadas" se ha mostrado prometedor, según una investigación inicial realizada por la Universidad Queen Mary de Londres (Reino Unido). Se trataría, además, de una inmunoterapia personalizada, "extremadamente segura" y sin apenas efectos secundarios.

La nueva inmunoterapia basada en células, que aún no se ha probado en humanos para cáncer de páncreas, hizo que los ratones estuvieran completamente libres de cáncer, incluidas las células cancerosas que ya se habían extendido al hígado y los pulmones.

Cada año, alrededor de 9.800 personas en el Reino Unido son diagnosticadas con cáncer pancreático. La enfermedad es particularmente agresiva y tiene una de las tasas de supervivencia más bajas de todos los cánceres. Esto se debe a que a menudo se diagnostica en una etapa tardía y avanzada, cuando el tumor ya se ha diseminado a otros órganos.

En el estudio, publicado en la revista 'Gut', el equipo utilizó células de cáncer de páncreas de pacientes con enfermedad en estadío avanzado y las trasplantó a ratones. Luego tomaron las células inmunes de los pacientes y las modificaron para identificar y eliminar específicamente las células cancerosas, creando "células asesinas educadas" o células CAR-T.

Y por primera vez, el equipo introdujo una nueva tecnología que les permitió controlar completamente la actividad de las células CAR-T, lo que las hace potencialmente más seguras.

El primer autor de la investigación, el doctor Deepak Raj, de la Universidad Queen Mary de Londres, ha explicado: "La inmunoterapia con células CAR-T ha sido tremendamente exitosa en los cánceres de la sangre, pero desafortunadamente, ha habido efectos secundarios tóxicos en el tratamiento de tumores sólidos. Dado el pronóstico sombrío de cáncer de páncreas con tratamientos convencionales, es de vital importancia que desarrollemos terapias de células CAR-T seguras y eficaces para tumores sólidos, como el cáncer de páncreas".

"Nuestro trabajo --explica-- sugiere que nuestras nuevas células CAR-T 'intercambiables' podrían administrarse a pacientes humanos con cáncer de páncreas, y podríamos controlar su actividad a un nivel que mate el tumor sin efectos secundarios tóxicos en los tejidos normales".

El nuevo sistema 'conmutable' CAR-T del equipo significa que el tratamiento se puede activar y desactivar, o cambiar su actividad al nivel deseado, lo que hace que la terapia sea extremadamente segura y minimiza los efectos secundarios y mejora la seguridad del tratamiento.

La actividad del tratamiento se controló mediante la administración o retirada de la molécula de "cambio" en ratones vivos, sin afectar la capacidad del tratamiento para matar los cánceres de páncreas. El equipo ahora espera llevar esta terapia prometedora a la fase clínica, para probarlo en personas.

Nile Amos, Gerente de Investigación de Pancreatic Cancer UK, ha manifestado el orgullo "de haber financiado esta investigación que destaca el potencial de la inmunoterapia con células CAR-T para combatir el cáncer de páncreas. Durante más de 40 años se ha avanzado muy poco en el desarrollo Nuevos tratamientos para esta enfermedad devastadora, para los cuales la supervivencia sigue siendo inaceptablemente baja".

"Los resultados son extremadamente prometedores, pero hay más trabajo por hacer, por lo que estamos encantados de financiar la próxima etapa de esta ciencia de vanguardia a través de nuestra beca de investigación más grande, el Pancreatic UK Gran Premio de Cáncer", concluye.

Fuente: www.infosalus.com

Fotografía: elpais.com

Detenidos los gestores de iDental al intentar montar una nueva macroestafa

La UDEF de la Policía Nacional ha detenido a 10 personas por la macroestafa de las clínicas dentales iDental, acusadas de pretender orquestar otro entramado semejante para repetir la macroestafa, según ha informado la Dirección General de la Policía. 

Entre los detenidos está Luis Sans, que fue consejero delegado de iDental, y que, según los investigadores, pretendía reproducir a través de testaferros una nueva red llamada Institutos Odontológicos, con 27 centros repartidos por España, informa Efe.

Los agentes de la UDEF han actuado por orden del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga la supuesta estafa de iDental, que cerró sus 24 centros y dejó a decenas de miles de perjudicados. El pasado mes de julio, De la Mata asumió las competencias para investigar este caso, tras recibir una docena de inhibiciones de juzgados de todo el territorio, aunque ya había decenas de procedimientos abiertos por clientes que habían reclamado a la compañía.

Según ha explicado la Policía, la operación pretende evitar que en el grupo Institutos Odontológicos se repitan los mismos delitos y no perjudicar ni interrumpir la atención a los pacientes. Hay que recordar que, según el juez De la Mata, sólo el caso iDental ha podido dejar por el camino a "miles de perjudicados, si no decenas de miles".

El pasado miércoles se realizaron registros en Boadilla del Monte (Madrid) y en Alicante y se procedió a el bloqueo y embargo preventivo de propiedades inmobiliarias y de productos financieros de los investigados en más de 33 entidades financieras nacionales e internacionales.

A los diez detenidos se les investiga por delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. 

Tratamientos de baja calidad

La manera de operar de iDental se basaba en un sistema bien conocido en el mundo de la odontología: contratar a personal muy joven y sin experiencia, mal pagado, y ponerles a realizar intervenciones que requieren más experiencia, con material de muy baja calidad. Las clínicas financiaban la totalidad o prácticamente la totalidad de los tratamientos con la colaboración de entidades bancarias como Evo Finance, Cetelem o Santander.

El problema llegaba después, porque muchos tratamientos quedaban sin terminar, o bien daban problemas a los usuarios, por lo que el número de reclamaciones era muy alto. Cuando la Audiencia Nacional se hizo cargo del caso el pasado verano, se habían cerrado de repente las clínicas de 11 ciudades españolas.

Cientos de afectados

El equipo jurídico de FACUA-Consumidores en Acción ultima la personación por el fraude de la cadena de clínicas iDental; concretamente presentará en el Juzgado Central de Instrucción número 5 los escritos de personación de los cincuenta primeros afectados que le han aportado la documentación necesaria. 

Según informa en una nota, ya son más de 400 víctimas de las irregularidades en iDental las que han solicitado a la asociación que las represente en la causa judicial que instruye el juez José de la Mata. Y casi 5.000 afectados por el fraude de las clínicas dentales se han unido a FACUA para recibir asesoramiento sobre sus derechos. 

Entre otras acciones, la asociación está tramitando multitud de reclamaciones ante las entidades que financiaban los tratamientos para que paralicen el cobro de los recibos y reembolsen a los usuarios la totalidad o parte del dinero abonado ante la paralización de la actividad de iDental.

Fuente: www.elmundo.es

Fotografía: www.heraldo.es

Los tribunales estiman casi la mitad de los casos de incapacidad permanente rechazados por la Seguridad Social cada año

Cerca de 50.000 asuntos que la Seguridad Social rechaza como incapacidades permanentes llegan a los tribunales. De ese total, unos 20.000 son estimados tras una batalla judicial que puede durar un par de años.

“Desde la reforma de la Seguridad Social por la Ley 27/2011, se han endurecido los criterios para lograr una pensión”, indica Jorge Campmany, socio director de Campmany Abogados, despacho especializado en derecho de la salud y de la Seguridad Social.

Lograr que se reconozca cualquier tipo de incapacidad, y más una incapacidad permanente no es sencillo. “Habitualmente se empieza por un recurso administrativo que se interpone contra la Seguridad Social acreditando mediante informes médicos y algún informe forense la situación de esa persona. Entre la recepción y contestación de la Seguridad Social suelen trascurrir unos dos meses. Si la respuesta es negativa, como en el 95% de los casos, hay que ir a la vía judicial en un plazo de 30 días”, aclara este abogado.

Antes de esa vía administrativa y judicial, esa persona habrá pasado por el Equipo de Valoración de Incapacidades, el tribunal médico de la Seguridad Social (EVI). Este es el órgano competente  para evaluar, calificar y revisar la incapacidad y reconocer el derecho a las prestaciones económicas contributivas por incapacidad permanente, según Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio.

En un mes habrá un dictamen. Si fuera negativo, se inicia entonces la vía administrativa.

Una vez en el procedimiento judicial “se tiene el primer fallo de los juzgados de lo social en los primeros diez meses. Si es favorable para el afectado, en bastantes casos la Seguridad Social recurre. Cuando se hayan planteado informes forenses que reflejan claramente el estado del trabajo, es factible que la Administración no recurra. Al final el trabajador espera dos o tres años para una sentencia firme sobre su incapacidad”, aclara este abogado.

Este despacho lanzó este pasado mes de junio  un simulador para casos de incapacidad laboral, que puede utilizarse de forma gratuita y hacerte una idea, aunque lo mejor es contactar con el abogado del sindicato y exponer tu caso en particular. En palabras del propio Campmany, con esta herramienta “queremos democratizar al acceso a la información que permita a quienes tienen una lesión o enfermedad hacer valer sus derechos.”

En tan solo unos minutos se puede saber si una solicitud tiene posibilidades de aceptarse, si los requisitos para pedir la incapacidad se ajustan a la ley. Incluso se puede saber la pensión que corresponde en función de la incapacidad.

Es una forma, según este jurista, de acudir a los tribunales con garantías. Y “saber el tipo de invalidez que se puede reconocer permite hacer determinados planes, como por ejemplo complementar los ingresos con otros trabajos compatibles, gestionar determinados beneficios como descuentos en suministros, transporte, etc.”.

Una batalla judicial necesaria

Pese a que son miles de casos los que se llevan a los tribunales y logran ser reconocidos como incapacidad permanente, el número de personas que percibe una pensión por ello es mínimo. Solo un 0,5 por ciento de españoles son pensionistas por incapacidad laboral. En algunos casos se aplica sólo a la profesión que desarrollaba cuando surgió el problema, mientras que en otros se aplica a cualquier trabajo, dependiendo del grado de incapacidad.

“Hay casos en los que una gran invalidez tiene que acabar en un tribunal. En estos casos, los pensionistas tienen que hacer valer sus derechos para que no solo se reconozca su caso y recibir una pensión, sino también un complemento de cara a contratar ayuda profesional, en vista de que no pueden valerse por sí mismos para realizar tareas básicas como levantarse de la cama o lavarse”, destaca este experto.

El montante de la incapacidad depende de la contingencia, esto es del origen de la incapacidad. “Las pensiones medias se sitúan en torno a los 1.000 euros, las mínimas en los 650 euros y las máximas en 2.500 euros con 14 pagas”.

Este reconocimiento supone percibir una pensión debido a que no se puede trabajar, situación que a menudo es mucho más traumática cuando la Seguridad Social se niega a aceptar tal solicitud.

“Si hay tantos casos que se rechazan y posteriormente son aceptados por los tribunales como lícitos, está claro que algo no funciona como debería en este organismo”, indica Campmany que cree que estos casos deben analizarse de forma exhaustiva “para identificar cuáles realmente pueden ser admitidos o despiertan suspicacias sobre la posibilidad de tratar de retrasar el reconocimiento como medida de ahorro para las arcas”.

Ir a la via judicial, un mal necesario

Para Carlos Javier Galán, es socio director de Alberche Abogados y abogado laboralista, “la experiencia es que generalmente, los criterios prácticos que se aplican se van endureciendo por parte de la Seguridad Social y, en muchas ocasiones, la sensación que se tiene es que no se endurece por motivos clínicos, sino por motivos económicos. Cuando peor están las arcas de la Seguridad Social más restrictivo son en materia de incapacidades”.

Al mismo tiempo destaca que “hay un porcentaje amplio de personas afectadas por estas situaciones que no reclaman. En alguna ocasión piensan que van a perder mucho dinero; en otras ocasiones les falta información de las posibilidades que tienen; y también hay una parte que cree que si la Administración se lo deniega es que realmente no tienen derecho a nada, sin informarse de que hay un porcentaje elevado que se consiguen por vía judicial”, aclara este jurista.

A falta de estadísticas oficiales, Galán revela que “la incapacidad permanente absoluta ha desaparecido y se da con cuentagotas en casos muy tasados y que la permanente total se da también con bastantes restricciones. La vía que queda es ir a los juzgados de lo social si el caso está adecuadamente planteado, esto es, muy bien documentado y con periciales que demuestren el grado de afectación de esa persona”.

Habitualmente hacemos ese filtro inicial si vemos que no hay posibilidades de lograr esa incapacidad permanente y la pensión correspondiente”. Esto hace que el margen para la picaresca en estos temas sea muy pequeño.

Según Galán “la Administración debería aprovechar el trámite de la reclamación administrativa previa para no colapsar los juzgados. Se desestiman la mayor parte de ellas de forma automática, e incluso pasa el plazo legal y no hay contestación de la Seguridad Social.  Muchos de estos asuntos podrían tener una solución rápida y no judicializarse en el momento en el que se aportan pruebas en el juzgado de lo social en esa vía administrativa”.

A su juicio, en nuestro país “está aún pendiente la cuestión de la polivalencia funcional, es decir que hay personas con incapacidad permanente total que no podrán trabajar en otro sitio, cuando realmente si estuviera informada podría hacer otras cosas, reciclarse a nivel profesional e incluso cotizando al sistema generando ingresos” .

Una buena pericial que describa la situación actual del trabajador puede ser clave para que el procedimiento judicial por incapacidad se decante del lado del trabajador

En eses escenario judicial destaca que “la Seguridad Social en mucho de estos casos y viendo los resultados pelean esos asuntos más de lo razonable. Son juicios que se basan mucho en las periciales; contrastar el Equipo Médico de Incapacidades con las periciales que aportan las partes y, sobre todo, aplicar al caso concreto la profesión habitual en el momento de la baja”.

Para que el juez estime el tema la clave reside en “aportar todos los informes médicos, los más completos posible, una buena pericial médica que describa las limitaciones existentes y proyectarlo sobre el trabajo concreto. Por qué no puedes hacer tu trabajo habitual”. Los jueces “lo contrastan todo para saber realmente que es lo que cuadra. Esta es una materia compleja que no todos los abogados conocen”.

Fuente: confilegal.com

Fotografía: laboralpensiones.com

Más de 2 millones de personas en todo el estado no retiran medicamentos prescritos por falta de dinero

Un total de 2,18 millones de personas en España no retiran de la farmacia medicinas prescritas por motivos económicos, es decir, el 4,7% de la población, según un estudio publicado por la FADSP.

El portavoz de la Federación ha señalado durante la presentación de un informe sobre los sistemas sanitarios autonómicos, que este dato muestra que el Ministerio de Sanidad "no ha hecho ningún intento de evaluar el impacto sobre la salud de la falta de adherencia a los tratamientos" y ha criticado la "agresión continuada" desde 2010 a la calidad del sistema con un proceso de recortes.

Sánchez Bayle ha recordado que, según el último informe de The Lancet (mayo de 2018) sobre el índice de calidad de los sistemas de salud, España retrocede once puestos en la clasificación internacional de 195 países del mundo.

Para este portavoz, aunque en los últimos tres años se han producido incrementos presupuestarios consecuencia del acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Farmaindustria "ni de lejos se ha recuperado la situación previa a la crisis" y todas las autonomías han visto empeorar sus servicios sanitarios públicos.

Canarias y la Comunidad Valenciana son las comunidades autónomas con la peor atención sanitaria pública, según dicho informe, que se realiza con datos de los tres últimos años y sitúa a Cataluña en el tercer puesto por la cola.

Sánchez Bayle ha señalado la "llamativa" situación de Cataluña que se encuentra en los últimos puestos pese a tener un PIB "relativamente alto", algo que ha achacado a la política de la Generalitat que, a su juicio, ha postergado la sanidad para "dedicarse a otras cosas".

Respecto a Canarias y la Comunidad Valenciana que permanecen en los dos últimos puestos desde hace nueve años, Sánchez Bayle ha considerado que "la desinversión y el elevado grado de privatización" han provocado esta "situación crítica".

Por contra, País Vasco, Navarra y Aragón son las comunidades con los mejores servicios sanitarios y se mantienen en los tres primeros puestos en 2018, lo que ocurre desde hace cinco años con cambios en las posiciones relativas.

Según Sánchez Bayle, aunque en los últimos tres años se han producido incrementos presupuestarios, "ni de lejos se ha recuperado la situación previa" de antes de la crisis y ha subrayado la "agresión continuada" a los servicios sanitarios desde 2009, con recortes anuales entre 15.000 y 21.000 millones de euros en todas las comunidades autónomas, "sin excepción".

Fuente: www.rtve.es

Fotografía: www.efe.com