No debería estar contento el exconsejero de Sanidad del Ejecutivo autónomo, Ricardo Oliván, sabiendo que en los últimos cuatro años la Comunidad perdió un 31,6 % de atendidos. Tampoco le satisfará saber que el informe del Observatorio califica la situación de Aragón como “tremendamente preocupante” porque no existe “ni un solo parámetro en positivo”.
En 2014, el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, recibió 100 quejas relacionadas con la dependencia. De ellas, 20 estaban formuladas por familiares de personas que, con el grado de dependencia reconocido, fallecieron sin recibir ningún tipo de prestación. Los escritos los envían los herederos para reclamar las cantidades devengadas no percibidas.Algo tan grave como morir sin recibir ni un euro de una prestación que se tiene reconocida por ley es, desgraciadamente, habitual en España. Según el informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, desde 2012 han perecido 100.000 personas en estas circunstancias. En Aragón, los únicos datos que hay al respecto son los del Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas que cifraba en 3.000 los aragoneses muertos, entre 2012 y 2013, mientras esperaban las ayudas.
El estudio del Observatorio desmonta el nuevo milagro económico, que un ufano Cristóbal Montoro había vendido, solo un día antes, en la presentación del Proyecto de Presupuestos. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS) está estudiando la posibilidad de denunciar al Gobierno de Mariano Rajoy por “incumplimiento doloso (de manera intencionada) de la Ley”.
Volviendo a la Comunidad, de la veintena de quejas hay algunas en las que el dependiente fallecido tenía ya aprobado el Programa Individual de Atención (PIA) y otras en las que estaba en periodo de estudio. Sí tenía reconocido, en todos los casos, un grado de dependencia.
La respuesta del Gobierno de Aragón ante la petición de información del Justicia suele ser la misma: con PIA aprobado, se reconoce el derecho de los herederos a recibir las cantidades correspondientes, aunque dejan claro que “no es posible determinar el plazo real en que se puede percibir dicho pago”.
Cuando el Programa estaba en fase de análisis, la contestación tipo es que “las personas que tuvieran reconocido un grado de dependencia, y que fallecieran con anterioridad a la resolución de reconocimiento de la concreta prestación, no tendrán la condición de persona beneficiaria”.
Hay ejemplos que llaman especialmente la atención, como el caso de un expediente que se dio de alta en el Justicia de Aragón el 30 de enero de 2015 (es decir, no está incluido en los veinte): se refiere a un señor que falleció el 21 de enero de 2014, mientras que el primer reconocimiento de su dependencia es del 23 de mayo de 2011. Casi tres años en los que recibió tres valoraciones, pasando de grado 1 a grado 3 de dependencia. Y en los que dispuso de tres PIAs, de los que dos no fueron aprobados (se desconoce la razón), y el tercero ya no llegó a resolverse por el fallecimiento.
Fuente: eldiario.es
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