La misiva explica que una vez contratado el servicio en una de ellas, su Programa Individual de Atención (PIA) será revisado por un trabajador social y posteriormente recibirán una prestación económica vinculada. Familiares, asociaciones y oposición piden que sea la red pública la que preste el servicio, solicitan más información sobre la cuantía que recibirán y los plazos de pago, y tildan la medida de electoralista.
Primero con miedo y después con rabia, así se han sentido los ciudadanos que han recibido estas cartas, ya que, según explican desde el Espacio de información, promoción y defensa de los Derechos Sociales “no entendían su significado y pensaban que si no contrataban el servicio saldrían del sistema”. “Llegan asustados, y salen enfadados, temiendo que sus familiares mueran sin haber visto un euro tras muchos años de espera”, dice Margarita Moya, miembro del Espacio.
Según relata, “los usuarios se han sentido amenazados y los funcionarios de servicios sociales desinformados”, porque “no han recibido directrices claras sobre cómo responder a sus dudas”. Finalmente los familiares han encontrado respuesta en plataformas como la citada y en las empresas ofertadas.
El listado de las entidades acreditadas está compuesto por Mi Mohogar, Reyes de Aragón, Asister, Fundación Federico Ozanan y Clece. Esta última gestiona actualmente la residencia de mayores de Movera, que tras cerrarse "por motivos de seguridad" fue privatizada y se reabrirá con la nueva gestión este mes.
Los servicios que prestan son atención personal y doméstica y la realización de compras y gestiones fuera del hogar. Los precios oscilan entre los 13 y los 18 euros la hora en día laborable y 24 en festivos.
Ángel Sanz, también del Espacio de Derechos Sociales, calcula que un dependiente de grado II, que contrate una hora y media al día, tendrá que desembolsar unos 900 euros al mes, cantidad que considera “abusiva” y que “dejará fuera a quienes no tengan suficientes recursos”.
El Gobierno de Aragón no ha informado todavía sobre cuánto dinero recibirá cada usuario, pero, según han podido saber en el Espacio, serán menos de 100 euros mensuales.
El Consistorio zaragozano responde a esta acusación diciendo que “la competencia en Dependencia es autonómica y que no puede soportar el coste de un servicio que no está presupuestado, más al final de la legislatura”. Además, agregan que “todavía no han cobrado 16 millones de euros correspondientes al Convenio General de Acción Social de los años 2014 y 2015”.
Fuente: eldiario.es
