Algunas movilizaciones contra la política de privatización de la sanidad pública

Privatizaciones, desvío de dinero, plantillas escasas y precarias, expedientes de sanción, fraudes en la contratación… La sanidad pública sigue presentando deterioros aunque los desperfectos pasen más desapercibidos: en Vigo, Madrid, Zaragoza, Granada o Burgos la gestión sanitaria sigue arrojando sombras que provocan movilizaciones.

En Madrid, el pasado 19 de diciembre se convocó un encierro hospitalario para subrayar la mala situación de las plantillas. Solo unos días antes, Granada culminó una batería de protestas por el plan de la Junta de Andalucía para fusionar centros hospitalarios. En Vigo, su nuevo hospital de gestión privatizada no alcanza para solventar los problemas de la zona y origina peticiones de "rescate" público. Decenas de concentraciones en Zaragoza frente a la sede del PSOE (partido que regenta el gobierno de la Comunidad Autónoma) en protesta por el expediente sancionador abierto a miembros de la Sección Sindical de CNT en el SALUD, por destapar y denunciar la trama de encadenación de contratos eventuales durante años a los trabajadores/as del Servicio Aragonés de Salud. La Comisión Europea mantiene abierto un proceso de infracción a España por un supuesto engorde del presupuesto del hospital semiprivatizado de Burgos: 200 millones de más para la constructora salidos de las arcas públicas.  El caso, aún activo  según los registros de la Comisión, investiga si se vulneraron las reglas del mercado interno al ampliar los pagos a la contratista: se ha pasado de los 242 millones de euros previstos a más del doble.

"El sistema sanitario no se ha repuesto de la política de privatizaciones y recortes. Alguna comunidad autónoma en 2017 va a recuperar las inversiones de 2009", explica el expediatra del hospital Niño Jesús (Madrid) y cabeza visible de la oposición a la adjudicación de hospitales a empresas, Marciano Sánchez Bayle. Bayle subraya que el hecho de que "los problemas y las reivindicaciones no sean en Madrid les resta atención. Pero no importancia".

Hace solo tres meses, Vigo repitió su  marcha ciudadana que pide a la Xunta tomar las riendas del nuevo hospital privatizado. Un centro por el que las arcas gallegas pagan a la contratista 72 millones al año durante 20 años. "Y no ha resuelto los problemas de los ciudadanos del área de Vigo: colapso de urgencias y listas de espera un 30% por encima de la media de la comunidad", según cuenta Manuel Martín.

De hecho, el hospital no ha abierto las 1.400 camas comprometidas: está en 850. "El hospital está permanentemente en obras. Hace unos días se le cayó encima a un paciente una puerta plomada del servicio de radiología", se queja Manuel Martín. La Xunta dijo que había sido "un sabotaje" y denunciaron la "manipulación de los anclajes".

Además, la Comisión Europea abrió una investigación sobre si los pagos a la empresa son una "ayuda encubierta" ya que el Ejecutivo de Núñez Feijoo tuvo que pedir un crédito al Banco Europeo de Inversión para financiar el proyecto. El plazo para la investigación expiraba en septiembre pasado pero la CE no se ha pronunciado aún. "Eso nos hace ser un poco pesimistas", remata Martín.

En septiembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció como ilegal el hecho de encadenar contratos temporales para cubrir puestos permanentes en el sector de los servicios de salud, hecho que reafirma y avala a nivel europeo las sentencias conseguidas por la CNT en la ciudad de Zaragoza denunciando estos mismos hechos y que han condenado en varias ocasiones al Servicio Aragonés de SALUD. 

Fuentes: www.eldiario.es / aragon.cnt.es
Fotografía: aragon.cnt.es

Más de un tercio de personas todavía esperan su reconocida prestación de dependencia

La Ley para la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia cumple hoy diez años con 1.212.048 personas en España con derecho reconocido oficialmente a recibir alguna prestación o servicio por su situación de dependencia y 856.452 que, de facto, lo están percibiendo. De este modo, hay 355.596 personas dependientes para quienes no se ha materializado el derecho, una lista de espera que se mantiene así en torno a un tercio del total de beneficiarios reconocidos. Se trata de la estadística del IMSERSO actualizada a 30 de octubre del 2016, la última disponible. Unas cifras que muestran que el grupo de dependientes reconocidos más numeroso en España es el de grado II, es decir, personas con una dependencia severa, que suman 455.131 ciudadanos, el 29,99% de cuantos figuran en el sistema.

Junto a ellos, constan 363.910 personas con gran dependencia (el 23,98%), de las que 72.446 están en la situación más acuciante al no poder valerse en absoluto por sí mismos. Otras 393.007 han sido diagnosticadas con derecho a recibir una ayuda por su situación de dependencia moderada, el 25,9% del total de beneficiarios del sistema.

Estas personas (grado I) han sido las últimas en incorporarse al Sistema de Dependencia. Según el calendario de la ley, debieron hacerlo en el 2012, sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy pospuso este momento como medida de austeridad y no fue hasta julio de el 2015 cuando comenzaron a ver reconocido su derecho a una prestación o servicio.

Es precisamente esta incorporación tardía a la que el Imserso atribuye el grueso de la lista de espera, pues los moderados son el 65% del total de dependientes que estaban esperando al cierre del mes de octubre, cuando seis de cada diez moderados con derecho reconocido no estaban aún recibiendo ningún tipo de servicio. Durante ese mes, se incorporaron 18.486 personas y de ellas, 11.109 eran de este grado I.

Con todo, suman 123.136 las que teniendo un considerable nivel de dependencia (severa y grande) no reciben la ayuda que les corresponde. Según los datos del IMSERSO, la lista de estas personas se ha reducido un 59,75% desde el 2011, cuando eran 305.941 los grandes dependientes y dependientes severos que estaban esperando.

Fuente: www.elperiodicodearagon.com

Fotografía: cadenaser.com

La importancia en la atención del ictus en Aragón

El ictus es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres. Es una enfermedad que afecta, generalmente, a personas mayores de 50 años, por lo que, dado  el progresivo envejecimiento de nuestra sociedad, esta enfermedad cerebrovascular supone un grave problema de salud pública. Hoy, es la primera causa de discapacidad y la segunda causa de demencia, tras la enfermedad de Alzheimer.

Cada 6 minutos se produce en España un ictus y cada 15 un fallecimiento por esta causa. En España se producen, cada año, alrededor de 100.000 casos nuevos de ictus. En Aragón es la primera causa de muerte y discapacidad. Se producen unos 3000 ictus al año, alrededor del 20% de los cuales fallece en los primeros meses y hay un 50% con algún grado de incapacidad. Es también una de las primeras causas de ingreso en residencias asistidas, conlleva un porcentaje elevado de las consultas y más del 50% de los ingresos en los Servicios de Neurología.

La atención al ictus empieza desde la prevención y desde el control de los factores de riesgo. Así lo puso de manifiesto el Dr. Carlos Tejero en la jornada organizada por la La Asociación Ictus de Aragón (AIDA) a últimos de octubre. Hábitos poco saludables como el tabaco, la cocaína, el alcohol o el sedentarismo se asocian al ictus. También se deben tener en cuenta factores de riesgo relacionados con las enfermedades del corazón como la hipertensión, diabetes, colesterol, obesidad o cardiopatía isquémica, que representan un riesgo para el ictus.

Pero, el doctor Tejero, señaló que personas sin ninguno de estos factores puede tener un ictus por otras causas, una arritmia, una enfermedad hematológica, una enfermedad infecciosa o inmunitaria. “El Ictus puede aparecer sin ningún aviso y ser la primera de las manifestaciones de alguno de los problemas que hemos comentado”, de ahí la importancia de conocer las formas de manifestarse un Ictus, porque reconociendo los síntomas va a ser posible que se pongan en marcha las medidas para tratarlo. Además, “es importante que las personas que han tenido un ictus conozcan los factores de riesgo que tienen para poder controlarlos”, recordó el neurólogo del Hospital Clínico. 

En Aragón, la puesta en marcha del programa de coordinación asistencial Código Ictus ha logrado que la mortalidad por esta patología haya descendido un 28% en los últimos cinco años, según explicó el doctor Javier Marta, coordinador de la Unidad de Ictus del Hospital Miguel Servet y actual coordinador del Grupo de Seguimiento del Programa de Atención al Ictus en Aragón (PAIA), quien ha expuesto los diferentes eslabones de la cadena asistencial.

En su intervención recordó la importancia de difundir los signos de alarma, aquellos que deben llevar a solicitar ayuda urgente, preferiblemente a través del 061: debilidad de un lado de la cara (se le torció la cara), debilidad brusca de un brazo o una pierna (se le caen las cosas, se cae), alteración del habla (cambia las palabras, las dice mal o no se le entiende) o pérdida brusca de visión en un ojo o en ambos.

Los neurólogos hablan de que el “tiempo es cerebro” para recalcar la importancia de llegar al hospital cuanto antes, ya que los tratamientos solo son efectivos en las primeras cuatro horas. Cuando se activa el Código Ictus,  se pone en marcha el 061, avisa al hospital más cercano para que se prepare, ha explicado el Dr. Marta, quien ha detallado como actúa el equipo sanitario en la urgencia del hospital, cómo los modernos tratamientos pueden romper (fibrinolisis) o extraer el trombo (trombectomía) y cómo los hospitales se coordinan entre sí para poder realizarlo mediante internet y videoconferencia.

La rehabilitación del paciente que ha sufrido un ictus debe incluir “el aporte al paciente y a sus familiares de los conocimientos y las habilidades para identificar y afrontar las repercusiones de la enfermedad sobre  la vida diaria”, explicó el Dr. Alfredo Blasco, médico-rehabilitador de AIDA.

El objetivo de la rehabilitación es disminuir al máximo los déficits o discapacidades experimentadas por el paciente que ha sufrido un ictus, así como facilitar su reintegración social. “Es importante hacer comprender que no vamos a conseguir una recuperación ad integrum. Debemos ayudar al paciente a adaptarse a sus déficits y no a librarse de ellos”, añadió.

Los programas de rehabilitación deben incluir técnicas de Fisioterapia, Terapia Ocupacional y de Logopedia, según la discapacidad que sufre el paciente. Y será importante una buena valoración por parte del neuropsicólogo para determinar el estado anímico y mental del paciente y su disposición para participar y colaborar en el tratamiento.

Fuente: www.blog.iacsaragon.es

Fotografía: elclarinweb.com

El medicamento más caro del mundo lo es por razones mercantiles y ausencia de competencia

El eculizumab, comercializado bajo la marca Soliris por una compañía estadounidense, se emplea contra determinadas patologías renales. 

El laboratorio lo vende a 20.000 euros la dosis y el tratamiento por paciente supera los 300.000 euros al año.

El eculizumab lo fabrica la compañía estadounidense Alexion Pharmaceuticals bajo la marca comercial Soliris. Es el medicamento más caro de la historia: cuesta unos 20.000 euros por dosis y se administra semanalmente durante el primer mes y después cada 15 días. En ocasiones el tratamiento dura unas semanas o meses, mientras en el caso de los pacientes que padecen la enfermedad y reciben un trasplante renal el tratamiento es de por vida, lo que eleva el tratamiento por paciente a más de 300.000 euros anuales. 

El día 22 de octubre de este mismo año, cerca de 70 nefrólogos de toda España y de otros países, se reunieron en A Coruña en unas jornadas organizadas por el CHUAC y auspiciadas por el citado laboratorio, en el que se puso de manifiesto la eficacia y seguridad del fármaco.

“En España puede haber unos ochenta enfermos de SHUa, por lo que no es un problema epidemiológico. Si lo fuera, como en el caso de la hepatitis C, el tratamiento arruinaría al sistema público de salud”, subraya Ángel Alonso, Jefe del Servicio de Nefrología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), quien alude a que aunque la Administración sanitaria no ha puesto nunca problemas para financiar el medicamento a los pacientes con dolencias incluidas en las especificaciones técnicas del compuesto, sí se restringe, en algunas ocasiones, cuando se utiliza como fármaco de uso compasivo. Es decir, en aquellos casos en los que la patología no corresponde exactamente a las especificaciones aprobadas para ese medicamento, aunque los médicos piensen que el enfermo puede curarse o mejorar notablemente si se le administra, sin que muchas veces exista alternativa alguna.

“En el caso del eculizumab, a los argumentos habituales por los que se suele rechazar un fármaco compasivo, generalmente un nivel de evidencia bajo, se une el elevado coste”, añade el Jefe de Nefrología del CHUAC, quien cree que las razones del exagerado precio del Soliris son más mercantiles que de otro tipo: “El laboratorio ha visto que el nicho de mercado es muy pequeño y ha decidido encarecerlo ante la ausencia de competencia”. “En algunas publicaciones médicas -añade- se ha llegado a decir que se trata de un precio ridículamente elevado e injustificado". Afortunadamente es espectacularmente efectivo, y para los pacientes con SHUa, vital.

Fuente: www.publico.es

Fotografía: smiqpharma.com