lunes, 27 de abril de 2015

La Plataforma contra la Privatización de la Sanidad de Aragón denuncia oportunismo electoral en el recurso contra la privatización del hospital de Alcañiz

El pasado 10 de marzo los partidos políticos (PSOE, CHA, IU, PCE y Podemos), el sindicato CCOO, Marea Blanca, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda anunciaban su intención de interponer de manera conjunta un recurso contencioso administrativo contra la licitación del contrato de concesión de obra pública del nuevo hospital de Alcañiz. Esta licitación ha sido convocada por el Gobierno de Aragón (PP-PAR) y actualmente se encuentra en periodo de presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas. Con el recurso los partidos y organizaciones dicen buscar la paralización cautelar de este concurso. Desde la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad de Aragón creen que lo que de verdad busca este recurso es, en caso de prosperar, presentar la paralización cautelar de la licitación como un reclamo electoral.

Vaya por delante que la postura de la Plataforma es que interponer un recurso contencioso contra un acto de privatización de la sanidad es una herramienta legítima para defender nuestro derecho a la salud. Con lo que no podemos estar de acuerdo es con utilizar la lucha contra la privatización de hospitales para arañar un puñado de votos si luego las políticas seguidas por algunas de estas organizaciones no son acordes con tan altos ideales.


Con la llegada de la primavera electoral todos quieren ondear bien alto sus banderas de luchadores sociales, sin embargo no olvidamos que los hospitales se privatizan por que la ley 15/97 abrió las puerta de la sanidad a las empresas privadas. ¿y quién votó a favor de dicha ley? PP, PSOE, PNV y CC. Tampoco nos olvidamos de que ese mismo año CCOO sacó un comunicado apoyando dicha ley.

Denunciar en periodo electoral que el PP lance una licitación de obra pública para un hospital que será privatizado es una cosa, estar en contra de la privatización es otra. No vaya a ser que algunos aparenten estar contra la privatización cuando el partido de gobierno es el PP, y no tengan problemas en ceder suelo público para hospitales privatizados cuando gobiernan ellos. No olvidamos que en Parla fue Tomás Gómez (ex- secretario regional del PSM) quien cede gratuitamente terrenos públicos a las multinacionales Sacyr, Testa y Valoriza, para que construyan un hospital privado y en San Sebastian de los Reyes la coalición PSOE-IU-Izquierda Independiente cedió los terrenos gratuitamente a Acciona para construir otro hospital y un laboratorio.

Si bien un recurso, como ya hemos dicho, puede ser una herramienta de lucha válida, creemos que esta validez se pierde cuando se utiliza propagandísticamente sin decir la verdad a los votantes. Es el caso del recurso de Madrid dónde algunas organizaciones se afanan en presentarlo como la paralización de la privatización, cuando en realidad sólo se ha paralizado porque la licitación no garantizaba la plena libertad de mercado en la concurrencia de empresas. Algo similar puede pasar con el recurso del hospital de Alcañiz, que deberá basarse en tecnicismos y no en cuestionar la presencia de empresas en la sanidad pública, ya que la privatización no es ilegal en virtud, precisamente, a la ley 15/97.

Defender la sanidad pública sólo es posible luchando contra la privatización en todas sus formas. Esto significa que se debe estar en contra de que cualquier entidad privada, ya sea empresa u organización sin ánimo de lucro, gestionen servicios sanitarios u auxiliares. Significa posicionarse en contra de las derivaciones a centros privados, de la externalización de servicios, de la cesión de suelo público, o de las unidades de gestión clínica. Si la salud es un derecho, en ella no caben beneficios económicos ni técnicas de gestión del sector privado.

Si de verdad queremos defender la sanidad pública, no podemos aceptar alianzas con fines electoralistas con aquellos que son tan responsables de la privatización de la sanidad como el PP.

Privatizar mata. Fuera las empresas de la sanidad.
Derogación de la ley 15/97 y del RD 16/2012.

Fuente: Plataforma contra la Privatización de la Sanidad de Aragón.
Foto: Arainfo.org

miércoles, 22 de abril de 2015

El Gobierno de Aragón recomienda a los dependientes empresas privadas para la atención a domicilio

Alrededor de 600 personas dependientes han recibido en las últimas semanas una carta del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), ofreciendo un listado de empresas privadas acreditadas para la atención a domicilio.

La misiva explica que una vez contratado el servicio en una de ellas, su Programa Individual de Atención (PIA) será revisado por un trabajador social y posteriormente recibirán una prestación económica vinculada. Familiares, asociaciones y oposición piden que sea la red pública la que preste el servicio, solicitan más información sobre la cuantía que recibirán y los plazos de pago, y tildan la medida de electoralista.

Primero con miedo y después con rabia, así se han sentido los ciudadanos que han recibido estas cartas, ya que, según explican desde el Espacio de información, promoción y defensa de los Derechos Sociales “no entendían su significado y pensaban que si no contrataban el servicio saldrían del sistema”. “Llegan asustados, y salen enfadados, temiendo que sus familiares mueran sin haber visto un euro tras muchos años de espera”, dice Margarita Moya, miembro del Espacio.

Según relata, “los usuarios se han sentido amenazados y los funcionarios de servicios sociales desinformados”, porque “no han recibido directrices claras sobre cómo responder a sus dudas”. Finalmente los familiares han encontrado respuesta en plataformas como la citada y en las empresas ofertadas.

El listado de las entidades acreditadas está compuesto por Mi Mohogar, Reyes de Aragón, AsisterFundación Federico Ozanan y Clece. Esta última gestiona actualmente la residencia de mayores de Movera, que tras cerrarse "por motivos de seguridad" fue privatizada y se reabrirá con la nueva gestión este mes.

Los servicios que prestan son atención personal y doméstica y la realización de compras y gestiones fuera del hogar. Los precios oscilan entre los 13 y los 18 euros la hora en día laborable y 24 en festivos.

Ángel Sanz, también del Espacio de Derechos Sociales, calcula que un dependiente de grado II, que contrate una hora y media al día, tendrá que desembolsar unos 900 euros al mes, cantidad que considera “abusiva” y que “dejará fuera a quienes no tengan suficientes recursos”.

El Gobierno de Aragón no ha informado todavía sobre cuánto dinero recibirá cada usuario, pero, según han podido saber en el Espacio, serán menos de 100 euros mensuales.


Según fuentes del Gobierno de Aragón, el envío de estas cartas es consecuencia de que “el Ayuntamiento de Zaragoza no quiso firmar el convenio de encomienda de gestión para desarrollar la ayuda a domicilio y, como consecuencia de ello, a los zaragozanos dependientes, cuyo PIA establece la ayuda a domicilio como recurso idóneo, hay que darles una solución”. Añaden que Aragón “ha firmado convenios con diferentes entidades públicas por valor de 1,2 millones en 2014 y 1,5 millones en 2015”.

El Consistorio zaragozano responde a esta acusación diciendo que “la competencia en Dependencia es autonómica y que no puede soportar el coste de un servicio que no está presupuestado, más al final de la legislatura”. Además, agregan que “todavía no han cobrado 16 millones de euros correspondientes al Convenio General de Acción Social de los años 2014 y 2015”.

Fuente: eldiario.es

jueves, 16 de abril de 2015

Triunfo de la abstención en las elecciones sindicales del SALUD.

Desde la sección sindical de la CNT, ante los resultados de las últimas elecciones sindicales en el SALUD, donde ha habido una abstención de más de la mitad de la plantilla, y que en el caso del Hospital Miguel Servet ha llegado al 62%, planteamos lo siguiente:

- Está claro que una amplia mayoría de la plantilla no confiamos ni nos vemos representadas/os por las Juntas de Personal, por razones de sobra conocidas y es que nunca han defendido nuestros intereses como trabajadoras/es, sino únicamente sus prebendas particulares.

- Esto significa que la mayoría de trabajadoras/es hemos demostrado ser suficientemente inteligentes para no seguir funcionando en base a estructuras corruptas que, lejos de ser solución, son un problema para nosotras y nosotros.

- Queda evidenciado que estas juntas de personal, en la medida en que no han recibido el voto siquiera del 50% de la plantilla, dimitirían si tuvieran un mínimo de dignidad democrática, al no contar con un respaldo significativo para ejercitar sus supuestas funciones de representación del conjunto de la plantilla.

Queda claro, en resumen, que muchas y muchos estamos ya hartos de que aquí hagan y deshagan los/as de siempre, y que ello vaya en perjuicio de la mayoría de nosotros y nosotras. Pero sólo con eso no basta. Sólo con no votar a la casta sindical del SALUD, con castigar ese modelo sindical clientelar mediante nuestra abstención, no vamos a conseguir mejorar nuestra situación como trabajadoras y trabajadores.

Por esta razón, desde la CNT planteamos una ALTERNATIVA, una vía para empezar a caminar juntas/os en base a un sindicalismo de ruptura, asambleario, que sólo esté controlado por la plantilla. Un sindicalismo, al fin y al cabo, construido por nosotros y nosotras mismas, y por lo tanto:

- Ético: En la medida en que no tenemos profesionales del sindicalismo, no hay liberados/as sino que el sindicato lo hacemos trabajadoras y trabajadores normales, es decir, que rechazamos las subvenciones porque sabemos la puerta abierta a la corrupción que esas subvenciones han sido.

- Diferente: Frente al modelo burocratizado de las Juntas de Personal nosotras/os apostamos por la sección sindical como herramienta de participación, en la medida en que permite un funcionamiento igualitario, donde, a diferencia del modelo de Juntas, no haya compañeros/as de primera y de segunda.

- Participativo: En la CNT las decisiones las tomamos todas y todos juntos en asamblea, tanto a nivel de cada sección sindical como en el sindicato mismo. De esa manera evitamos que el sindicalismo sea cosa de unos pocos/as y aseguramos mecanismos para la transparencia y la horizontalidad.

- De implantación: Nuestra legitimidad para participar en la negociación colectiva nos la da la afiliación de los trabajadores/as, nunca el voto, en la medida en que creemos que el sindicalismo no existe si no es con la implantación y la unidad de todas/os, por lo que huímos del delegacionismo y en vez apostamos por crear tejido asociativo.

- De combate: Nos debemos sólo a nuestros intereses como trabajadores/as, el no aceptar privilegios y ser asamblearios/as garantiza que la CNT no firme nada que los trabajadores/as no queramos.

- Práctico: Hemos logrado que se declaren en fraude de ley los contratos de acumulo de tareas de los compañeros/as de la sección sindical que se han animado a demandar, que han pasado a interinos indefinidos, y que ya están siendo readmitidos a día de hoy, cosa que tenemos intención de seguir haciendo con cuantas trabajadoras/es nos planteéis el problema. Todas/os sabemos lo extendido que está este tipo de contrato y la pasividad que ha habido al respecto. Con la CNT, sin embargo, sí se gana. Con nuestra unión, sí se gana.

AFÍLIATE
CNT, EL SINDICATO QUE NO CONTROLAN
EL SINDICATO QUE TÚ CONTROLAS


lunes, 6 de abril de 2015

El Gobierno rectifica parcialmente y atenderá a inmigrantes indocumentados en Atención Primaria.

El Ministerio de Sanidad retiró la tarjeta sanitaria en el 2012 a 900.000 inmigrantes en situación irregular. Cuando la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, hizo pública la decisión del Gobierno de retirar la tarjeta sanitaria a inmigrantes indocumentados, Alonso afirmó: "No tiene sentido que a una persona en situación irregular, y que no paga impuestos, la tengan que invitar a sanidad pública el resto de españoles".

Alfonso Alonso alude a razones de salud pública, obviadas en su día, para rectificar ahora. Empleando casi los mismos argumentos, pero en sentido contrario, que utilizó en el 2012, el ministro de Sanidad anunció que los inmigrantes indocumentados volverán a tener Atención Primaria pero NO tarjeta sanitaria.


Tras leer un "bueno, han dado un paso atrás" Javier Padilla Fernandez en su artículo al respecto en http://medicocritico.blogspot.com.es/ expone 6 argumentos por los que su paso atrás le parece, y nos parece, literalmente: una mierda.

1. Los inmigrantes indocumentados NO saturan las Urgencias de los hospitales, tampoco saturan los centros de Atención Primaria ni las colas del banco o el supermercado. Los inmigrantes (tanto los que se encuentran en situación administrativa regular como los que no) llegan con un nivel de salud mejor que el de la población general, consumen menos recursos sanitarios que la población general y solo aumentan el nivel de recursos sanitarios utilizados según va pasando el tiempo que transcurren en nuestro país. Entonces... ¿si no son los inmigrantes indocumentados, qué es lo que satura nuestras urgencias? Básicamente la mala planificación y la gestión miope (que ve muy bien de cerca y fatal de lejos). El número de estudios que atribuyen a los inmigrantes (documentados e indocumentados) los males estructurales de nuestro sistema es igual a CERO. Estudios afirmando lo contrario tenemos más...

2. Hace 3 años teníamos una asistencia sanitaria pensada como derecho, financiada mediante impuestos y que caminaba, cada vez más, hacia una universalización efectiva. En tan solo tres años, mientras a nivel internacional se colocaba la cobertura sanitaria universal en el centro de las aspiraciones internacionales y crecían las voces pidiendo que la universalización se pensara también para otros determinantes sociales de salud, en España conseguimos revertir esta condición y rescatar el concepto de asegurado, para posteriormente dar más pasos hacia una concepción caritativa de la asistencia, concibiéndola como una limosna y no como un derecho y una herramienta de cohesión social.

3. La asistencia sanitaria es una parte fundamental de la justicia social, no tanto por su influencia en los resultados finales en salud y funcionalidad del individuo (que también), sino sobre todo por su papel frente a la desprotección imprevista. El RD 16/2012 atenta contra la sociedad a varios niveles: desde la justicia social, al robo vía negación del derecho a quienes contribuyen a financiar la sanidad, pasando por la instrumentalización de un colectivo en especial riesgo de exclusión o la construcción de un imaginario colectivo en el cual "los inmigrantes saturan nuestros servicios públicos".

4. "No les podemos dar derecho a asistencia sanitaria porque eso no ocurre en el resto de Europa", pensó (y dijo con otras palabras -pero muy parecidas-) Alfonso Alonso mientras golpeaba con el canto de una moneda de dos euros la barra del bar y pedía otro solysombra antes de entrar al Ministerio. "Europa" como concepto solo se utiliza para la restricción de derechos y nunca para el análisis detenido (y mucho menos para la expansión de prestaciones). Europa es un revuelto de diferentes sistemas sanitarios y puestos a compararnos con alguno deberíamos hacerlo con los que tengan algún tipo de parecido con nosotros... no solo en lo que respecta a su sistema sanitario, sino también a nuestra situación en materia migratoria (¿qué sentido tiene compararse con Noruega?); además, en la reforma del sistema sanitario deberíamos intentar quedarnos con aquello que funciona y que ayuda a construir un sistema sanitario que cumpla con sus funciones de reversión de la ley de cuidados inversos, mantenimiento de la funcionalidad de los individuos, protección frente a gastos catastróficos... y todo ello con ganancia de una fuerte base de financiación... todas estas cosas suelen ir, en general, en contra de apartar del sistema sanitario a colectivos que ayudan a financiarla.

5. Esto no se hace tras pegarse un batacazo en unas elecciones andaluzas, con las municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina y con las elecciones generales en el horizonte. No solo por estética (que también) sino porque es un mediopaso atrás (chiquito de la calzada style) que deja claro que no hay ningún cambio de posicionamiento real. Además, argumentar esto en base a una supuesta protección de la salud pública nos lleva a pensar que durante los 3 años que hace desde la aprobación del RD16/2012 esos problemas de salud pública fueron desatendidos sin que nadie haya rendido cuentas ni dimitido por ello.

6. Hay quien argumenta que al menos se ha conseguido esto, que es mejor que tengan acceso a la Atención Primaria que lo contrario. Nosotros creemos que no debemos aplicar la visión utilitarista del Gobierno para esto. Cada persona, en relación con el sistema sanitario público, debe poder ser atendida en el nivel asistencial que mejor sea para su necesidad, y todo dentro del contexto de armonización del resto de necesidades. El apaño del Gobierno en el día de hoy siguen sin posibilitar eso y además viste de acto virtuoso algo que no es más que el equivalente sanitario del indulto semanasantero: caspa y mal gobierno. A los inmigrantes indocumentados se les sacó del sistema sanitario argumentando ahorro económico y en contra de la evidencia empírica disponible; unos meses después se presentaron unos datos inventados (no nos cabe otra explicación) argumentando dicho ahorro y desde entonces se les ha olvidado rendir cuentas del grandioso ahorro que ha supuesto dejar desprotegido a un sector de la población.

Asco y poco más.

Fuentes: elperiodicodearagon.com / medicocritico.blogspot.com.es