El pasado martes 27 octubre, colectivos y asociaciones en defensa de la sanidad pública y contra su privatización, eran invitados por el nuevo consejero de sanidad, el socialista Sebastián Celaya Pérez, a mantener un encuentro en el edifico de la gerencia del SALUD.
Portavoces de Marea Blanca, Plataforma por la Unidades de Salud Mental, el Foro de Presidentes, la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, la Comisión de Salud de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza y la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón, acudieron a la cita para trasmitir al consejero, personalmente, las reivindicaciones, que durante años se llevan denunciando, a propósito del desmantelamiento de la sanidad pública a golpe de privatizaciones y políticas de austeridad.
De los compromisos expuestos por el nuevo consejero, reconocen que algunos pueden ayudar a su partido para obtener un rédito electoral a las puertas de unas generales: potenciación de la atención primaria, del área de salud mental, de la atención a enfermos crónicos y dependientes, la elaboración de un plan estructural para paliar las 3.000 personas con más de 6 meses en listas de espera, la supresión parcial de copagos a pensionistas o un plan paliativo para garantizar una sanidad para todos los ciudadanos, eso sí, con un empadronamiento mínimo de tres meses “para que no vengan los catalanes”, en sus propias palabras.
Sin embargo, en las cuestiones de fondo, aquellas que podrían revertir la deriva de una sanidad cada vez más privatizada y, por lo tanto, excluyente, el consejero se manifiesta incapaz de llevarlas a cabo en el medio-largo plazo, y echa balones fuera, aludiendo al carácter estatal de dichas competencias.
Así pues, desde esta plataforma, manifiestan que “ni habrá cambios normativos, que pongan freno a la entrada de capital privado, ni se recuperará lo ya privatizado. Prueba de ello, es el convenio marco firmado para la fijación de precios para las derivaciones a la privada, por un total de 16 millones de euros, la centralización de las lavanderías en el Servet para la ‘racionalización del gasto’ o la puesta en marcha de las Unidades e Gestión Clínica, las cuales suponen la implantación de un modelo empresarial para la gestión de los centros sanitarios”.
Desde la plataforma contra la privatización de la sanidad manifiestan su incredulidad hacia las declaraciones de buenas intenciones y “la imagen de cambio que el PSOE pretende vendernos ¿Por qué iban a hacer ahora una política contraria a la que nos tienen acostumbrados?”.
Desde todos los colectivos recuerdan que “no se necesita mucha memoria para recordar que en el año 2008, el PSOE reformó el artículo 135 de la Constitución, que subordina nuestros derechos, incluida la salud, al pago de la deuda a los acreedores. En el año 2009, después de comprometerse a modificar la ley 15/97, que permite privatizar la sanidad, pasó años solicitando al Congreso ampliaciones de plazo, hasta que el Parlamento fue disuelto sin haberla derogado. Por ello, cualquier gobierno autonómico puede continuar privatizando la sanidad. En julio de 2011 el gobierno del PSOE aprobó el traspaso del patrimonio sanitario y socio sanitario a las CCAA. Gracias a esta norma del PSOE el patrimonio sanitario, construido con las cotizaciones de todas las trabajadoras pueda ser vendido por los gobiernos autonómicos”.
La Plataforma por la Sanidad Pública se muestra muy contundente tanto con el PSOE como con el PP. “Que nadie se equivoque: el PP no es el único que privatiza hospitales. En Parla fue Tomás Gómez (ex- secretario regional del PSM) quien cedió gratuitamente terrenos públicos a las multinacionales Sacyr, Testa y Valoriza para que construyan un hospital privado. En San Sebastián de los Reyes la coalición PSOE-IU-Izquierda Independiente cedió los terrenos gratuitamente a Acciona para construir otro hospital y un laboratorio. En Aragón, la creación del CASAR, inaugurado por Marcelino Iglesias, es otro ejemplo de voluntad privatizadora”.
Recuerdan también que si “esto fuera poco, en Andalucía, con gobierno socialista, se están implantando las Unidades de Gestión Clínicas, que son microempresas dentro del sistema público de salud”. Desde la plataforma contra la privatización de la sanidad en Aragón, exigen que el nuevo ejecutivo, lleve a cabo sus promesas, garantice una sanidad pública sin exclusiones, y desarrolle las políticas necesarias para evitar que las empresas se lucren con el servicio de salud. Todo lo contrario de lo que, según la plataforma, han estado haciendo estos años.
Fuente: www.arainfo.org
Fotografía: aragon.cnt.es
