miércoles, 29 de mayo de 2019

La multinacional Fresenius, líder de la sanidad privada, sobornó a médicos de la sanidad pública

El grupo pagaba para que le derivaran pacientes, se comprara su maquinaria más cara y acceder a información privilegiada de concursos públicos.

Fresenius ha admitido las prácticas y un pago de 200 millones de euros en EEUU para evitar un proceso judicial.


El grupo alemán Fresenius, dueño de Quirón Salud (el líder de la sanidad privada en España), ha admitido que sobornó a jefes de servicio de hospitales públicos españoles para favorecer su negocio de diálisis, según cuenta este viernes El País. La existencia de los sobornos fue adelantada por Vozpopuli.

Fresenius ha tenido que aceptar que llevó a cabo estas prácticas fraudulentas para librarse de un proceso judicial en EEUU. La compañía ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia y pagará unos 200 millones de euros para evitar ser procesada. La Comisión de Bolsa y Valores estadounidense ha publicado el acuerdo, según el periódico.

La práctica era sencilla: Fresenius, que también encabeza el sector de la diálisis para pacientes renales, pagaba dinero, proporcionaba viajes, regalos o contratos de consultoría sin control a cambio de que los directivos sanitarios les derivasen pacientes, adquirieran en sus centros la maquinaria más cara o les adelantaran información sobre las licitaciones públicas.

El documento, informa El País, señala como receptores de sobornos a la doctora María Dolores el Pino (presidenta de la Sociedad Española de Nefrología y hasta hace poco jefa de servicio en el hospital Torrecárdenas de Almería) y a Antonio Galán, jefe de Nefrología en el Hospital General de Valencia. Otra de las prácticas desveladas es la compra por parte de Fresenius de clínicas de diálisis a médicos que también ejercían en hospitales públicos. Luego, el grupo abonaba el 5% de la facturación de estas clínicas por las derivaciones que recibían para aplicar diálisis desde la sanidad pública donde continuaban los antiguos dueños de los centros. En algún caso, los pagos llegaron a 2,7 millones de euros. 

Los sobornos de Fresenius también se extendieron a México, Angola, Marruecos, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Turquía o China.


Fuente: www.eldiario.es / elpais.com / www.vozpopuli.com
Fotografía: contrainformacion.es

martes, 21 de mayo de 2019

La agresión al personal sanitario estará penado hasta con cuatro años

En los últimos cinco años se han contabilizado más de 2.000 agresiones al personal médico en toda España. En ocho de cada diez casos, con lesiones físicas. Una vez en el juzgado, esos ataques se pueden considerar tanto faltas como delitos, algo que la Organización Médica Colegial (OMC) lleva años peleando por cambiar. La aprobación en el Congreso de los Diputados de la reforma del Código Penal el jueves pone fin a esa heterogeneidad: agredir a médicos o profesores cuando trabajan es atentado contra la autoridad y conlleva hasta cuatro años de cárcel.


Una enmienda al artículo 550 del Código Penal aclara cuándo se produce un atentado contra funcionarios sanitarios y también educativos, algo que la jurisprudencia ya venía recogiendo en muchos casos por la aprobación de normativas autonómicas y pronunciamientos judiciales. La consideración abarca a 570.000 funcionarios docentes, según datos del Ministerio de Educación. También a 115.000 médicos/as y 165.000 enfermeros/as contabilizados en el Sistema Nacional de Salud, además de fisioterapeutas, técnicos y otros profesionales que se suman a otros empleados públicos ya considerados autoridad, como jueces o policías.

Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, calificó este cambio como “el logro más importante en la lucha contra esta lacra” cuando presentó en marzo los últimos datos sobre agresiones a facultativos. La OMC creó en 2009 un Observatorio Nacional de Agresiones poco después de la muerte de la doctora María Eugenia Moreno, una residente de 34 años que fue asesinada por un paciente mientras trabajaba en un centro de salud de Moratalla (Murcia). Pasados los años, muchas fiscalías provinciales fueron firmando protocolos o acuerdos con los sistemas sanitarios regionales para considerar las agresiones como delito de atentado. Incluso cuatro comunidades autónomas –Aragón, Valencia, Extremadura y Castilla y León— han aprobado leyes que así lo prevén, según Alberto Becerra, coordinador del Observatorio.

Becerra dice estar contento y a la vez disgustado con la reforma. Contento porque las denuncias ante una agresión a un médico van a ser tratadas de forma homogénea, considerándolas delito y con pena de cárcel para el agresor. Y disgustado porque “se ha dejado pasar la oportunidad de hacer una ley específica” que incluyera también las amenazas, injurias, vejaciones y coacciones. “No incluirlo de alguna manera supone que se permite la gratuidad del insulto al médico”, señala.

No solo los sanitarios quedarán más protegidos. La Fiscalía General del Estado considera desde 2008 que también los profesores tienen la condición de autoridad a efectos penales. Así lo estableció en una circular para las fiscalías de toda España. Ya distintas comunidades autónomas han impulsado normativas para proteger a los docentes públicos. Madrid abrió el debate en 2009. Le siguieron La Rioja, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla-La Mancha, entre otras. La Lomce incluye a directores y profesores como “autoridad pública” y reconoce que su testimonio prevalece sobre el de la familia o el alumno en caso de conflicto.

     ARTÍCULO 550
  • “Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos”.
  • “Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad” [...] Son “actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas”.

Fuente: https://elpais.com
Fotografía: www.redaccionmedica.com

miércoles, 15 de mayo de 2019

El cáncer laboral afecta a más de 8000 trabajadores y trabajadoras a nivel estatal

El cáncer laboral en España está sepultado bajo la niebla de la falta de datos. Los sindicatos y médicos calculan que en nuestro país enferman de cáncer entre 10.000 y 20.000 de trabajadores al año, una cifra muy superior a los 52 oficialmente reconocidos en 2017.  Las Mutuas son parte del sistema que oculta el problema para evitar el pago de los tratamientos, de las bajas e indemnizaciones en caso de muerte. Los gobiernos, mientras tanto miran hacia otro lado.  


Los cánceres de origen laboral, provocan 2,3 millones de muertes anuales en el mundo. Es ya la principal causa de muerte vinculada a las condiciones de trabajo" en Europa, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, que revelan que los casos de cáncer laboral superan los fallecimientos por accidentes en el tajo. 

En España, sin embargo, el cáncer laboral apenas existe en las estadísticas, camuflado bajo la etiqueta de enfermedad común, un mecanismo que controlan las Mutuas y con el que se ahorran mucho dinero como critican los sindicatos e investigadores desde hace años. 

El médico e investigador Manolis Kogevinas, del Instituto de Salud Global de Barcelona, califica la situación de infradeclaración del cáncer laboral en España como "un escándalo".  Este especialista no duda en señalar que en España solo se identifica oficialmente como cáncer vinculado al trabajo menos del 0,1% de los 200.000 casos de cáncer que se diagnostican cada año, cuando "en Alemania, Francia y otros reconocen entre un 5% y un 10%".  "Si  hay 50 casos no es una prioridad, no es un problema, pero sí lo es, porque hay muchos más, pero no se hace nada", subraya Kogevinas.

Peluqueros, pintores, carpinteros, trabajadores de la construcción y de gasolineras, obreros de las fábricas de acero y aluminio son algunas de las ocupaciones más propensa a sufrir cáncer por una exposición a sustancias o productos cancerígenos,  pero "falta un sistema de reconocimiento efectivo y el que existe porque el de las Mutuas no funciona", explica este investigador, que revela que se "conoce mucho de cáncer laboral y del origen de estos por exposición al amianto, por los  hidrocarburos aromáticos, las máquinas diésel, por varios disolventes, por sílice" que se podrían prevenir.

El sistema de las Mutuas, en el centro del problema

El sociólogo Fernando Rodrigo Cencillo habla de este sistema, que aunque se rige por la legislación europea, está en manos de las Mutuas y ellas "son parte y parte", por lo que este especialista pone en duda su efectividad.

"El sistema Nacional de Salud el campo laboral lo ha depositado en manos de las Mutuas de accidentes y enfermedades profesionales y estas no tienen interés en detectar cánceres de origen laboral, porque eso significa que tienen que asumir los costes, que en este tipo de enfermedades tienen tratamientos caros y duraciones muy largas, cuando no acaban con resultado de muerte y por tanto tienen que indemnizar." Además de que al reconocerlo "significa que las empresas no han cumplido con la legislación de protección de la salud y han generado exposiciones a sustancias cancerígenas que han provocado la enfermedad." 

Kogevinas, coincide, con Rodrigo Cencillo y cree que la solución está en "modificar el sistema de salud y de seguridad laboral y  el de identificación de cáncer y prevención, a través de las mutuas, que evidentemente no funciona, porque si tenemos 50 cánceres laborales al año significa que no funciona".

En España los cánceres laborales que más afectan a trabajadores son de pulmón, vejiga, piel, hígado, mesotelianos y nasales, pero los datos de los que disponemos para establecer una correspondencia entre estos y los puestos no existen.

Los médicos llevan desde 2015 pidiendo un mapa de incapacidad que especifique datos sobre la causalidad, correspondencia entre cáncer y puestos de trabajo, entre otros. Esto permitiría llevar a cabo una efectiva política de prevención de riesgos laborales y evitar miles de enfermos de cáncer laboral, así como la exposición a sustancias cancerígenas. Sin embargo, tampoco se ha hecho, porque no interesa.

Dificultad para diagnosticar el cáncer laboral

A eso se le suma, según Kogevinas, la dificultad de determinar "cuando un cáncer está vinculado al trabajo. No todos son tan claros como los mesotelianos, que solo surgen cuando una persona está expuesta al amianto.  En la mayoría de los casos solo se puede determinar esta relación en base a la historia laboral de un trabajo y eso no se hace.

"El problema del cáncer laboral es que no es fácil decir cuándo son debidos al trabajo, porque son prácticamente muy parecidos. Un cáncer de pulmón provocado por el tabaco es igual a un cáncer provocado por la exposición a un metal.  Se puede determinar si es uno u otro en base a la historia laboral de un enfermo. Si un trabajador tiene un mesotelioma y ha trabajado muchos años con amianto, podemos determinar que es laboral", explica el investigador Kogevinas.

Rodrigo Cencillo admite que la "mutlicausalidad" del cáncer en la que influyen elementos genéticos, ambientales, de hábitos de vida son parte de "una disputa histórica en España y otros países" para atribuir un tumor al trabajo.  Sin embargo también en hay casos muy evidente que no admiten dudas, como el de los trabajadores de Metro de Madrid, afectados por la exposición al amianto y tienen que batallar en los tribunales para ser indemnizados y reconocidos como tal.

En su opinión del sociólogo, experto en prevención de Riesgos Laborales, "hay una resistencia total del sistema, de las mutuas y de la propia seguridad social a reconocerlo, porque se trata de responsabilidades económicas y legales. Para no tener que indemnizar, para no tener que acometer cambios tecnológicos, o eliminar determinados procesos de trabajo o determinadas sustancias que se utilizan, productos químicos se niega la evidencia y el problema de salud." 

Ante la falta de información sobre el cáncer laboral los trabajadores, mientras tanto, siguen expuestos a los factores cancerígenos, muchas veces sin saberlo sin políticas adecuadas de prevención, como concluye la la Inspectora Médica del INSS, Araceli López-Guillén García, en un artículo titulado 'Cáncer ocupacional y ocupaciones con cáncer'.

"El cáncer en la población trabajadora tiene una presentación causal demostrada por la presencia en el trabajo de numerosos agentes carcinógenos de evidencia científica contrastada; a lo largo de la vida laboral se puede estar expuesto a diversos factores y agentes; la asociación de cada uno de ellos incrementaría el riesgo de cáncer. Hay coexistencia de agentes laborales y agentes ambientales."

La Salud Laboral, ausente de la agenda política

La salud laboral continúa siendo una asignatura pendiente, esperando que los políticos las incluyan en su programas y se tomen en serio los miles de trabajadores que enferman de cáncer en sus puestos de trabajo, a pesar de que muchos de estos diagnósticos se podrían evitar.  

"En salud laboral no tiene que ver el problema con el conocimiento científico. Se sabe, pero la correlación de fuerzas, las legislación, el interés de los gobiernos no lo acompaña y por lo tanto es mucho más laxo con los niveles tolerables a sustancias cancerígenas en el trabajo que lo que lo somos en la vida cotidiana de las personas, asegura Rodrigo Cencillo que denuncia que "en el trabajo estos límites de exposición se elevan mucho. Todo esto tiene que ver con la responsabilidad de las empresas, con los gobiernos, dispositivos de salud publica que no se toman el interés por este problema con el resultado final de que no se resuelve." 


Fuente: www.telecinco.es
Fotografía: www.consalud.es

lunes, 6 de mayo de 2019

Los problemas de la psiquiatría en Aragón se agudizan

Los profesionales de psiquiatría se ven "desbordados" ante la falta de recursos que denuncian los distintos jefes de servicio (falta de camas, plazas sin cubrir y psicólogos sin despacho...) quienes lamentan el "estigma" y el "olvido" que sufren esta especialidad y sus pacientes. 


La psiquiatría aragonesa se enfrenta en la actualidad a una gran paradoja: a pesar de ser una de las especialidades más demandadas por la población (las necesidades de salud mental van en aumento), sus profesionales se encuentran "desbordados" por un reparto presupuestario "insuficiente" para atender a estos pacientes y unas circunstancias de trabajo que -aseguran- no se dan en otras áreas. Así lo indica el psiquiatra Alfonso Pérez Poza, presidente de la Sociedad Aragonesa y Riojana de Psiquiatría (SARP), al dar cifras de esta realidad. "Alrededor de un 30% de la población va a tener un problema de salud mental a lo largo de su vida y solamente en Atención Primaria la mitad de las consultas están ya relacionadas con estas enfermedades y trastornos", precisa. 

Los expertos estiman que cuatro de cada diez discapacidades tienen que ver con la salud mental. Y en el caso de algunas patologías se dan cuadros y situaciones muy graves. "Los primeros episodios psicóticos afectan al 1% de la población. Eso quiere decir que cuando te montas en el tranvía hay un paciente con este trastorno que puede estar al lado”, ejemplifica este psiquiatra para tratar de concienciar a los menos sensibilizados con la enfermedad mental.

En Aragón, en particular, los distintos profesionales y jefes de psiquiatría llevan meses denunciando la delicada situación en la que se encuentra esta especialidad, que al igual que el resto -y a pesar del "estigma" y el "olvido" institucional- también cura y ayuda al paciente a sanar. "La locura y la muerte son un tabú y un problema muy serio en esta sociedad. Los políticos no creen que las enfermedades mentales tengan tratamiento, como la diabetes o la hipertensión. El psicótico que está alucinando en una esquinita no les preocupa. Ni tampoco piensan que se pueda hacer nada con el pobre depresivo del rincón. La preocupación siempre la marca la coerción", lamenta este profesional, que con una larga trayectoria a sus espaldas ha tenido que lidiar -por el desconocimiento y la falta de empatía hacia este colectivo- con comentarios y actitudes de todo tipo. Cuenta que fue el primer residente de psiquiatría del Hospital Miguel Servet y asegura que en su día tampoco lo tuvo fácil con el resto de compañeros médicos. “Pensaban que esto era el 'buenismo' del abrazo… No creen que nuestros pacientes se curan, y se curan más que en otras especialidades”, defiende indignado.

Hoy los problemas de falta de camas para la hospitalización de agudos en el sector II y la derivación de pacientes de Zaragoza a Teruel se han vuelto más frecuentes de lo esperado, alejándose de lo recomendado por la OMS. "Para nosotros no es la mejor solución. Es la menos mala el tener que ingresarlo en otra ciudad, pero sí que pensamos que hay una discriminación en pacientes psiquiátricos con respecto a otras especialidades en las que sería difícil plantear estos traslados", apunta, por su parte, el doctor Valero Pérez, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico de Zaragoza. Así pues, en este centro hospitalario aragonés solo tienen 20 camas para atender las necesidades de ingreso de 360.000 habitantes. Y en el Servet disponen de 30 para una población de 400.000. La OMS establece que debería haber una por cada 10.000. Pero la cosa no acaba ahí... En el Hospital Infantil, centro de referencia en Aragón, "no hay ni un solo psiquiatra". Tampoco en Barbastro, donde si el especialista cae enfermo no hay reemplazo, y según denuncian desde SARP ha habido algún mes que estando los dos psiquiatras de baja (por maternidad y paternidad) no se han podido cubrir sus plazas. Mención aparte merecen los últimos psicólogos clínicos contratados en las unidades de salud mental del sector II. Más de una docena de profesionales que ni siquiera disponen de un despacho para ver a sus pacientes y que han tenido que organizarse por cuenta propia para no estar en los pasillos. Otro "desatino" -aseguran los psiquiatras- fue la orden publicada en el BOA el pasado 6 de noviembre, en relación a la coordinación y organización asistencial de Salud Mental en Aragón.

"En Aragón las cosas se han hecho muy mal: en el campo de las drogas, del suicidio… Los compañeros de Álava se nos reían cuando les contábamos que teníamos 17 camas para 400.000 habitantes. Somos una de las Comunidades Autónomas que salimos peor paradas en este ámbito", recalca este psiquiatra, que demanda un "impulso político" real y coordinado con los profesionales sanitarios para revertir esta situación. 

Los cinco problemas de salud mental más "graves"

En esta especialidad, aseguran que el trabajo en equipo y "multidisciplinar" es fundamental para dar respuesta a las necesidades del paciente con enfermedad mental. La cartera de servicios que ofrece la psiquiatría supera, sin embargo, a los recursos de los que se dispone, y esto hace que ante "picos asistenciales", sus profesionales se vean con frecuencia "desbordados" por las necesidades.

“A los psiquiatras se nos pide participación a todos los niveles. Cada vez piden más intervención de psiquiatría, pero aunque quieran contratar no va a haber recursos. No es casual que los residentes se vayan a otros sitios. No va a ser fácil suplirlos y tenemos problemas muy graves”, alerta el doctor Pérez Poza, que lleva meses denunciando el "malestar" que hay. También se queja de que no haya un programa nacional de prevención del suicidio, motivo contundente -afirma- para que los políticos reflexionen sobre este asunto. "Tampoco hay nada para pacientes con trastorno dual... y al final hay un 20% de problemas de salud mental que no contactan con ningún recurso ni público ni privado", critica este especialista, que menciona entre los cinco problemas de salud mental más graves la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático, las conductas suicidas, los episodios psicóticos y las drogas. Pacientes con enfermedades por los que se quieren hacer muchas cosas -añade-, pero en torno a los cuales se crea mucha "alarma social" con las listas de espera. Por eso, a juicio de este especialista, la clase política -independientemente del partido o Gobierno de turno- tiene que escuchar más a los técnicos y jefes de servicio que conocen las necesidades de estos enfermos y las carencias del sistema. Porque los enfermos que se curan -puntualiza este psiquiatra- no van a decir nada. “El que lleva tres o cuatro días atado no se quejará porque está estigmatizado y se creen el discurso de la sociedad. Piensan que son culpables de su enfermedad, y nadie está libre de padecerla", confiesa Pérez Poza.


Fuente: www.heraldo.es
Fotografía: lamenteesmaravillosa.com