La nueva ley de mutuas amenaza con dotar a los empresarios de más herramientas para el disciplinamiento de las personas trabajadoras.
El aprovechamiento de la burocratización de la gestión de la incapacidad temporal como excusa para transferir competencias a las mutuas de trabajo es una amenaza.
La relación entre empleo y salud es un constante entorno de batalla, no solo por la influencia de las condiciones laborales en la salud o por la capacidad del empleo de ser más un determinante de enfermedad que un activo para la salud, sino también porque el sistema sanitario desempeña un papel de validador del estado de las personas trabajadoras de poder desempeñar sus puestos de trabajo.
En este conflicto salud-empleo uno de los puntos calientes es el de las incapacidades temporales (también conocidas como “la baja”). Con frecuencia tenemos que leer en los medios de comunicación frases como que “Más de 880.000 trabajadores no acuden a su puesto de trabajo ningún día del año” (cambiaron el titular por uno menos lamentable cuando se les afeó el mismo) y se trata de dibujar una imagen según la cual el fraude en relación con el absentismo laboral por causa de enfermedad es una generalidad. Como comentamos en un artículo publicado en Diagonal hace unos años:
“El intento de fraude por parte de personas que intentan alargar procesos de incapacidad temporal estando en condiciones de trabajar existe, como existen las presiones por parte del jefe/empresario/cargo-superior/comoloquierasllamar para que se acuda al puesto de trabajo no estando la persona trabajadora en condiciones de salud para ello. El absentismo y el presentismo deberían ser partes complementarias del análisis, pero habitualmente con lo que nos encontramos es con análisis que vinculan la ausencia del puesto de trabajo con la pérdida de productividad y loquesea (inserte aquí la vinculación trabajo-mercado que más le satisfaga).”
En un país en el que los aumentos de mortalidad por accidente de trabajo ocupan tímidos espacios en prensa y nulos espacios de actualidad política llama la atención que podamos leer más noticias sobre supuestos fraudes relacionados con el absentismo o sobre la repercusión del absentismo laboral para la productividad nacional que sobre los efectos de las condiciones de trabajo sobre los cuerpos y las vidas de las personas trabajadoras.
En los últimos años las mutuas de trabajo (a las que podríamos denominar, sin mucho temor a errar, el brazo sanitario del empleador) han ganado terreno en el control de las bajas, especialmente en lo relacionado con las bajas por contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), sin embargo eso parece ser insuficiente de cara a la CEOE, que recientemente solicitaba al gobierno una mayor capacidad de control por parte de las mutuas para las bajas ocasionadas por contingencias comunes, especialmente las relacionadas con patologías traumatológicas y trastornos psiquiátricos “menores”, dado que son las que mayor peso ocupan dentro de las bajas en nuestro país.
Las mutuas, para entendernos, vendrían a ser las entidades que velan porque el trabajador se ausente de su puesto de trabajo lo menos posible; es decir, son entidades directamente relacionadas con el empleador; su mayor protagonismo en la gestión de las bajas de los trabajadores comenzó por un ejercicio de neolengua, cuando pasaron de denominarse “Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” a adoptar un nombre más propio de nuestros opacos tiempos “Mutuas colaboradoras con la seguridad social”.
Ahora nos encontramos a las puertas de la publicación de una Ley de Mutuas que probablemente ahonde en esta vía, la de transferir el control de las bajas desde los servicios públicos de salud a las mutuas de trabajo. Es decir, transferir el control de las bajas de un proveedor sanitario (el médico de familia) cuyo único interés era el de la recuperación del profesional en virtud de la mejoría de su salud a otro proveedor (la mutua) que tiene variados incentivos para acelerar la incorporación de los trabajadores a sus puestos de trabajo —así como para no reconocer como contingencias laborales multitud de procesos que sí lo son y para cuyo reconocimiento enredan a los trabajadores en procesos complejos de reclamaciones—.
La gestión de la incapacidad temporal es una herramienta que tienen los médicos de familia para velar por la salud del paciente; una herramienta, eso sí, que debería desburocratizarse. Lo que supone una amenaza, no ya tanto para el ámbito competencial de la medicina de familia sino sobre todo para la salud de las personas trabajadoras, es el aprovechamiento de la burocratización de la gestión de la incapacidad temporal como excusa para transferir competencias a las mutuas de trabajo.
Podemos afirmar que las mayores vulneraciones sobre la salud de la población se están jugando en terrenos que no son el sanitario, especialmente en el ámbito del empleo: el mayor ataque fue la recuperación del concepto de “asegurado” y su vinculación al desempeño laboral para la obtención del derecho a la asistencia sanitaria (una vez más, la centralidad del empleo como llave al derecho a tener derechos) y ahora con el desplazamiento del papel de la sanidad pública en la gestión de las bajas laborales y el crecimiento del protagonismo de entidades vinculadas al empresario.
Es preciso incluir una mirada de determinantes sociales de salud no solo en las políticas públicas sino también en las exigencias y propuestas que se enarbolan desde los movimientos en defensa de la salud, porque es más allá de la sanidad donde se libra no solo la salud sino también los ataques a la misma.
Una buena guía de hacia dónde dirigir nuestros horizontes en el ámbito de las condiciones laborales y la salud lo podemos encontrar en este párrafo del libro “Salubrismo o Barbarie”:
“La Organización Mundial de la Salud plantea tres ejes fundamentales en los que se debe actuar para disminuir las desigualdades sociales en salud (y las condiciones laborales son un eje de creciente importancia al hablar de estas desigualdades): (I) mejorar las condiciones de vida, (II) cambiar las relaciones de poder y (III) medir la situación actual y evaluar las políticas que se implanten para corregir la situación.
En el ámbito de la precariedad y su relación con la salud (especialmente si tenemos en cuenta lo comentado con anterioridad en relación al rol de la falta de control y decisión como determinante del empeoramiento de la salud ligado a la precariedad) podríamos reformular estos aspectos de la siguiente manera: (I) mejorar las condiciones de trabajo y los derechos de las personas trabajadoras, (II) reforzar el papel de las personas trabajadoras en las relaciones laborales, prestando especial atención a las personas con menos derechos dentro del panorama laboral y (III) evaluar las condiciones reales de trabajo impulsando un mayor peso de las inspecciones y habilitando/mejorando las vías de comunicación anónimas para que las personas trabajadoras puedan denunciar condiciones precarizadoras fuera del marco de la legislación vigente”.
Fuente: www.elsaltodiario.com
Fotografía: www.larazon.es
