Posible filtración de un test en las oposiciones para el SALUD

El Servicio Aragonés de la Salud (SALUD) ha abierto una investigación interna para tratar de esclarecer una posible filtración de un examen de oposición para cubrir 7 plazas de Nefrología, al que concurrieron medio centenar de aspirantes admitidos y que solo han aprobado 19. Las indagaciones se centran en la presunta implicación de un trabajador del propio SALUD en un hospital público de Zaragoza, que por su puesto laboral podría haber accedido al sistema de redes informáticas donde se custodiaba el ejercicio.

Además, este  mantiene  una relación directa  con una las opositoras, aprobada con la mejor nota, por lo que en principio se piensa que la filtración puede ceñirse en exclusiva a esta persona y no al resto de los candidatos. En cualquier caso, este extremo queda a expensas de los resultados de las diligencias incoadas y, por lo tanto, está en el aire si una eventual anulación de la prueba podría tener carácter general o solo individual. De confirmarse finalmente la filtración con la implicación de este empleado del Salud, no se descarta que el caso acabe en la Fiscalía o en los tribunales ordinarios de justicia.  

Según ha podido saber Heraldo.es, las alertas saltaron entre los propios miembros del tribunal examinador, al comprobar que una de las aspirantes había acertado 108 de las 110 preguntas del test  (las 100 ordinarias, más otras 10 de reserva para eventuales anulaciones o impugnaciones entre las primeras). Se da, además, la circunstancia de que las dos únicas preguntas falladas por esta persona son  justo las que un examinador había decidido cambiar poco antes del examen. Una vez realizado, se atendieron también impugnaciones a cuatro preguntas que fueron reemplazadas por las cuatro primeras de reserva.  

Tras reparar en esta coincidencia y en que la nota resultante era llamativamente alta, fuera de los valores normales de probabilidad, el tribunal se reunió para estudiar el caso.  Posteriormente, al menos uno de sus integrantes puso oficialmente los hechos en conocimiento del Departamento de Salud de la DGA, que ha abierto la investigación que concluirá en los próximos días.   

De momento, solo ha trascendido que el examen investigado ha obtenido una puntuación de 97 sobre 100, con la que se da por hecho que la opositora tiene prácticamente garantizada una de las siete plazas ofertadas, incluso antes de que se valoren los méritos de cada uno de los aprobados que han pasado a la fase final de concurso. La diferencia entre esta primera nota y las otras cinco siguientes es realmente significativa: del 86 de la segunda y el 82 de la tercera, a los 70 del sexto mejor ejercicio.   

Estas oposiciones, que forman parte del gran paquete de oferta pública de empleo  lanzado en los últimos años por el Gobierno aragonés, se realizaron el pasado abril. Al mes siguiente, en mayo, el SALUD hizo pública la lista definitiva de aspirantes aprobados. En estos momentos, se está en fase de valoración de méritos para la asignación de definitiva de las plazas. Una espera a la que la indagación administrativa de las presuntas irregularidades va a añadir gran tensión e incertidumbre entre los aspirantes finalistas. 

Fuente: www.heraldo.es

Fotografía: iberoeconomia.es

Las farmacias plantean realizar un servicio domiciliario del que ya se encargan profesionales sanitarios

Las farmacias quieren ir a casa de los pacientes, ayudarles con el suministro de fármacos, retirar cajas caducadas y cobrar por ello. Los profesionales sanitarios temen que se "haga negocio" con la salud.

Los farmacéuticos españoles quieren entrar a los hogares de los pacientes más vulnerables para ordenar los medicamentos, retirar las cajas caducadas, suministrar nuevas dosis o tomar la tensión. Son algunos de los servicios a domicilio que están planteando a las administraciones públicas en busca de su beneplácito —sin el cual no podrán operar en ese sentido—, pero no lo tendrán fácil. Muchos profesionales sanitarios se oponen a ese nuevo rol asistencial de las farmacias, empezando por los enfermeros.

"Es una privatización encubierta de la sanidad pública. Existiendo médicos y enfermeros que pueden realizar esa labor sin ningún interés económico detrás, no tiene ningún sentido", zanjan desde el Consejo General de Enfermería en referencia a la atención domiciliaria en ese sector, todavía en vías de desarrollo. De hecho, la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante presentaron una batería de propuestas la semana pasada en el VIII Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios (Alicante), donde asistieron representantes del sector público.

¿Quién sufragará la atención a domicilio? Esa es la clave que enfrenta a farmacéuticos y enfermeros. Los primeros defienden que los pacientes deben pagar por ese servicio para que sea sostenible en el tiempo, si bien se muestran partidarios de que esté subvencionado con fondos públicos. Los segundos rechazan de manera tajante que la persona que revisa los fármacos de personas mayores, dependientes o enfermos crónicos en su casa sea la misma que se los vende y temen intrusismo por parte de las farmacias.

"No se trata de invadir las competencias de nadie sino de sumar, complementar, pero en ningún caso sustituir", puntualizan desde SEFAC tras dejar claro que la iniciativa debe desarrollarse de manera coordinada, consensuada previamente con médicos, enfermeros, asistentes sociales y otros profesionales sanitarios. "Si la administración pública quiere financiar ese servicio, que saque más plazas de profesionales sanitarios" dependientes del Sistema Nacional de Salud (SNS) y no de un "negocio" como es la oficina de farmacia, responden desde el Colegio General de Enfermería.

En cualquier caso, SEFAC echa en falta una regulación homogénea en toda España que permita dispensar medicamentos fuera de las farmacias, requisito sin el cual será complicado que sus propuestas se materialicen en todo el territorio nacional. Sí se están negociando ya conciertos con algunas comunidades autónomas o incluso con ayuntamientos, lo que ha dado pie a proyectos piloto de atención domiciliaria ya en marcha en la Comunidad Valenciana, por ejemplo. La iniciativa de los farmacéuticos ha tenido buena acogida en el gobierno que comparten Ximo Puig y Mónica Oltra, a diferencia del 'modelo Alzira' de colaboración público-privada entre hospitales.

País Vasco también ha dado luz verde a algunas propuestas en el marco de farmacia comunitaria, como la revisión de patologías crónicas. Un ejemplo es el programa piloto de seguimiento de la diabetes 'mellitus' tipo 2, con un coste de 22 euros por paciente, farmacia y mes. Aún no hay nada firmado en cuanto a atención domiciliaria, aclaran fuentes de la Consejería de Sanidad vasca. Sí existen precedentes remunerados en otros países como Reino Unido, Australia, Canadá o Estados Unidos, donde también es posible vacunarse en las farmacias, si bien su modelo sanitario tiene poco que ver con el español.

El Ministerio de Sanidad confirma que no ha recibido ninguna propuesta formal para financiar los servicios a domicilio, como tampoco lo ha hecho la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. No obstante, el nuevo anteproyecto de Ley de Farmacia de la capital abre la puerta a la atención domiciliaria para "aquellos pacientes en situación de vulnerabilidad sanitaria y mayores dependientes".

"Estamos potenciando aspectos que hasta ahora no se habían potenciado", indica el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en una entrevista con este periódico. Jesús Aguilar confía en seguir profundizando en el rol asistencial de las farmacias y aboga por extender este tipo de servicios a toda la población española. "Los ciudadanos nos lo reclaman todos los días, pero queremos hacer las cosas de manera regulada".

Y pone como ejemplo el "éxito" de los programas de cribado de cáncer de colon en Cataluña, con una adherencia del 46% frente al 16% registrado antes de que las farmacias se implicasen en este asunto. "El envejecimiento de la población y la cantidad de pacientes polimedicados o con enfermedades crónicas justifican medidas como la revisión de botiquines en los hogares de los pacientes", añade.

Según el Consejo General de Enfermería, los farmacéuticos "se han inventado una especialidad que no existe" —en referencia a la farmacia comunitaria— cuando otros profesionales sanitarios ya realizan esa labor. Cada año se registra al menos un millón de visitas a domicilio de enfermeros a pacientes crónicos o polimedicados, añade este organismo. Una de sus actuaciones es precisamente revisar los botiquines y velar por la adherencia al tratamiento, algo que, a ojos de los boticarios, no es incompatible con sus iniciativas.

Fuente: www.elconfidencial.com
Fotografía: lareplica.es

El plan del Gobierno hasta 2021 se resume en: menos sanidad, más defensa y menos educación

El Gobierno ya tiene listo su Programa de Estabilidad para los próximos cuatro años, y que envió a la Comisión Europea. En el informe, el Ejecutivo desarrolla su plan fiscal hasta 2021 que gira en torno a dos líneas básicas: la contención del gasto y el ajuste presupuestario gracias a los ingresos cíclicos. En concreto, el Ministerio de Hacienda pretende conseguir el primer superávit público en 14 años en 2021. Para conseguirlo, ha decidido reducir paulatinamente la presión fiscal que soportan los contribuyentes y cargar todo el ajuste sobre el gasto público.

Si consigue cumplir sus planes, en el año 2021 habrá logrado reducir el peso del sector público sobre el PIB hasta el 38,5%, el dato más bajo desde el año 2006. Entre las partidas que sufrirán un mayor ajuste están las de sanidad y educación, que irán reduciendo su peso en el PIB hasta caer a niveles de 2003. De esta forma, el Ejecutivo culminará sus planes para reducir el tamaño del Estado y permitir que el dinero se quede en los bolsillos de los contribuyentes.

El peso conjunto de las partidas destinadas a educación y sanidad caerá en el año 2021 hasta el 9,4% del PIB, lo que supone un ajuste de 7 décimas en cuatro años. Este será el menor gasto desde el año 2003. Esto no significa que las dos partidas vayan a reducirse en términos absolutos, pero como su gasto estará muy contenido, el peso sobre el PIB se irá reduciendo año a año. En otras palabras, el esfuerzo que realizará España cada año a financiar la educación y la sanidad será menor.

El menor gasto en sanidad y educación desde 2003

Además, si se tiene en cuenta que la inflación se comerá una parte de los nuevos recursos, el resultado es que España estará condenada a perpetuar los recortes de los últimos años en sanidad y educación, partidas que no disfrutarán de los beneficios de la recuperación.

El gasto sanitario, que en 2017 cayó hasta el 6% del PIB, se seguirá reduciendo hasta situarse en el 5,6% en 2021. De esta forma, el esfuerzo público del país en salud será el más bajo desde el año 2006 y estará muy lejos del 6,8% que llegó a alcanzar en 2009. Un escenario que contrasta con el envejecimiento de la población española, que demandará cada vez más bienes y servicios sanitarios.

La partida que ha crecido durante la crisis son las pensiones (protección social)

Por su parte, el gasto en educación se reducirá desde el 3,9% de 2017 hasta el 3,7%. Un recorte que supone una gran anomalía para España, ya que desde el año 2001 siempre había destinado más de un 4% del PIB a financiar la educación pública y concertada. Sin embargo, los planes del Gobierno son diferentes y pasan por reducir el esfuerzo destinado a financiar la educación durante los próximos años. El resultado es que el peso de la educación será el más bajo desde el año 2000.

Más defensa y menos educación

En estos cuatro años de Programa de Estabilidad, el gasto público se incrementará un 11,2%, hasta superar los 530.000 millones de euros. Si se tiene en cuenta que la inflación en este periodo estará próxima al 6,7% (según las previsiones del deflactor del consumo privado del Gobierno), el resultado es que el gasto real se incrementará poco menos de un 4,6% hasta 2021.

La partida que más va a crecer es la destinada a defensa, que se incrementará un 6,7% en términos reales. De esta forma, conseguirá mantener su peso en el 0,9% del PIB, nivel muy similar al que tenía antes del estallido de la crisis.

Por el contrario, el presupuesto destinado a la educación apenas se incrementará un 4,2% en estos cuatro años, esto es, crecerá incluso menos que el gasto total de las Administraciones Públicas. Entre los años 2000 y 2009 España siempre destinó más del 10% de su presupuesto a financiar la educación. Sin embargo, los recortes realizados al inicio de la crisis rebajaron su peso hasta el entorno del 9,6% actual. El Gobierno pretende perpetuar estos recortes para liberar recursos públicos que vayan a otras partidas, como es la de defensa, que pasará a tener un peso del 2,2% del gasto total.

El Gobierno también pretende recortar paulatinamente el peso de las prestaciones sociales sobre el PIB durante los próximos años. El objetivo es que crezcan más lentamente que el PIB, y eso a pesar de que el envejecimiento de la población genera una gran presión sobre el gasto en pensiones. El Ministerio de Hacienda confía en que el gasto en todas las prestaciones se reduzca en siete puntos del PIB durante los próximos cuatro años, hasta situarse en el 15,9%. De esta forma, se tendrán las prestaciones sociales más bajas desde el año 2008.

Fuente: www.elconfidencial.com

Fotografía: www.europrensa.com

Gráficos Estadística: www.burbuja.info

Amnistía Internacional critica a España por el deterioro de la Sanidad Pública

Amnistía Internacional denuncia en un nuevo informe los efectos para la atención sanitaria de las medidas de austeridad impuestas en la crisis.

La restricción de la sanidad a inmigrantes, el aumento del tiempo de espera, el copago farmacéutico o la reducción de las plantillas "han deteriorado la accesibilidad, la asequibilidad y la calidad", dice la ONG.

Los recortes también impactan en las condiciones de los sanitarios, que confirman que ven a más pacientes y trabajan jornadas más largas.

"Muchas personas me dicen: por favor, recéteme algo barato para que pueda pagarlo". "Este mes no voy a la farmacia porque no me puedo permitir los medicamentos que tengo que pagar". "Soy una enferma mastectomizada, y necesito sujetadores especiales que cuestan entre 70 y 100 euros que no cubre la Seguridad Social. Pero no es un lujo". Son palabras reales de sanitarios y pacientes que han visto cómo en los últimos años  el sistema de salud se ha deteriorado por los recortes impulsados por el Gobierno.

Es lo que denuncia Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado a últimos del pasado mes de abril. La receta equivocada. El impacto de las medidas de austeridad en el derecho a la salud en España explora los efectos que las medidas de austeridad impuestas durante la crisis han tenido en la población y esgrime como principal conclusión que "han deteriorado la accesibilidad, la asequibilidad y la calidad de la atención". 

Son medidas que han tenido un impacto "particular y desproporcionado", resume la ONG, en personas en riesgo de exclusión, de rentas bajas, con enfermedades crónicas, en personas con discapacidad, mayores o las que reciben un tratamiento por salud mental. Y es que la aplicación regresiva de las medidas en combinación con la manera en que se aplicaron en nuestro país lleva a AI a asegurar que España "ha violado el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de disfrute de salud física y mental".

"Todos hemos sufrido los recortes: enfermeras, médicos, pacientes, familias... todos", dice una enfermera empleada en el sistema público de salud. El abanico de recortes ha salpicado a todos los sectores del sistema, al contrario de lo que debería haber hecho el Ejecutivo, dice la ONG, ante un escenario de aumento de pobreza y vulnerabilidad económica, que requería "un mayor apoyo al sistema de salud público".

Más carga económica para el paciente

Sin embargo, lo que se sucedieron fueron medidas de recorte del gasto público. Las cifras que maneja Amnistía Internacional arrojan una disminución considerable de la inversión total y en 2013 fue un 12,7% más bajo que en 2009. Una disminución combinada con políticas destinadas a recortar el gasto como el Real Decreto 16/2012, que limitaba la atención a las personas inmigrantes en situación irregular en España  y que dejó sin asistencia a 2.300 personas cada día. 

Por otro lado, el Gobierno reestructuró la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, de manera que más productos y servicios comenzaron "a estar sometidos a copago". Asimismo, introdujo el copago farmacéutico "en algunos casos para personas que antes podían acceder de forma gratuita e incrementó la proporción de copago de otros". Por último, implantó una serie de criterios para decidir qué medicamentos estarían financiados públicamente y cuáles no. A raíz de ello se eliminaron del sistema más de 400, calcula Amnistía Internacional.

Todo ello ha aumentado la carga económica de la atención sanitaria en los pacientes. Aunque las cantidades a las que se han referido las personas entrevistadas "no eran altas", explicaron que "les suponía un esfuerzo considerable a causa de sus bajos ingresos o porque tenían que mantener a más personas" con ese mismo dinero. "Muchas personas señalaron la ansiedad y la carga económica que les causaba el incremento de los costes de la atención sanitaria".

Plantillas precarizadas

En esta línea de recortes, el personal sanitario también ha sido una diana de la austeridad del Gobierno en los últimos años y las consecuencias siguen palpándose en los centros de salud y hospitales. Y es que se limitaron las contrataciones y se modificaron las condiciones de trabajo, con lo que médicas, enfermeros, auxiliares y el resto de profesionales de salud han experimentado cómo su trabajo se ha dificultado. Todos los trabajadores entrevistados por la ONG han concluido que ahora ven a más pacientes y trabajan jornadas más largas que antes.

También han asegurado que se sienten "impotentes" y "desilusionados con el sistema" a raíz de los recortes presupuestarios. "Al inicio de la crisis teníamos más fuerza. A medida que han ido pasando los años, nos hemos cansado cada vez más. Llevamos años soportando esta carga", asegura un médico.

Con las plantillas precarizadas, no solo se ven afectadas las condiciones de trabajo, sino la atención de los pacientes, que tienen que sufrir mayores tiempos de espera, deben ser atendidos en menos minutos o viven restricciones de material y tratamientos. Algo que trasladaron todos los entrevistados a Amnistía Internacional y que corroboran los datos publicados por el Sistema Nacional de Salud: en 2010, el tiempo de espera medio para cirugía electiva era de 65 días; en 2016 era de 115 días, casi el doble.

Por otro lado, la reducción de personal sanitario se combinó en los años de la crisis con el aumento de demanda de atención sanitaria, lo que dio lugar a la merma de la cantidad de tiempo que cada profesional puede dedicar a sus pacientes. "Esto tiene especial impacto en los tipos de atención que pueden requerir mucho tiempo y un ejemplo de esto es la salud mental. Todas las personas entrevistadas por Amnistía Internacional que recibían tratamiento de salud mental a través del SNS

consideraban que el tiempo que pasaban con su profesional es insuficiente".

Fuente: www.eldiario.es

Fotografía: http://amnistiaespana.tumblr.com